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El “juicio Ford” y la complicidad del capital con el Terrorismo de Estado

El “juicio Ford” y la complicidad del capital con el Terrorismo de Estado
diciembre 19
02:22 2017

Este martes comienza ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín el juicio penal contra dos directivos de la automotriz Ford: Pedro Müller y Héctor Sibilla. Están acusados por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 24 trabajadores de la fábrica, en su mayoría delegados gremiales. Además se juzgará a Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo.

No hay demasiadas objeciones en la siguiente afirmación: durante los gobiernos kirchneristas el movimiento de derechos humanos argentino ha logrado avances inéditos, a nivel internacional, en la lucha porque el Estado averigüe, juzgue y condene a los responsables militares de la última dictadura cívico-militar por los crímenes de lesa humanidad; así como en la recuperación de la identidad de hombres y mujeres apropiados ilegalmente cuando eran bebes.

Sin embargo, el “Juicio Ford” ventila uno de los aspectos que más ha costado en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia: el juzgamiento y la condena de los responsables civiles, pero sobre todo los empresarios, por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

La gran mayoría de las y los desaparecidos fueron dirigentes, delegados y activistas sindicales. Comisiones internas enteras fueron masacradas. Trabajadores de Acindar, Dalmine-Siderca, Mercedes Benz, el Ingenio Ledesma, Minera Aguilar, Grafa, Astilleros Astarsa y Mestrina; Lozadur y Cattaneo; Fiat, Loma Negra, entre otros sufrieron el Terrorismo de Estado.

Esa violencia desatada era una condición indispensable para poder torcer, a favor de los empresarios, la relación capital/trabajo que expresaba en el momento inmediatamente anterior a la irrupción del orden democrático un virtual empate (en el año 1974 la participación de los asalariados en el ingreso nacional ascendía a 48%). El proyecto neoliberal necesitó, para concretarse, de una derrota de la clase trabajadora expresada en la forma más cruda de la negación del oponente, la eliminación física de aquellos que desafiaban la autoridad del capital en la fábrica.

A pesar de la evidencia de la participación activa de un sector de la sociedad civil en la perpetración de los crímenes de lesa humanidad y su ocultamiento, su juicio y condena sigue siendo una deuda pendiente.

Es elocuente, en este sentido, el trabajo de compilación e investigación llevado adelante por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Secretaría de Derechos Humanos), el Programa Memoria, Verdad y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede Argentina), presentado el 3 de diciembre de 2015 que se titula “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad – Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” que cuenta con dps tomos.

No obstante, si esto ha sido un tema pendiente, menos aún se ha avanzado en la reparación patrimonial de dichos delitos. Su caso más resonante es el de Papel Prensa, empresa productora de pasta de celulosa que a fines del año 1976 fuera apropiada por Clarín, La Nación y La Razón, previo secuestro y tortura de varios integrantes de la familia Gravier, dueña de la empresa, con la venia de los altos mandos militares.

Contados casos son los que han puesto de manifiesto esta relación articulada entre los directivos de las grandes empresas y la dictadura militar. La Cámara Laboral (Sala V) en el fallo “Ingenieros María Gimena c/ Techint S.A. Compañía Técnica Internacional s/ accidente – Ley Especial” resolvió por mayoría la imprescriptibilidad las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad (en este caso se trataba de un reclamo laboral formulado por la hija de un trabajador desaparecido en la metalúrgica por la colaboración de los directivos de la empresa). Esto significa que más allá de que delito penal no prescriba, la acción civil que se deriva, tampoco encuentra un límite temporal para el reclamo, habilitando a los familiares de las víctimas a reclamar una indemnización integral.

En tiempos convulsos, donde las conquistas logradas por el movimiento de derechos humanos nunca están exentas del cuestionamiento de un sector no menor de la sociedad argentina, se hace aún más necesario seguir avanzando en el juzgamiento de los responsables civiles del proceso militar. Porque la dictadura iniciada en el año 1976 implicó la expoliación de la clase trabajadora, la condena de millones de personas a la “miseria planificada”, como definió Rodolfo Walsh, y el correlativo enriquecimiento de la burguesía nacional, que aún hoy sigue impune.

Ernesto Zaz, abogado

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