Batalla de Ideas

22 febrero, 2018

Una marcha (también) contra el asedio del gobierno

Por Federico Dalponte. Con Moyano como principal novedad, la marcha de este miércoles significó también una advertencia del gremialismo opositor contra la injerencia estatal. Las presiones del Ejecutivo, que no cesan, condicionan la actividad sindical y hasta violan convenios de la OIT.

Por Federico Dalponte. Hubo un trabajo denodado y fallido del gobierno por vaciar el acto de este miércoles. Y en términos de comunicación, una apuesta previsible: mostrar a Hugo Moyano como exponente principal de un sindicalismo corrompido.

Por su parte, los miles que se concentraron en la Capital lo hicieron en contra de las políticas oficiales: despidos, achicamiento del Estado, desregulación. La suma de causas que fagocitaron el poder adquisitivo de los trabajadores, derruido entre dos y cuatro puntos desde la llegada de Cambiemos.

Aun así, está claro que las investigaciones judiciales sobre la familia Moyano fueron también un factor determinante. No porque alguien crea que la calle conquista sobreseimientos, sino porque la injerencia gubernamental sobre la actividad sindical se tornó inquietante en el último tiempo.

Ello determinó la emergencia de un nuevo sujeto social: el dirigente gremial macrista, sillón inaugurado por el fallecido Gerónimo Venegas, hoy propiedad de Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Héctor Daer (Sanidad) y siguen firmas. Aunque no por convicción -faltaba más-, sino por instinto; estar cerca de Casa Rosada asegura inmunidad frente al accionar de los jueces y del Ministerio de Trabajo.

La discrecionalidad del oficialismo en ese sentido es absoluta. En el plano judicial, Graciela Ocaña encarna la avanzada contra Moyano, pero la presión estatal desborda cualquier extremo. La Unidad de Información Financiera, dependiente del Ejecutivo, opera como querellante de facto, pero las denuncias se alimentan incluso de documentación provista por aparentes anónimos, como la presentada hace semanas por un funcionario oficialista del municipio de Vicente López.

El Ministerio de Trabajo, mientras tanto, se ocupa de las diligencias administrativas. Al opositor sindicato de bancarios, por caso, le vetó un acuerdo paritario en 2017, con pedido incluido de juicio político a los camaristas que lo avalaron. Y este año obstruyó la aplicación ultra activa de la cláusula gatillo y hasta limitó el ingreso de los aportes solidarios.

La Organización Internacional del Trabajo impone por su parte un estándar alto. Las autoridades públicas deben abstenerse de limitar o entorpecer la actividad sindical, sintetiza el convenio 87. Y eso es lo que se pone en juego en estos tiempos. Todo aquello que condicione o coaccione a los dirigentes gremiales constituye una violación a la libertad sindical.

El gobierno pretende disciplina gremial y por tanto pega. A los dóciles los premia con inmunidad. Y a los que no, los agobia con presión judicial, financiera o administrativa, según el caso. Si la fiscalización gubernamental no fuese caprichosa y selectiva, podría pensarse que media un interés superior genuino. Pero no.

***

La discusión en la Argentina se tornó borrosa, es cierto, pero la participación en la marcha de sectores históricamente críticos del moyanismo permite vislumbrar lo relevante: los gremios pretenden resolver sus debates internos sin la injerencia del Estado. Nadie marcha por Moyano, sino por la defensa de los trabajadores y su herramienta de representación.

En el medio habrá, como antes, atriles que vuelen, insultos y hasta desobediencia de ciertas bases. Pero eso en efecto es lo que cimienta la libertad sindical: permitir que los trabajadores se organicen como mejor les plazca.

Porque en ese sentido se evidencia la contradicción elemental del discurso oficial. Lejos de desmantelar el modelo sindical instituido por ley en 1988, el gobierno procura apenas el desplazamiento de los dirigentes opositores. Por eso tampoco tienen éxito iniciativas como la de la diputada oficialista Soledad Carrizo tendiente a limitar los mandatos gremiales.

Si Cambiemos pretendiera en serio oxigenar las conducciones del movimiento obrero, muchos de sus aliados perderían poder. Y allí naufragarían sus intentos por negociar reformas legislativas y paritarias a la baja con interlocutores obedientes. El modelo de máxima, está claro, es el de la CGT de los años noventa: una dirigencia cercana, mitigadora de la conflictividad laboral y a la vez monopólica en el manejo de la negociación colectiva.

Y vaya paradoja: los principales nombres no cambiaron demasiado. La principal novedad tal vez sea que hoy la disputa no transita durante un gobierno peronista. Habrá que ver hasta dónde le permiten a Mauricio Macri inmiscuirse en la reorganización sindical que se avecina.

En el mejor de los casos, de este proceso emergerán nuevas conducciones más celosas de su autonomía gremial. Creer que la marcha de este miércoles fue sólo contra el modelo económico del gobierno es un error. Y pensar que fue sólo contra la acción interventora del Ejecutivo también. Quizás esa complejidad explique en parte su trascendencia.

@fdalponte

Foto: El País (Uruguay)

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