La Corte frena la maniobra oficial que pretendía influir en el juicio a CFK

Por Federico Dalponte. En acuerdo plenario, la Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves inhabilitar al polémico tribunal que tenía a su cargo el juzgamiento de la ex presidenta. Se trata del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 9, de reciente creación y de dudosa imparcialidad.

Desde que en diciembre de 2016 el gobierno logró la sanción de la “Ley de fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal”, la conformación del fuero estuvo en el centro de todas las críticas.

Ello, en parte, porque se trataba de una ley que le permitía al Consejo de la Magistratura “transformar” un tribunal ordinario ya existente en uno federal, pero además porque los miembros seleccionados no resultaron de fiar.

Entre todos los candidatos posibles, el Consejo, con mayoría oficialista, eligió a un juez vinculado a la defensa letrada de represores, a una jueza de pública militancia en contra del kirchnerismo y a otro con notoria cercanía personal y laboral a miembros del Poder Ejecutivo.

Por ello, cuando el sorteo “informático” determinó que ese tribunal N° 9 sería el encargado de juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, las suspicacias se acrecentaron. Ni siquiera sirvió el pedido de la defensa de la ex mandataria, la cual, imaginando una maniobra en su contra, había solicitado de manera expresa que el sorteo se realizara de forma manual. De hecho, ni siquiera fue admitido su pedido para que un perito informático presenciara el procedimiento.

En ese contexto, la intervención de la Corte Suprema resulta un alivio para la senadora de Unidad Ciudadana, y un freno a la pretensión de quienes, al amparo del Ejecutivo, orquestaron la conformación del polémico tribunal.

En la acordada de este jueves, los supremos fueron enfáticos. El texto resalta que la transformación de un juzgado ordinario en uno federal en realidad implica «la creación de un nuevo tribunal”, lo cual viola el procedimiento establecido por la Constitución.

“Ninguno de ellos -señala la Corte respecto de los miembros- fue propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en base a una terna vinculante del Consejo de la Magistratura, ni obtuvo el acuerdo del Senado de la Nación, ni fue nombrado por el presidente de la Nación para ocupar el cargo de jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9”.

Por más que los magistrados hayan contado en su momento con una designación válida como jueces ordinarios, ello no supone “una autorización abierta para ejercer la función judicial con carácter permanente en diversas materias, grados o competencias”.

Pero de fondo, por supuesto, la disputa por la imparcialidad de los jueces no constituye un tema menor. Sobre todo cuando de por medio está la suerte de una ex mandataria y actual senadora nacional.

“La conexión que existe entre el cumplimiento adecuado del procedimiento de nombramiento de los jueces y el ejercicio independiente de su magistratura es inescindible”, señala la Corte. Y hacia allí irán ahora todas las miradas.

La Cámara Federal de Casación Penal tendrá que realizar un nuevo sorteo excluyendo al TOF N° 9. Pero las sospechas sobre la influencia del gobierno no terminarán ahí. Si de por sí es difícil confiar en la independencia de los jueces, mucho más en este contexto.

La Corte, de momento, y en una resolución inesperada, puso en cuestión todo el sistema detrás del manejo de causas por parte del oficialismo. Habrá que ver hasta dónde llega el llamado de atención.

@fdalponte