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El ajuste en ciencia y técnica recaló en el sector agroalimentario

El ajuste en ciencia y técnica recaló en el sector agroalimentario
abril 27
17:07 2018

Tras los 330 despidos avalados por el Minsiterio de Agroindustria en su planta interna, se conoció que 400 ingenieros, técnicos e investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) quedarán sin trabajo como parte del “plan de austeridad” que el Ministerio de Modernización anunció en diciembre.

Agricultura Familiar

El despido de investigadores, desarrolladores y científicos ligados al área de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF) impactó en los centros regionales, al punto que las autoridades le pidieron a la Dirección Nacional del INTA que interceda para revertir la situación.

Los despidos en la SsAF, sin embargo, no son nuevos. A principios de abril, la mesa de coordinación nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunció un nuevo “vaciamiento” de la Subsecretaría, iniciado en 2016.

Es que Mauricio Macri dio señales muy fuertes de su prioridad por los sectores exportadores del agro al asumir la presidencia, negándose a reglamentar, en 2016, la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, entre otras medidas.

Más tarde, en mayo de 2017, el presidente de la Nación, junto a su entonces ministro Ricardo Buryaile, ordenó el cierre de la Secretaría de Agricultura Familiar y su fusión con el área de Coordinación y Desarrollo Territorial, lo que impactó en nuevas cesantías.

Carta al INTA

El escrito, firmado por los directores y directoras de 17 centros regionales y de investigación que tiene como destinatario al director nacional de INTA, Héctor Espina, caracteriza a los organismos como “socios fundamentales para dar respuestas a diversos actores de la producción agropecuaria”.

“Juntos promovemos tecnologías productivas y organizativas que tienden a una mayor y mejor producción con calidad, y nos complementamos en proyectos de desarrollo, transferencia y validación de técnicas y tecnologías, formación, capacitaciones y asistencia técnica”, sostiene.

Notas dialogó con Andrea Maggio, directora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF), y una de las signatarias de la carta.

“El INTA recibe una amplísima diversidad de demandas, pero no podemos resolverlas con menos gente. Esto, además, es menos conocimiento y manos dispuestas al territorio”, expresó la tambén ex directora de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA del organismo. “Perdemos mucho como Estado pero más como sociedad, y no podemos hacer pagar a la gente. Hay que elaborar estrategias mejor pensadas para que no pierda la sociedad”, manifestó.

Maggio explicó que “los organismos ‘socios’ sufren achiques y eso hace que la red de articulación se debilite y lo que repercute en un organismo va al resto porque muchas estrategias son conjuntas”.

La ingeniera agrónoma y experta en Desarrollo Local se refirió al impacto que la decisión de Agroindustria tiene para la labor científica del organismo: “El crecimiento vino de la mano de nuevas líneas de investigación, líneas de trabajo que ahora tenemos que repensar”.

Finalmente apuntó que “la etapa que se abre en INTA va a ser clave para diseñar en una coyuntura de restricciones” aunque “no está claro con que estrategias van a reemplazar la falta de personal en tareas muy importantes que, por ejemplo, hace el SENASA”.

Riesgo fitosanitario

El alcance de este ajuste es inmediato ya que ambos organismos trasladan el desarrollo de conocimiento científico al control, la conservación y la planificación en la actividad alimentaria, uno de los rubros con mayor dinamismo económico y productivo de nuestro país.

Los empleados del SENASA aseguran que el plan de achicamiento debilita la función de control fitosanitario en el país. “El traspaso de la responsabilidad de control a los privados incluye alimentos que dejarán de ser certificados por el Estado”, denunció ATE.

El “plan modernizador”

Así los desplazamientos en INTA y el SENASA, que el ministro Miguel Etchevehere describió como “afinar el lápiz”, van confirmando la orientación del borrador que Modernización elaboró para el sector donde sugería que había “exceso” de personal. Enunciado como borrador, y filtrado por la prensa en diciembre del año pasado, allí se sugería que el 10% de los empleados del organismo deberían ser cesanteados, en 2018.

El direccionamiento de los despidos, sin embargo, devela las prioridades del proyecto científico y tecnológico del Gobierno, que viene contrayendo los recursos para investigación destinados a los pequeños productores y la economía agraria ligada al consumo interno, dentro de INTA.

Eduardo Porto – @PortoEdu

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