América Latina

18 mayo, 2018

¿Qué intereses se ocultan tras las protestas en Nicaragua?

Desde mediados de abril, Nicaragua vive en un clima de crisis política debido a una propuesta para modificar el sistema de seguridad social que desencadenó manifestaciones violentas que fueron reprimidas por la policía, dejando como resultado varias decenas de muertos. A pesar de que el proyecto fue derogado y del llamado al diálogo, las protestas continúan y exigen la renuncia del presidente.

Desde mediados de abril, Nicaragua vive en un clima de crisis política debido a una propuesta para modificar el sistema de seguridad social que desencadenó manifestaciones violentas que fueron reprimidas por la policía, dejando como resultado varias decenas de muertos. A pesar de que el proyecto fue derogado y del llamado al diálogo, las protestas continúan y exigen la renuncia del presidente.

El pasado 16 de abril, el presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), decretó una serie de reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con el propósito de salvarlo de la quiebra y garantizar su sustentabilidad ya que la entidad viene siendo deficitaria desde el año 2013, según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Nicaragua posee un sistema de seguridad social con una cobertura superior a la mayoría de los países de la región, tanto en relación a los años de aporte necesarios (15) como en cobertura de servicios y tasa de reemplazo. Sin embargo el propio CELAG advierte: “La reforma del sistema es indispensable. Los fondos para mantener el modelo son escasos y, tal como está, no es sustentable”.

En este sentido, la propuesta oficial de Ortega consistía en un aumento del aporte de los trabajadores del 6,25 a 7%, mientras que para las empresas el incremento calculado iba del 19 a 22,5%. Además, se le descontaría un 5% a los pensionados en concepto de atención médica y cobertura de enfermedades.

Nicaragua 1A pesar de que el peso de las reformas recaía mayoritariamente sobre los empresarios, la noticia generó un gran malestar entre los asalariados que fue incentivado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

El COSEP presionó desde un primer momento para que la reforma estuviese en línea con los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigía aumentar los años de aporte de 15 a 30, acrecentar la edad jubilatoria de 60 a 65, privatizar centros de atención del INSS, eliminar la jubilación mínima y revisar el mecanismo de ajustes de las pensiones.

El COSEP y la oposición conservadora encabezada por el Frente Amplio por la Democracia (FAD) promovieron una serie de manifestaciones violentas que incluyeron prácticas similares a las “guarimbas” venezolanas: utilización de armas caseras, saqueos a comercios, ataques a instituciones oficiales, incendios organizados de locales partidarios, agresiones y amenazas a periodistas de diversos medios.

A partir de los desmanes provocados, el gobierno tomó la decisión de reprimir severamente las protestas. Así, el enfrentamiento entre estos grupos violentos y las fuerzas del orden dejó como resultado la muerte de al menos 47 personas según datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Ante este panorama, el 22 de abril Ortega decidió dar marcha atrás con la iniciativa, rediscutir las reformas y calmar los ánimos por medio de una convocatoria al diálogo de la que los representantes del COSEP y el FAD desistieron en cada oportunidad que se presentó.

A medida que pasaron los días, los reclamos en contra de las modificaciones al sistema de reparto dieron lugar a “luchar contra la corrupción”, “defender la libertad de expresión” y exigir la renuncia del mandatario nicaragüense.

El FSLN asegura que detrás de estas sublevaciones se esconden los intereses de Washington y que forman parte de un plan sistemático para derrocar gobiernos populares que no se alinean con sus designios mediante la ejecución de “golpes blandos”, así como en su momento financiaron a la oposición en la lucha contra la revolución sandinista entre 1981 y 1990.

Nicaragua-Estados Unidos: una relación marcada por el conflicto

Nicaragua forma parte del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y es un aliado estratégico de Venezuela, enemigo público de la Casa Blanca. La petrolera estatal venezolana PDVSA es accionista mayoritaria de la nicaragüense, Albanisa, y constituye un suministro clave para la economía del país centroamericano, el cual exporta a cambio carne, lácteos, tabaco y maíz.

Nicaragua 2Por otra parte, el gobierno de Ortega no suscribe la estrategia continental de “guerra contra las drogas” impulsada desde EE.UU., como lo demuestra la expulsión de la agencia norteamericana de Administración para el Control de Drogas (DEA) en 2008. Por el contrario, en materia de seguridad optaron por el entrenamiento y la compra de equipamiento militar a Rusia.

Otro punto de tensión entre ambos países surgió a fines del año 2014 cuando el jefe de Estado nicaragüense anunció la construcción de un Canal Interoceánico con capitales chinos para competir de manera directa con el de Panamá. Esto constituyó una afrenta para EE.UU. ya que, de concretarse, significará el asentamiento de China en lo que considera como su “patio trasero” para disputarle el control del comercio internacional.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, no es de extrañar que el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, haya declarado recientemente que “trabajar por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela es prioridad para el gobierno de Donald Trump”.

La mano invisible de la USAID

En medio de las protestas callejeras el secretario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green, había asegurado que su gobierno iba a continuar apoyando la “participación libre, segura y genuina de las organizaciones independientes de la sociedad civil”.

A propósito de este “apoyo”, Gerardo Villagrán del Corral asegura en un artículo en Nodal que en el año 2016 la USAID entregó 31 millones de dólares para financiar el programa “Desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”, que incluía tanto la realización de foros como el asesoramiento para saber enfrentar a las fuerzas de seguridad.

En el año 2013 el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, expulsó de su país a la USAID acusándola de “injerencia política” y “conspiración” contra su gobierno. Daniel Ortega no siguió el mismo camino y posiblemente esté pagando las consecuencias de ello.

Leonardo Casciero – @leocasciero

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