Géneros

24 mayo, 2018

Salta finalmente adhirió al protocolo de aborto no punible

Luego de que el gobierno de Salta le negara el aborto no punible a una niña de 10 años violada y embarazada por su padrastro, este jueves el gobernador Juan Manuel Urtubey informó que la provincia adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado en 2015.

El debate en torno al aborto no punible en Salta volvió a estar en el eje de la discusión luego de que se diera al conocer el caso de una niña embarazada producto de una violación por parte de su padrastro. La madre de la menor de 10 años se enteró que se encontraba transitando el quinto mes de gestación cuando la llevó al hospital Materno Infantil de la capital provincial por fuertes dolores estomacales. En ese momento, la menor contó que era abusada sexualmente.

A pesar de la gravedad del hecho, la asesora de Incapaces y Menores de Salta, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo provincial que la niña firmó el consentimiento para continuar el embarazo y manifestó que esa era también la voluntad de la madre. En ese momento, además, se sumó la negativa del gobierno de Juan Manuel Urtubey a adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, surgido a partir del llamado caso FAL, revivió las críticas de amplios sectores de la sociedad.

Ante la publicidad y polémica del caso, este jueves se informó que en Salta dejará de regir el decreto 1170 del 22 de marzo de 2012, a través del cual se dictó un protocolo restrictivo que regulaba el aborto no punible imponiendo como cláusula un límite de 12 semanas para llevar a cabo la intervención. “La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación”, informó el gobernador pejotista a través de su cuenta de Twitter.

Por la misma vía, Urtubey aclaró que la decisión se debió a “los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo”. Este último punto centra la atención en el deficiente procedimiento que se implementa en estos casos en la Provincia.

A pesar de que, en este caso, la niña no hubiese podido acceder a un aborto seguro por lo avanzado del embarazo, especialistas insisten en remarcar que en los casos de abuso los tiempos para la víctima se retrasan y es casi imposible cumplir los plazos. “Generalmente las violaciones suceden en el seno familiar, las niñas no hablan por temor y hasta después de la semana 12 no se nota la panza. El plazo es totalmente inviable, es una restricción más”, sostuvo la presidenta del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, Laura Postiglione.

El directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta viene criticando la intervención gubernamental en casos de violación o embarazos no deseados desde su creación. Además de pedir la derogación del mencionado decreto en reiteradas oportunidades, sostienen que en muchos casos la intervención del área conducida por Gómez de González influye para que las mujeres decidan continuar con el embarazo, a pesar de lo traumático de la situación.

“Tutelan a las mujeres que deciden hacer un aborto como si la situación no fuera suficientemente traumática, y como si no pudiera decidir individualmente”, expresó al diario El Tribuno Andrea Flores, antropóloga y docente universitaria que estudió el protocolo para asesorar al Observatorio.

Un relevamiento de este organismo informó que casi la mitad de los municipios no tienen una dependencia que asuma las políticas públicas dirigidas a proteger los derechos de las mujeres, además la educación sexual integral no se dicta en las escuelas provinciales. A la falta de políticas públicas para luchar contra la violencia hacia las mujeres se suma la decisión de casi 20 diputados salteños de presentar un proyecto de resolución para expresar su oposición a que se legalice el aborto en el Congreso, argumentando que se estaría “matando niños inocentes, generando un verdadero genocidio”.

A pesar de la reciente marcha atrás de Urtubey, que debe leerse en un contexto donde la lucha de las mujeres ganó las calles y se centró en el eje de la discusión a nivel nacional, la vida y la seguridad de las niñas y mujeres salteñas sigue sin preocupar de lleno a las autoridades que les niegan educación sexual, acompañamiento, y la legislación pertinente para no poner en peligro sus vidas.

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