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Vidal busca que miles de estatales abandonen voluntariamente sus puestos de trabajo

Vidal busca que miles de estatales abandonen voluntariamente sus puestos de trabajo
mayo 28
12:34 2018

A pesar de la caída que sufrió su imagen en las últimas semanas, entre otras cosas, por ser la mejor alumna de Mauricio Macri en lo que respecta a aplicar ajustes solicitados por Nación, la mandataria bonaerense anunció mediante el decreto 465/18 su propio plan de retiros voluntarios en la administración pública provincial.

Todo comenzó con aquello que dieron a llamar, Macri y los gobernadores, Consenso Fiscal. “El Estado Nacional asume el compromiso de financiar, con líneas de créditos especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales”, reza el acuerdo firmado un 16 de noviembre de 2017. “Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral”, añade.

Si bien la medida que adoptará Vidal no obliga a los trabajadores y trabajadoras a retirarse, apunta a reducir la planta permanente de los empleados públicos -en un proceso que durará seis meses pudiendo ser prorrogado por medio año más luego de vencido el plazo-, incluidos todos los ámbitos estatales, a excepción de la Policía y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Las consecuencias de este decreto, que en uno de sus artículos prevé un “Régimen de retiro voluntario para trabajadores de Plantas Permanentes con Estabilidad del Poder Ejecutivo Provincial, Organismos de la Administración Centralizada, Desconcentrada y Descentralizada”, fueron alertadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) debido a que profundiza el ajuste y apunta a un Estado precarizado.

Lo primero se debe a que quienes decidan retirarse, trabajadores con estabilidad y antigüedad, dejarán de aportar al Instituto de Previsión Social (IPS) y a IOMA, lo que, según el gremio que dirige Oscar De Isasi, generará menos fondos para sostener las jubilaciones, y el desequilibro en el sistema previsional en relación entre trabajadores activos y jubilados. Lo segundo tiene que ver con el retiro de trabajadores con derechos garantizados, a la par que los ingresos a la administración pública -desde el inicio de la gestión de Vidal, aunque desde antes también- se realizan bajo la modalidad de los “contratos sin derecho”, que son renovados (o no) cada cierta cantidad de meses, sin generar estabilidad laboral.

Además, ATE denuncia que el monto indemnizatorio por cese laboral no incluye el Sueldo Anual Complementario (SAC), concepto que legalmente representa salario, además de que quedan fuera las horas extras y viáticos, conceptos utilizados por los empleados estatales para costear sus condiciones de vida.

Podrán optar por esta medida quienes tengan una antigüedad en planta permanente de entre 2 y 24 años en la administración pública y le falten más de cinco años para jubilarse. A esto se suma que quien adhiera al retiro voluntario tendrá derecho a una indemnización según esta escala:

– Entre 2 y 5 años de antigüedad: 4 cuotas juntas al cese y después 6 cuotas mensuales consecutivas.
– Entre 6 y 7 años de antigüedad: 6 cuotas juntas al cese y 9 mensuales consecutivas.
– Entre 8 y 9 años de antigüedad: 8 cuotas juntas al cese y 12 mensuales consecutivas.
– Entre 10 y 11 años de antigüedad: 10 cuotas juntas al cese y 14 mensuales consecutivas.
– Más de 12 años de antigüedad: 12 cuotas juntas al cese y 18 mensuales consecutivas.

Con la intención de paliar esta situación, la medida propone programas de formación, a cargo de la Subsecretaría de Capital Humano que coordina Daniel Jorge Maggi, destinados a facilitar la reinserción laboral de quienes opten por el retiro voluntario, en el ámbito de la actividad privada.

“Son medidas clásicas de ajuste”, señaló De Isasi, quien además recordó que en los años ’90 se practicaron las mismas recetas para achicar la planta del Estado. “Los retiros voluntarios son una ilusión óptica para los trabajadores de cara a futuro, porque el dinero que agarran rápidamente se esfuma y no vuelven a conseguir empleo”, resaltó el dirigente gremial.

Además, agregó: “Intentan hacerles creer (a los empleados públicos) que con ese subsidio (por la indemnización) van a poder ponerse un comercio o mantenerse hasta conseguir otro trabajo, cuando en realidad el que pone un comercio luego lo tiene que cerrar, y el que tiene que buscar trabajo, no lo encuentra”.

Según ATE, los montos indemnizatorios no representan el salario total que un trabajador cobra en la actualidad, ya que quedan fuera los conceptos antes mencionados. Además, el pago en cuotas supone una devaluación progresiva debido a la inflación.

“Este decreto debe enmarcarse en una sucesión de decisiones que perjudican a los trabajadores del Estado”, completó De Isasi refiriéndose a la firma de paritarias con salarios a la baja, jubilaciones “compulsivas”, despidos, y ahora un plan de retiros voluntarios que “apunta a reducir la masa salarial y a precarizar las relaciones laborales”.

Marcos Lede Mendoza – @pichulede1

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