Macri veta la ley, el Congreso veta el ajuste

Por Federico Dalponte. Crisis cambiaria y derrota parlamentaria. El combo obligó al gobierno a enfocarse sólo en el recorte del gasto público, eje de la agenda presidencial para los próximos meses. El Congreso, hoy adverso, se proyecta como un límite real al presupuesto 2019.

Cada ventisca se convierte ahora en tempestad. Una ley menor, coyuntural, sancionada para un breve instante –horas, días– significó para el gobierno otra semana de zozobra.

La ley antidespidos fue una experiencia similar en 2016. Pero en aquel entonces la figura del nuevo presidente todavía gravitaba. Hubo protestas, marchas, poco más. Pero finalmente se impuso el veto y a otro cosa.

Si la planificación anual de gastos contemplaba tarifas sin subsidios, está claro que retrotraer esa política no era cómodo para el Ejecutivo. Pero lejos de firmar una negativa inapelable, el gobierno se convenció en cambio de su propia debilidad: llamó a gobernadores, le imploró a medio Senado, reclamó por cada párrafo, por cada coma para frenar la votación.

Así, a cada paso en falso, mayor cohesión opositora. Y sobre el ocaso, el cenit de la provocación: acusar a los senadores del bloque Argentina Federal de ser serviciales con Cristina Kirchner. La consagración del error político fundamental: hacer enojar al adversario cuando están a punto de doblegarte.

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Como consecuencia, lo previsible. Votos suficientes, un objetivo loable y un gobierno acorralado. En pocas legislaturas del mundo la oposición hubiese actuado diferente. Lo llamativo, claro, fue la actitud del Ejecutivo.

Hace varios meses que Cambiemos no puede imponer su agenda. Por carencia creativa o inviabilidad numérica, lo cierto es que la realidad económica y la presión social pueden más que la coalición oficialista: sin reforma laboral de momento, con ley de tarifas sancionada, con debate en torno al aborto en curso, el momento estelar del gobierno quedó circunscripto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que ello traiga. Planes de retiros voluntarios, recortes en gastos operativos, paralización de la obra pública.

En su primer año de gestión, Mauricio Macri fue la cara del ajuste predecible, pero su abanico de medidas lo auxiliaba. Extensión de la asignación universal, pago retroactivo de jubilaciones, nueva composición de la Corte Suprema.

Era, por tanto, una suerte de ajuste a tiempo parcial. Hoy ya lo es a tiempo completo. Nada obsesiona más al presidente que el recorte de los miles de millones de pesos que lo separan del equilibrio fiscal. Y eso, sin control parlamentario, sólo puede significar congelamiento y reducción de la actividad del Estado.

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Ley de mercado de capitales, ley de participación público-privada, ley de emprendedores. Hasta allí probablemente lleguen los impulsos oficiales. Ahí se agota de momento la producción legislativa en función de un modelo económico. El resto es competencia presidencial.

Si hasta ahora Cambiemos fue el garante del lucro empresarial de la soja, la minería y la especulación financiera, es probable que la fiscalización del FMI y la correlación de fuerzas en el Congreso modifiquen ciertos hábitos. De un gobierno promotor de cambios normativos a un plan de poda feroz del gasto público.

Cambiemos no discute por tanto el sistema de jubilaciones y pensiones, sino el costo presupuestario de los regímenes especiales. No discute el rol de las universidades públicas, sino el costo de su mantenimiento. No la función del personal estatal ni la utilidad de la obra pública, sino el número del gasto final.

La segunda mitad del año se avecina y el modelo «FMI» está por dar sus primeros pasos. Será la misma senda que la transitada hasta ahora, pero a quinta velocidad. La diferencia: la oposición parece menos dispuesta que antes a brindar ciertas concesiones.

Cuando llegue el momento de votar el presupuesto 2019 –central para los planes del gobierno– faltará menos de un año para las elecciones presidenciales. Todos tendrán un ojo puesto allí. O deberían.

@fdalponte