Derechos Humanos

23 julio, 2018

La Legislatura bonaerense derogó un artículo que penaba la prostitución

El Senado de la provincia de Buenos Aires derogó el artículo 68 del Código de Faltas que penaba a personas que ejercían la prostitución. De este modo se pondrá fin a la persecusión y criminalización de quienes estén en una situación de explotación sexual o trata en territorio bonaerense.

El Senado de la provincia de Buenos Aires derogó el artículo 68 del Código de Faltas que penaba a personas que ejercían la prostitución. De este modo se pondrá fin a la persecusión y criminalización de quienes estén en una situación de explotación sexual o trata en territorio bonaerense.

La iniciativa había sido presentada en 2017 por la entonces diputada del Frente para la Victoria, Karina Nazabal, a propuesta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), y con el apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

La ley presentada por la legisladora establece en su artículo 1 la derogación del artículo 68, una norma del año 1973 que establecía el arresto de 5 a 30 días y una sanción económica a quienes “ejercieren la prostitución dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”.

Desde AMADH aseguraron que esta resolución crea “un precedente para que las provincias que faltan deroguen los códigos y generen políticas públicas de prevención de la trata y la explotación sexual para las mujeres, travestis y trans”.

El proyecto enmarca la nueva norma en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1949; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979; y la Ley de Profilaxis 12.331 que prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución.

“Esta ley viene a dar respuesta a miles de mujeres, travestis y trans que desde hace muchos años no hacen más que exigirle al Estado que cumpla con lo que declaró en 1936, que Argentina es un país abolicionista de la prostitución”, afirmó Nazabal, que actualmente dirige la Secretaría de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Una de las inmediatas consecuencias de la derogación del artículo 68 es que las fuerzas de seguridad y la justicia no podrán sancionar ni iniciar procesos en contra de quienes ejerzan la prostitución. Por tanto, deberán concentrarse en determinar si dichas personas están bajo algún sistema de explotación sexual.

En la actualidad, son 18 las provincias en las que persisten ordenanzas que penan esta práctica, en muchos casos con días de arrestos, tales como Salta, Mendoza, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Hace muchos años que las organizaciones sociales veníamos denunciando la violencia institucional. Hasta que las sobrevivientes entendimos que el abolicionismo es la legislación que tenía que protegernos más que perseguirnos”, declaró a Página/12 la coordinadora de AMADH, Graciela Collantes, y recordó que en 2003, la activista Diana Sacayán había presentado proyectos de este tipo pero habían sido cajoneados.

Según Collantes, el abolicionismo obliga al Estado a no perseguir, maltratar, ni hostigar a quienes ejerzan la prostitución. Por el contrario, debe “perseguir a las mafias, a las redes y a todos los que viven de la prostitución ajena”. Por otra parte, señaló que los códigos contravencionales “han hecho mucho daño y han facilitado muchas veces el trabajo de las redes de trata para traficar mujeres, travestis y trans de las provincias más pobres del país”.

Finalmente, Nazabal coincidió en que la prostitución “no se puede reprimir, sino que allí es donde el Estado debe hacerse presente para restituir los derechos vulnerados de quienes fueron y son víctimas del sistema prostituyente”.

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