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Lo creíble, lo dudoso y lo artificioso detrás de los cuadernos

Lo creíble, lo dudoso y lo artificioso detrás de los cuadernos
agosto 03
15:48 2018

Por Federico Dalponte. La trama se asienta sobre realidades innegables, pero existen dudas sobre el origen y el curso de la investigación: qué delitos se imputan, por qué las detenciones, qué valor jurídico tienen los cuadernos, cuáles son las maniobras procesales detrás de la causa.

Lo creíble

La historia suena verosímil: obra pública direccionada, devoluciones del empresariado, financiamiento ilegal de la actividad política. Un resumen de la Argentina desde que la conocemos.

Los delitos que se investigan también son parte del patrimonio público. Los viejos conocidos: cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, y afines.

Primera conclusión preliminar: no importa la probabilidad del hecho imputado, sino apenas su posibilidad. Y en efecto sí, que en la Argentina concurran estas maniobras entre gobernantes y empresarios es perfectamente posible.

El empresario que crece a costas de la corrupción política no es una rara avis en el mundo; tampoco acá. De Franco Macri a Cristóbal López, pasando por cada uno de los grandes grupos económicos del país, todos tienen sus huevos y sus canastas. La patria contratista, que le dicen. Los partidos políticos tradicionales y los candidateables de toda tierra lo saben y lo usufructúan.

Por eso, en principio, este caso difiere de las investigaciones precedentes. El punto de partida no es ya la adulteración de los procedimientos licitatorios, sino los pagos realizados por los propios empresarios. El denunciante Oscar Centeno dice haber oficiado de cobrador de coimas; no sabe la causa ni el destino, pero asegura haber facilitado las transacciones.

Ello, tal vez, haga al caso un tanto más interesante: si de esta denuncia emergen ciertas verdades, lo que deberá discutirse no es sólo la gestión del kirchnerismo, sino el funcionamiento mismo de los poderes instituidos.

Hasta allí, por tanto, historia conocida y con derivaciones razonables: el secreto de sumario y la prisión preventiva, ante un caso de tal magnitud, sirve para impedir que los imputados entorpezcan la primera fase de la investigación.

Por lo demás, la duración –que debería ser prudencialmente corta– y la agilidad judicial –que debería ser impoluta– dirán luego si esa medida precautoria fue abusiva o no.

Lo dudoso

El delito que se investiga, dice el fiscal Carlos Stornelli, es el de asociación ilícita, el summum de la pereza jurídica. Asociarse con fines ilícitos es el presupuesto básico de cualquier ensayo colectivo: una banda que roba autos, un grupo de secuestradores, tres amigos que interceptan correspondencia.

La historia de ese delito, recogido en el actual artículo 210 del código penal, es bien conocida: sirvió en 1921 como instrumento para reprimir a los huelguistas y se tornó más rígida en 1974 en medio de la violencia institucional. Hoy, bastante más tarde, los jueces lo siguen usando para dictar prisiones preventivas a troche y moche.

Allí, por tanto, la investigación se deforma y pierde un tanto el eje. Si así se confirma, y las acusaciones finalmente sólo versan en torno a la asociación ilícita, se desnudará la parcialidad del juez instructor, además de su incapacidad técnica y su desidia. Lo dicho, otra vez: la causa requiere indagar la posible existencia de otros delitos más complejos –y por ende más difíciles de probar–. La simple imputación de asociación ilícita es, si acaso, apenas para la tribuna.

En tal sentido, lo principal que debiera pedir quien se sabe inocente es una investigación exhaustiva. Por eso los cuadernos de Centeno sólo sirven para el prejuicio, para dar por cierto aquello que los acusadores anhelan creer. Para validar esas anotaciones habrá que producir prueba que las contraste: filmaciones, testimonios, documentos.

Aun asumiendo la veracidad de las notas del denunciante, éstas constituyen apenas los rastros de los hechos denunciados. Los señalan pero no los prueban. Dicho de otra forma: si en vez de escribirlos, Centeno hubiese memorizado los datos de las entregas, la necesidad de recolectar pruebas seguiría siendo la misma.

Por su parte, el periodista Diego Cabot asegura que, a la par de los allanamientos, ya hay prueba producida para validar la mitad de volcado en los cuadernos. Habrá que ver para creer.

Lo artificioso

Claudio Bonadio es la peor noticia para cualquier causa penal. Sus antecedentes y su animosidad manifiesta contaminan todo argumento procesal.

La denuncia que dio origen a los eventos de esta semana no cayeron por sorteo en su juzgado, sino por una maniobra artera del propio magistrado: ató los hechos nuevos a la causa de gas licuado que ya tenía a su cargo, y así retuvo la investigación, olfateando su impacto político y mediático.

A eso sumó este jueves su pretensión máxima: el desafuero de Cristina Kirchner y su inmediato encarcelamiento, deseo expresado por el propio Bonadio incluso antes de la indagatoria. Si ese termina siendo el centro de la investigación, contaminará rápidamente cualquier atisbo de sensatez.

Traducción: si no hay pericias sobre los famosos cuadernos originales, si no se levanta el secreto de sumario en un plazo razonable, si no aparecen nuevos testimonios sólidos más allá de las anotaciones del denunciante, si no se explica qué llevó a Centeno a entregarse tan dócil a la Justicia, si no se dilucida el origen de las cajas con filmaciones, si no se extiende la investigación a empresarios curiosamente ausentes en los cuadernos, si no se forja en breve una causa nueva y autónoma del «forum shopping», si no se hallan registros del destino del dinero, si se dilata artificiosamente la instrucción con el objeto de ser noticia en la víspera electoral, la causa se irá deshilachando hasta volverse un pantano del que no saldrá ninguna verdad.

@fdalponte

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