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Apedrear a Cristina

Apedrear a Cristina
agosto 24
14:52 2018

Por Federico Dalponte. Cobertura mediática, manifestantes, debate en el Senado y allanamiento maratónico. Los convencidos apenas buscan ratificar lo que ya piensan. Pocos, muy pocos, exigen una investigación diferente: más profesional, menos arbitraria.

¿Cinco años de cárcel? ¿Diez? ¿Inhabilitación perpetua? Un sector de la sociedad ya tiene su íntima convicción, a su juez heroico y a su condenada. Lo demás importa poco.

El derecho sirve fundamentalmente para evitar la violencia. En rigor: para encauzarla. La teoría dicta entonces que, de no haber leyes, los más fuertes desconocerían cualquier límite y harían justicia por las suyas. Cristina Kirchner apedreada por sus detractores.

Si esto no ocurre, es apenas porque entre las piedras y la acusada está el Estado, sus leyes y unos cuantos dispuestos a resistir. Pero da igual. La marcha de este martes no fue en reclamo de transparencia, honestidad o deseos afines. Ese músculo del oficialismo, que coincide con la franja etaria de su electorado más fiel, se movilizó para pedir el encarcelamiento de la ex mandataria; ni siquiera su juzgamiento.

Un cuaderno quemado y unos cuantos arrepentidos son para ellos prueba suficiente. Mientras que en cualquier proceso judicial la verdad es objeto de controversias hasta la sentencia definitiva, en esta causa la suerte está echada. Cristina Kirchner será culpable aunque la última instancia diga lo contrario en el futuro.

Por eso también el escarnio, el detalle morboso, la seguidilla interminable de noticias minúsculas. La joyería de uso personal, las cajas fuertes como supuesto sinónimo autosuficiente del delito, la dimensión de los pabellones de detención: todo forma parte de esa pretensión del detractor por convencer a los indecisos y satisfacer a los afines.

Y los arrepentidos son, en ese marco, el sostén principal de la causa. Con cuadernos o sin ellos, Oscar Centeno fue el primero de la fila. Y le siguieron varios. Pero ninguno está dispuesto a poner un pie en un centro de detención. Incluso Ángelo Calcaterra, que hasta llegó a decir que financió la campaña del contendiente de su primo con tal de obtener la eximición de prisión.

Mienten todos, dice la ex presidenta, y es probable. Suena creíble esa estrategia si se considera que el juez es Claudio Bonadio. En cualquier caso, acusar a Cristina de asociación ilícita y ganarse una condena de uno o dos años en suspenso es un precio razonable para quien se ve contra las cuerdas.

Para ello, sin embargo, es crucial la presión política y mediática. Ése es el combo que distorsiona los límites del derecho y cede espacio para el apedreamiento público. Es cierto que aún funcionan las formas instituidas del poder estatal, pero esa valla de contención cada vez defiende menos al acusado y empodera más al acusador.

Sobran ejemplos. El más reciente es el de Amado Boudou, privado de su libertad pese a no tener condena firme y por dos delitos excarcelables. El año pasado la Corte Suprema concluyó que en tal situación rige aún el principio de inocencia y por tanto un condenado tiene derecho a candidatearse. Es decir: el año próximo, Boudou no podrá salir a la calle, pero sí podría ser presidente. Un absurdo.

Esos son los bordes del sistema, los lugares donde cruje. La motivación principal es Cristina Kirchner, la obsesión por verla esposada, entrando a un móvil policial. Pero difícil que eso suceda: tendrá inmunidad de arresto al menos hasta 2023 y es difícil que una condena firme llegue antes.

Por eso también el apuro por generar efectos asimilables a la condena. No pudiendo apresar al adversario, alcanza por ahora con entrar a su casa, con pinchar su teléfono, con relatar los supuestos detalles de la maniobra delictiva. Hacer cuentas, calcular cuántos millones robados, en qué circunstancias, usando qué frases.

Y quizás todo sea cierto. Pero para eso habrá juicio y revisiones varias. En teoría, toda duda favorece al imputado. Mientras tanto, Claudio Bonadio es quien goza de su centralidad, pese a ser meramente un juez instructor. Dicho sea de paso, un cargo menor en la cadena judicial: el único que, siendo juez, no juzga.

Pero entre el juez y los poderes político y mediático hacen, por tanto, lo que pueden ante los límites formales. Antes de llegar al juicio, encarcelan de manera preventiva, difunden declaraciones pese al secreto de sumario, allanan la vivienda del investigado. Y como si fuera poco, hasta promocionan la sanción de leyes ad hoc: la extinción de dominio fue reclamada con la ilusión de poner en remate hasta los bienes de la ex presidenta.

Salir a las calles para reclamar precisamente eso: entrar con policías a la casa de Cristina Kirchner, violentar su inmunidad de arresto, encarcelarla sin sentencia definitiva, despojarla de su patrimonio. Todo conduce, en el mejor de los casos, a la nulidad futura de toda la investigación, viciada desde su propio inicio. Pero en el peor de los escenarios, éste será un antecedente demasiado riesgoso para la Argentina.

@fdalponte

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