Batalla de Ideas

29 agosto, 2018

Una gran marcha universitaria frente al ajuste y la emergencia educativa

Por Andrés Duhour y Vanesa Ciolli. Los y las docentes de las 57 universidades nacionales del país nos encontramos en la cuarta semana de paro, en reclamo de un aumento salarial acorde a las previsiones inflacionarias y contra el ajuste en el presupuesto. Frente a la intransigencia del gobierno, respondemos con más unidad para ganar las calles en defensa de la Universidad Pública.

Por Andrés Duhour* y Vanesa Ciolli**. Los y las docentes de las 57 universidades nacionales del país nos encontramos en la cuarta semana de paro, en reclamo de un aumento salarial acorde a las previsiones inflacionarias y contra el ajuste en el presupuesto.

A lo largo de estas semanas desarrollamos un sinnúmero de actividades en todo el país que fueron despertando, de a poco, el apoyo del conjunto a la sociedad: movilizaciones, actos, clases públicas, abrazos, asambleas, vigilias. La semana pasada, frente a la intransigencia del gobierno, esta medida de fuerza cobró otra escala de la mano de “las tomas” encabezadas por el movimiento estudiantil, que comenzaron a multiplicarse.

La paritaria de la docencia universitaria venció el 28 de febrero y desde entonces, el Gobierno nacional no se ha movido de la miserable oferta del 15% de aumento salarial. La CONADU Histórica demanda el 30% más una cláusula gatillo que signifique la recomposición automática del salario frente a eventuales escaladas inflacionarias que superen ese porcentaje. En este marco, el informe elaborado por esta Federación señala que “es la primera vez en la historia de la negociación salarial que llegamos al mes de agosto sin cerrar una paritaria. El gobierno optó por efectuar pagos unilaterales desconociendo el marco de la negociación colectiva”.

La falta de propuestas de aumentos salariales acorde con la escalada inflacionaria de los últimos meses debe ser analizada en el marco del acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho acuerdo pretende “solucionar” la inflación y el déficit fiscal mediante el ajuste del gasto público y la reducción del poder adquisitivo de la población trabajadora. Pero la crisis está provocada, entre otros factores, por las políticas orientadas a sostener la rentabilidad empresarial y la especulación financiera por encima de las necesidades de la población en general.

Con la defensa de nuestro salario, estamos dando una pelea en el campo de la política económica. Estamos diciendo que el problema de la inflación no es ni nuestro salario ni el gasto público. Los problemas macroeconómicos no se “resuelven” con el hambre del pueblo ni con la mercantilización de los derechos que hemos conquistado.

Por eso esta lucha no es solo salarial. La avanzada contra la educación pública ha sido una de las características más lamentables del actual gobierno, que se ha expresado en la subejecución de partidas presupuestarias en todos los niveles, en campañas mediáticas de desprestigio al trabajo docente y a nuestras instancias de organización gremial; en la falta de inversión en infraestructura básica -que recientemente se ha llevado la vida de dos personas trabajadoras de la educación en una escuela de Moreno-; en el ataque directo a la inversión en la investigación científica -mediante el desfinanciamiento progresivo a sus instituciones y la dotación de cargos-.

Con el fin de deslegitimar nuestro reclamo, el Gobierno recurre a nefastas herramientas discursivas: las mentiras y la demonización de la protesta. Así, por ejemplo, el ex ministro de Educación y actual senador, Esteban Bullrich, manifestó que “hay una campaña montada respecto del peligro que corre la Universidad Pública”.” Duplicamos el presupuesto universitario de 51.000 millones a 103.000 millones”, dijo.

Frente a esto es necesario hacer una cuenta muy sencilla: 51.000 millones de pesos son equivalentes, en 2015, a poco más de 5.000 millones de dólares, mientras que 103.000 millones de pesos -al tipo de cambio actual- son unos 3.200 millones de dólares. De este modo, la “duplicación” del presupuesto en realidad implicaría un recorte en dólares del orden del 36%.

A su vez, el aumento de tarifas de los servicios públicos implica una transferencia mayor de recursos del presupuesto universitario a las empresas privatizadas. A este panorama se le suma el recorte nominal del presupuesto universitario por más de 4.000 millones de pesos y una subjecución de más del 17%.

Pero mentir con los números no es suficiente para el gobierno, también busca deslegitimar el reclamo con argumentos como los del actual ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien dijo que “el paro docente lo impulsa la alianza kirchnero-troskista“, mostrando claramente el desprecio que este gobierno y sus funcionarios tiene por la democracia.

Más allá de que la pertenencia a una fuerza partidaria o a una corriente de pensamiento no es una ofensa, lo que debe destacarse es que el conflicto educativo presenta una pluralidad ideológica y una amplia participación política de diversos sectores que más allá de las diferencias se encuentran unidos en la defensa de las universidades públicas y de los derechos de los y las docentes a un salario que no pierda con la inflación.

La amplia adhesión al paro, el apoyo social del reclamo y las innumerables actividades desarrolladas a lo largo de estos meses evidencian que no hay ninguna fuerza política que pueda atribuirse la contundencia de esta lucha, sino que se trata de una disputa del conjunto de la comunidad universitaria y educativa.

Por todo ello, también estamos defendiendo los pilares fundamentales del sistema universitario nacional conquistados desde la Reforma de 1918: gratuidad, libertad de cátedra, ingreso irrestricto, co-gobierno y autonomía.

En este contexto, la convocatoria a marchar este jueves 30 de agosto de Congreso a Plaza de Mayo resulta un enorme logro, ya que ha sido fruto del acuerdo del conjunto de las federaciones gremiales de docentes y estudiantes. Frente a la intransigencia del gobierno, respondemos con más unidad para ganar las calles en defensa de la Universidad Pública.

* Docente universitario y secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu)

** Docente universitaria y secretaria de Asuntos Académicos e Investigación de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA)

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