Géneros

17 septiembre, 2018

Violencia de género en la política: 8 de cada 10 legisladoras fueron víctimas

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género realizó la primera investigación sobre violencia de género en la política argentina. Basado en testimonios en primera persona, los resultados advierten que 8 de cada 10 mujeres del ámbito político sufrieron violencia o discriminación de género.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de Argentina (ELA) presentó un trabajo que recoge datos y experiencias de legisladoras argentinas con el objetivo de visibilizar la violencia en la política nacional. El informe reúne 45 casos incluyendo legisladoras porteñas y nacionales de 11 provincias (Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Misiones) que representan a partidos de todo el arco político, entre enero de 2017 y junio de 2018.

Según la OEA, la violencia política constituye “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos».

A su vez, espeficica que «la violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.

Basado en dicha definición, el muestreo realizado en Argentina arrojó que el 73% de las entrevistadas afirmó inicialmente haber sufrido violencia política por razones de género, porcentaje que aumentó al 82% luego de preguntarles por acciones concretas.

ELA I

Lucía Martelotte, directora ejecutiva adjunta de ELA desglosó las cifras y advirtió que “se pueden identificar distintos tipos de violencia, siendo la psicológica la más frecuente» ya que «la mitad de las legisladoras la sufrió alguna vez». «Otros tipos bastante frecuentes son la simbólica (28%) y la económica (22%)”, agregó.

Entre los resultados más alarmantes, al 58% de las consultadas le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53% le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso 27% ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género.

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