Nacionales

18 septiembre, 2018

Para procesar a CFK, José López apuntó contra quienes quería Bonadío

El juez federal Claudio Bonadío procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ordenó su prisión preventiva, por considerarla “jefa” de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero de manera ilegal para enriquecerse. La acusación se desprende de las especulaciones del “arrepentido” José López, a las que el fiscal Federico Delgado calificó como no compatibles con las pruebas que aparecen en la causa.

El juez federal Claudio Bonadío procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ordenó su prisión preventiva, por considerarla “jefa” de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero de manera ilegal para enriquecerse. La acusación se desprende de las especulaciones del “arrepentido” José López, a las que el fiscal Federico Delgado calificó como no compatibles con las pruebas que aparecen en la causa.

El ex secretario de Obras Públicas de Néstor Kirchner dijo en la indagatoria que se vio con la actual senadora allá por enero de 2011, y que ella le dijo que debía seguir recaudando dinero. Este supuesto encuentro no tiene ningún testigo.

Pareciera ser que López apuntó a quienes Bonadío quería que apunte: Wado de Pedro, la Cámpora, Justicia Legítima. Dijo que el dinero se les entregó a personas que integran estos agrupamientos. Quien sí admitió que hubo plata que le entregaron para la campaña electoral fue el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, pero llamativamente no aparece en la resolución de ayer.

Tampoco termina de entenderse por qué no aparecen en el texto redactado por la oficina de Bonadío ni Franco ni Mauricio Macri, dueños de la empresa IECSA, la supuestamente más involucrada en este presunto esquema de coimas. Además, en referencia a esta modalidad, no hay en el procesamiento dictado ninguna mención a pagos precisos y menos todavía que puedan ser verificables respecto a sus destinatarios.

Simplemente el fallo señala que una pequeña parte del dinero se usó para la política, pero que lo central estaba en que Néstor y Cristina lo recaudaban para su propio beneficio. Los organizadores de dicha asociación ilícita serían, en este caso, Julio De Vido y Roberto Baratta, y ex funcionarios de menor rango (Néstor Lazarte, Claudio Uberti, Walter Fagyas, etc.).

Por su parte, el fallo indicó que había empresarios que se beneficiaban cobrando sobreprecios en obras, mientras que el letrado calcula que pagaron unos 55 millones en coimas, aunque no hay evidencias que demuestren firmeza. Por ejemplo, la empresa de Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, figura en los cuadernos Gloria del chofer Oscar Centeno con pagos de 13 millones de dólares, pero el empresario dijo que sólo puso 300 mil.

Otro que dijo que había aportado dinero pero nunca en las cantidades mencionadas por el chofer fue Gerardo Ferreyra, titular de Electroingeniería, quien figura con un aporte de 10 millones de dólares, aunque dijo que no superó el millón de pesos.

En cuestión, a ninguno de los principales imputados, empezando por la ex mandataria, De Vido y Baratta, se le detectaron bienes provenientes de ese supuesto enriquecimiento ilícito por el que fueron procesados, pero con estos dos últimos se utilizó la prisión preventiva una vez libres de fueros.

Los allanamientos a la casa del Calafate de la actual senadora resultaron un fracaso, porque no se encontró nada, pero sobre todo un atropello. CFK difundió un video en el que muestra los destrozos que la comitiva responsable del allanamiento realizó en los distintos ambientes de su casa.

Por otro lado, el uso de la ley del arrepentido como un método de extorsión -el que se arrepiente vuelve a su casa, el que niega los cargos va a la cárcel- impide saber la verdad porque nada de lo que dijeron los supuestos “arrepentidos” fue verificado como correspondía por Bonadío.

De manera que si existiera la voluntad de sacar a la luz la corrupción gestada desde el “club de la obra pública”, las cosas deberían ser resueltas en silencio y con bajo perfil, no con un show mediático que se asemeja a la persecución política más que la investigación jurídica.

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