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“Estamos construyendo jurisprudencia popular frente la represión estatal”

“Estamos construyendo jurisprudencia popular frente la represión estatal”
septiembre 24
16:14 2018

El viernes 21 de septiembre seis prefectos fueron condenados por detenciones ilegales y torturas a Iván Navarro y Ezequiel Moya, militantes de La Garganta Poderosa. Gabriela Carpineti, abogada querellante, dialogó con “Insurgentes” por Radio Sur 88.3.

- ¿Cómo recibieron la noticia del fallo y cómo están los chicos?

– Lo cierto es que fuimos testigos pero también artífices de un fallo histórico de la justicia nacional. Histórico porque es un fallo que da cuenta de todas las excepcionalidades que tuvo este caso.

En primer lugar el fallo mismo. Haber condenado por tortura a seis prefectos subordinados de Patricia Bullrich en este contexto donde además las víctimas no resultaron lesionados en términos de gravedad me parece que es muy importante porque da cuenta del compromiso que tuvo la justicia y no porque sean más buenos o más malos los jueces sino porque logramos construir el contexto social y político que nace de la valentía de Iván y Ezequiel de denunciar y de la fortaleza de organizaciones como La Poderosa de sostener un proceso de éstas características.

El trabajo con seriedad, compromiso, sin caer en las provocaciones que permanentemente quisieron que entremos desde la Prefectura y de la ministra Bullrich creo que es un mérito doble.

- ¿Puede sentar precedentes el fallo para otras situaciones similares?

– Claramente. Hubo dos cuestiones en las que coincidimos durante todo el proceso de oralidad con la defensa de los prefectos. Una es que todos entendimos que había responsabilidad penal de los prefectos en los hechos. La discusión que terminó zanjando el tribunal con este fallo era si debían ser calificados como apremios ilegales o como tortura. Finalmente obtuvo la calificación que solicitamos en nuestros alegatos.

La segunda cuestión es la responsabilidad política. Hay un Ministerio que instruye, forma y despliega un discurso del odio como lo hace Patricia Bullrich y eso cala en la subjetividad de los agentes. Transforma una política de seguridad en una política de guerra. Eso es, en definitiva, lo que hizo Bullrich y con esto no estoy defendiendo la gestión de Sergio Berni. Fuimos muy críticos de su gestión fundamentalmente en los barrios periféricos de la ciudad, en las villas y en los asentamientos. Pero lo cierto es que Bullrich ha transformado una política de seguridad en una verdadera política de guerra donde la eliminación del distinto es la norma y es parte de procedimientos habituales que van desde detenciones ilegales, cacheos, paseos por los patrulleros, hasta extremos como torturas físicas y psicológicas como en este caso.

Todo eso ya no puede ser llamado eufemísticamente como apremios ilegales, vejámenes, correctivos, errores o excesos de las fuerzas, sino que tiene un nombre, una calificación legal y una condena. También hay un mensaje muy fuerte para los trabajadores de las fuerzas de seguridad: no se armen contra el pueblo, no le hagan caso al discurso del odio, no lo hagan carne porque quienes terminan pagando penalmente son ustedes. Bullrich está libre y los prefectos están presos.

- ¿Qué diferencia hay entre denominar tortura a este delito en vez de apremios ilegales?

– En particular, la tortura es un delito calificado en nuestro código penal con un mínimo de 8 años de pena y con un máximo de 25. El desarrollo doctrinario es amplio en nuestro país y en todos lo países que han sufrido genocidio de Estado que han sido juzgados. En términos jurisprudenciales, lo cierto es que es una condena histórica porque no tenemos registro en relación a fuerzas federales y mucho menos en este gobierno que la justicia haya fallado y haya condenado por torturas cuando no hay lesionados graves.

Pero nuestro planteo en los alegatos fue muy claro, uno no puede evaluar de forma separada la lesión física, el daño psicológico o la situación a la que fueron sometidos, el simulacro de fusilamiento como si fuesen hechos aislados. Se evalúa integralmente y eso es lo que le da el carácter de gravedad al hecho, con el apoyo doctrinario y obviamente entendiendo que esto es un delito gravísimo de violación a los derechos humanos, la calificación merecida es torturas.

Hay un juez que ha escrito mucho sobre esto, Daniel Rafecas, en quien en términos doctrinarios nos hemos apoyado para justificar nuestro pedido de pena con esta calificación. Tiene que ver con la evaluación integral que uno hace de cada uno de los vejámenes sufridos, que no son vejámenes sino que es tortura.

- A partir de la llegada de Cambiemos, sin dejar de lado la observación que hiciste a la gestión de Berni, pero haciendo foco en estos últimos ¿Se observa una diferencia a partir de esta doctrina “Chocobar” como también la llamamos en distintas oportunidades y estos regímenes vinculados sobre todo a la violencia con los sectores populares?

– Creo que hay algunos rasgos endémicos de las fuerzas de seguridad en nuestro país que nuestra transición democrática desde 1983 en adelante no ha podido resolver como la lógica castrense de la actuación de los agentes que uno observa en casos como el de Iván y Ezequiel. Esto a pesar de que en el los ’90 ha sido eliminado el servicio militar obligatorio y han existido distintos tipos de reformas de las fuerzas de seguridad.

Desde el punto de vista discursivo y desde la pretensión política, la asunción de Nilda Garré y la creación de un Ministerio de Seguridad han sido un intento fallido, incompleto. Tuvo muy poco tiempo para desarrollarse el intento de control civil de las fuerzas de seguridad y poder de una vez y para siempre desarraigar la formación represiva que reciben estos agentes. Lo cierto es que cumplen un rol determinado que tiene que ver con quienes gobiernan. Es inescindible cómo actúan las fuerzas de acuerdo al contexto económico. Sin ponerme tan retro, pero siempre hay que traerlo a colación a Rodolfo Walsh que decía que las causales del genocidio planificado había que buscarlas en las razones económicas. Algo de eso en otra dimensión se repite hoy.

El despliegue de las fuerzas represivas hoy tiene que ver con justamente poder contener los objetivos de este plan económico que tiene como principal objetivo disciplinar a la masa de los trabajadores. Iván y Ezequiel son jóvenes trabajadores de un barrio popular. Que podamos ganar en materia de derechos humanos para los trabajadores es un gran mérito. Muchas veces los derechos humanos aparecen como un patrimonio de los organismos o de especialistas. Acá los derechos humanos son de carne y hueso y tienen la piel de los laburantes en casos como este.

- Las condiciones económicas que generan determinado movimiento social para el cual el gobierno está preparándose muy fuerte, por ejemplo no rebajó a secretaría el Ministerio de Seguridad como si lo hizo con otros.

– Exactamente. Cuando hay una política de guerra en relación a determinados sectores sociales y determinados territorios la tortura se vuelve una práctica necesaria para llevar adelante ese plan. El objetivo de la tortura no necesariamente es la eliminación física del otro, pero si el sometimiento y la destrucción de su subjetividad. El efecto más fuerte acá es el disciplinamiento moral que genera en los cuerpos de los jóvenes este tipo de prácticas. Es así no te vestís, así no hablas, a esta hora por acá no caminás. En definitiva te expulsan de tu propio barrio, de tu propia circunstancia porque el objetivo es ese.

Se juegan muy fuertes los mandatos de la masculinidad de los agentes de las fuerzas. Estos agentes para llevar adelante esta política de guerra que les propone Bullrich tienen que poder subordinar a otros varones, que seguramente tienen trayectoria parecida a los agentes. Porque las edades de la mayoría de estos son entre 20 y 30 años. En un punto son coetáneos generacionalmente de sus víctimas y para hacerse fuertes en esos territorios en donde despliegan las políticas de guerra tienen que poder subordinar a otros varones jóvenes y decirles cómo tienen que vivir.

- Lo que mencionas me lleva a los hechos de la semana pasada y a los golpes que recibió Jackie Flores, referente de la CTEP, en su vagina dentro de la Comisaría 18° de la Policía de la Ciudad.

– Justo ahora estamos con unos compañeros por presentar una denuncia respecto de los hechos del martes pasado. Creo que entre todos estamos construyendo jurisprudencia popular, estamos construyendo una gran resistencia frente la represión estatal y la violencia desplegada desde el Estado y esperemos que este acumulado de la lucha social y política y organizativa que damos desde los movimientos populares entre otras cosas sea escuchado el año que viene en las elecciones. Lo que tenemos que lograr es construir otro gobierno.

Foto: @gargantapodero

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