Derechos Humanos

29 octubre, 2018

En el gobierno buscan modificar la Ley Migratoria por vía legislativa

Días atrás, el senador rionegrino, Miguel Ángel Pichetto, pidió expulsar del país a “los dos venezolanos, el paraguayo y el turco que fueron detenidos en el Congreso”, en medio de la desbocada represión en manos de la Policía de la Ciudad mientras se debatía el Presupuesto 2019. Sus dichos dejaron en la bandeja del gobierno la iniciativa para modificar la Ley Migratoria.

Días atrás, el senador rionegrino, Miguel Ángel Pichetto, pidió expulsar del país a “los dos venezolanos, el paraguayo y el turco que fueron detenidos en el Congreso”, en medio de la desbocada represión en manos de la Policía de la Ciudad mientras se debatía el Presupuesto 2019. Sus dichos dejaron en la bandeja del gobierno la iniciativa para modificar la Ley Migratoria, luego de que la Corte haya declarado inconstitucional el decreto 70/2017.

El pedido del titular del bloque Argentina Federal habilitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par de Interior, Rogelio Frigerio, a insistir sobre la deportación de los acusados, por más que cada vez haya menos elementos judiciales que demuestren su culpabilidad en los acontecimientos sucedidos el pasado miércoles en las afueras del Congreso de la Nación.

El interés del Poder Ejecutivo es volver a proponer el endurecimiento de las penas que buscó aplicar en el decreto 70/2017 firmado por el presidente Macri y declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El texto establecía una serie de modificaciones a la Ley de Migraciones 25.871, y acortaba los tiempos para definir la expulsión de extranjeros con causas o con antecedentes penales. A la vez, definió condiciones más estrictas para su ingreso y permanencia, e incrementó los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina.

Durante el tiempo que dicho decreto duró en la legalidad, se redujo de 180 a 90 días la autorización de permanencia precaria para extranjeros que iniciaban trámites de residencia en el país, y se extendieron los plazos para reingresar al país luego de una expulsión, de cinco a ocho años.

En aquel entonces, el DNU fue cuestionado en la justicia por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante un año, hasta que la Corte declaró su inconstitucionalidad debido a que la decisión del presidente constituía “una apropiación ilegítima de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, habida cuenta de que no se demostró la existencia de que no se demostró la existencia de las circunstancias excepcionales que hicieran imposibles los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la modificación de la ley migratoria”, dictó la definición judicial.

Es decir, que la reforma debía pasar por el Congreso. Con los dichos de Pichetto, se abre así el paraguas para buscar consensuar un proyecto que endurezca las represalias a habitantes extranjeros que quieran ingresar o permanecer en Argentina.

Según reveló el periodista Claudio Mardones en Tiempo Argentino, el gobierno concretó 1332 expulsiones de extranjeros: 323 en 2016, 489 en 2017, y 520 en lo que va del 2018.

En tanto, el senador justicialista sostuvo que la Dirección Nacional de Migraciones debería tener “estructura y logística” y que se debía crear “el fuero migratorio y la Policía migratoria”, además de profundizar el “intercambio de Inteligencia con los países latinoamericanos, para saber quién es quién cuando ingresan a la Argentina”.

Respecto a las críticas que obtuvo por sus declaraciones, manifestó: “No me preocupa que me digan Bolsonaro, eso lo hacen para no dar el debate de fondo. Son los políticamente correctos de la Argentina, los buenos, los igualitarios”. En tanto, acusó a los extranjeros detenidos por la Policía de que “estaban tirando piedras a los 60 días de llegar” y agregó que la Argentina iba “camino a la decadencia”.

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