Géneros

9 noviembre, 2018

Tucumán: la provincia que quiere prohibir los abortos en casos de violación

Más de la mitad de los legisladores provinciales firmaron un proyecto para prohibir los abortos para víctimas de violación que el Código Penal habilita desde 1921.

Más de la mitad de los legisladores provinciales firmaron un proyecto para prohibir los abortos para víctimas de violación que el Código Penal habilita desde 1921.

Tras declararse en agosto pasado la primer provincia “pro vida” de Argentina, Tucumán ahora buscan contradecir el ley vigente y prohibir que las mujeres que hayan sido víctimas de violación puedan acceder a la interrupción legal del embarazo.

El proyecto “Protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer”, que cuenta con la adhesión de 29 de 49 diputados y diputadas, sostiene la “no discriminación al niño por nacer” y establece que queda “absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”. De esta manera, se contrapone con el artículo 86 del Código Penal que fue confirmado por el fallo F.A.L. de 2012 de la Corte Suprema, que además promovió la adhesión a un protocolo de acceso a ese derecho a fin de remover todos los obstáculos jurídicos, médicos y administrativos que impidieran a las mujeres acceder a un aborto seguro.

En tanto, el diputado Marcelo Caponio (PJ), impulsor de la medida y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales del Parlamento tucumano, aseguró: “Respetamos todas las normas y lo establecido en la Carta Magna. No vamos en contra de ningún artículo. Estamos avanzando para que no quede en una cuestión declamativa, sino que el Estado esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas”.

Además de prohibir la interrupción del embarazo, el proyecto plantea la posibilidad de considerar “declaración falsa” el relato de la mujer y habilita a los médicos, y al resto del personal sanitario interviniente, a hacer la denuncia ante la fiscalía de turno y pedir la intervención del Defensor de Menores. Para ello, solo haría falta la “sospecha de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”. De esta manera, se abre la puerta a la persecución de las víctimas de violación que no deseen continuar adelante con la gestación del feto.

Sumado a ello en el artículo 7, se considera como una forma de “violencia contra la mujer, toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto”. Por lo que atenta contra la oportunidad de acceder a libre información, derecho ya otorgado por el Código Penal.

Cabe destacar que en febrero del año que viene perderá estado parlamentario el proyecto que busca adherir a la ley de Educación Sexual Integral, por lo que se convertirá en la única provincia en no acceder a dictar clases sobre sexualidad en las escuelas. Además, es también el único distrito que no adhirió a la ley 25.673 que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población.

Desde la fundación tucumana Mujeres x Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir, emitieron un comunicado suscrito por Amnistía Internacional, el CELS, ELA y otras organizaciones, donde rechazaron la medida presentada en el parlamento. “Repudiamos el desconocimiento total del orden constitucional que revela la propuesta de proyecto de ley presentado con la firma de 29 legisladores con la finalidad de crear barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1921 por el ordenamiento penal”, advirtieron.

En el mismo sentido sostuvieron que “esta iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial, del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país, que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo”. Y agregaron: “La interrupción de un embarazo producto de una relación sexual forzada no puede prohibirse provincialmente, como así tampoco pueden agregarse requisitos médico burocráticos para el acceso a esas prestaciones sanitarias, en tanto la Corte Suprema de Justicia en fallo ‘F.A.L’ ya ha condenado este tipo de exigencias calificándolas en el año 2012 como ‘violencia institucional’. Asimismo, la violación del secreto profesional que alienta en el art. 21 del proyecto compone un delito que se contrapone con el orden legal de la confidencialidad propia de toda relación sanitaria”.

El proyecto, denuncian, “carece de valor jurídico” y forma parte de “estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva -propia de sectores fundamentalistas- que se oponen a la secularización de los planes de vida auto-gobernados y a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas. Y contribuyen al mismo tiempo a que los efectores de la salud denieguen ilegalmente abortos que son legales”.

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