Derechos Humanos

4 diciembre, 2018

Repudios a la resolución de Bullrich que otorga a efectivos de la Federal la libertad de disparar

Los rechazos a la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mediante el cual habilita a la Policía Federal a emplear sus armas en situaciones de persecución y posibles delitos, no tardaron en hacerse escuchar. CORREPI denunció que con la resolución se estaba convirtiendo en ley el gatillo fácil, mientras que el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni la calificó como una “irresponsabilidad” del gobierno de Cambiemos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una nueva reglamentación en el uso de armas de fuego que habilita los uniformados a disparar en situaciones de persecución y posibles delitos. Los rechazos a la medida no tardaron en hacerse escuchar: la Coordinadora contra la Represión y la Violencia Institucional (CORREPI) denunció que con la resolución se estaba convirtiendo en ley el gatillo fácil, mientras que el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni la calificó como una “irresponsabilidad” del gobierno de Cambiemos.

Durante la Cumbre del G-20 Bullrich había anunciado una resolución que ampliaba el margen de acción de efectivos de seguridad a la hora de utilizar sus armas de fuego. Días después que todas las comitivas se retiraran del país y a través del Boletín Oficial con la Resolución 956/2018 se oficializó que los uniformados gozarán de tener más “libertad” a la hora de disparar.

Esta nueva medida habilita, entre otras cosas, a dispararle a toda persona que represente un “peligro inminente” aunque no esté armada, lo que fue denunciado por organismos de derechos humanos como una forma de oficializar los casos de gatillo fácil.

A través de un comunicado, la CORREPI señaló: “Con esta norma en vigencia, no sólo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial . También señalaron que este accionar podría utilizarse también en las movilizaciones populares.

De esta forma, la medida elaborada desde la cartera de Seguridad deroga la reglamentación existente a partir del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU que establece que los agentes de seguridad “respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.

Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante 2017 murieron 146 personas en hechos de violencia con participación policial sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Asimismo, CORREPI apuntó que cada 23 horas había un caso de gatillo fácil en Argentina.

Según la norma vigente los efectivos policiales tenían autorizado el uso de la fuerza y las armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces. Los agentes podían “repeler las hostilidades” y, aun en ese caso, a modo “disuasivo”. Ante la duda, solo podían “hacer memoria”, recordando cómo estaban vestidos los delincuentes, o si tenían tatuajes, por ejemplo, para poder identificarlos en algún momento.

Ahora bien, la nueva reglamentación le permite a los efectivos disparar en los siguientes casos:

– En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.

– Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.

– Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.

– Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.

“Se trata de una ampliación de qué es el cumplimiento del deber y de lo que significa una situación de peligro inminente, que es el recurso que usan muchos policías para justificar el uso desproporcionado de la fuerza”, explicó Manuel Tufró, coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.

Por su parte, Zaffaroni, quien también es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que “este reglamento es una irresponsabilidad por parte de la cadena de mando de las Fuerzas de Seguridad”, y agregó que las cúpulas que conducían los organismos de seguridad estaban “incitando a las fuerzas de seguridad a violar la Ley Penal”.

La decisión gubernamental va en sintonía con las declaraciones que tuvo Patricia Bullrich y su jefe de Gabinete, Gerardo Milman, cuando salieron en la defensa del policía Luis Chocobar, quien atraviesa un juicio acusado de asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años, quien huía tras asaltar y, presumiblemente, apuñalar a un turista estadounidense en las calles de La Boca.

Para la CORREPI la modificación la reglamentación del uso de armas de fuego es una forma que será útil “para justificar represiones y asesinatos en movilización y manifestaciones populares. Bastará que algún policía diga ‘me pareció ver alguien armado’ o ‘vi un gesto que indicaba la inminente utilización de un arma’ en la multitud para disponer de tiro limpio contra todos. Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un atributo del poder”.

Juan Manuel García Vieira – @juanmagarciavie

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