Derechos Humanos

5 diciembre, 2018

La Corte dio marcha atrás con el 2×1 y expuso a Rosenkrantz

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema de Justicia revirtió el fallo que dictó en 2016 que otorgaba el beneficio de 2×1 a genocidas de la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. La negativa provino del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema de Justicia revirtió el fallo que dictó en 2016 que otorgaba el beneficio de 2×1 a genocidas de la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. La negativa provino del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.

Tras el polémico fallo en mayo del año pasado, el Congreso aprobó la ley 27.362 que establece que “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra”. Luego de su aprobación, las distintas instancias judiciales rechazaron los pedidos presentados por los abogados de los represores detenidos que aspiraban a recibir el beneficio. Por primera vez se vio una desobediencia masiva a la Corte Suprema por parte de los tribunales subordinados.

Este lunes, el máximo tribunal rechazó la aplicación del denominado 2×1 para el cómputo de la pena de Rufino Batalla, condenado a 13 años de prisión por el asesinato de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y dio marcha atrás con su propia resolución.

“No resulta irrazonable coincidir con el legislador-intérprete en que las conductas criminales tipificadas como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional constituyen fundamento suficiente para sustentar la imposibilidad de aplicar a sus autores el beneficio del ‘2×1’ en el cómputo solicitado”, señalaron los jueces que votaron contra el otorgamiento del beneficio.

En tanto, Rosenkrantz como único disidente manifestó que “el hecho de que la ley 27.362 haya sido la consecuencia de un gran consenso, y de que dicho consenso haya sido expresivo de una reacción ciudadana motivada por el ideal descrito, no implica, sin embargo, que sea constitucionalmente válida”.

Tras conocerse el fallo, organismos de derechos humanos celebraron la decisión y aseguraron sentirse “muy aliviados”. En conferencia de prensa, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora sostuvo que era “un logro de los masivos pañuelazos. Estamos demostrando que a pesar de los años que tenemos, los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos luchando”. Además, dijo que “este es el resultado del pueblo unido, que jamás será vencido. Es lo que hay que seguir haciendo, tomando la calle y poniendo el cuerpo”, en referencia a la masiva marcha del 10 de mayo de 2017 que concentró en Plaza de Mayo para repudiar la decisión del otorgamiento del 2×1 a genocidas y desembocó en la Ley 27.362. “Esperemos que sea el comienzo, que nos demuestren que la Justicia es totalmente independiente”, concluyó.

En la misma línea, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que si aquel dictamen no era corregido hubiera significado “una amnistía como en su momento aplicó [el ex presidente Carlos] Menem, lo que daña el derecho de verdad, de justicia, de reparación del daño hecho a toda la sociedad y a la humanidad”. En tanto, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, entendió el fallo de ayer como “la conclusión de la gran resistencia de los organismos de derechos humanos y de la sociedad”.

“Estoy muy contenta con el fallo. Imagino que también en Abuelas deben sentir un alivio muy grande porque Batalla es uno de los responsables por el caso de Laura Carlotto”, resaltó por su parte Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.

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