¿Qué hay detrás del proyecto que quiere bajar la edad de imputabilidad?

El pasado lunes 7 de enero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación una propuesta para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que pretende bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años e impedir el avance de una “carrera delictual” en los jóvenes.

Al anunciar el proyecto, Bullrich sostuvo que “la finalidad principal” del nuevo régimen era fomentar en el adolescente “el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social”. Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas (LESyC), analizó para Notas el trasfondo del proyecto.

“El delito juvenil es un problema sobrerrepresentado. Si miramos el problema con las estadísticas oficiales en la mano, nos daremos cuenta que se trata de un problema menor, que se trata de un problema pero que no guarda proporción con las coberturas mediáticas”, sentenció el especialista.

Un estudio realizado por UNICEF expuso que hasta el año 2015 la cifra de menores de 16 años privados de su libertad era del 6.3%, mientras que la de las personas entre 16 y 17 años era del 60.5%. Otros delinquieron siendo menores y son mayores de edad. En aquel entonces, el total de jóvenes privados de su libertad era de 1305, una cifra minoritaria respecto del total de personas dentro del sistema penal.

En este sentido, Alzueta señaló: “Hay que imaginar otras formas creativas para abordar el problema, porque no debemos perder de vista que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, es decir, de los actores más vulnerables”, en referencia a “formas restaurativas, de vergüenzas reintegrativas, de políticas de perdón y reparación”. O sea lo contrario a la justicia retributiva, la violencia policial y el castigo.

Por otra parte, el nuevo sistema permitiría que se realicen controles por parte del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y otros organismos de derechos humanos para evitar el abuso de poder por parte de las autoridades y personal de las instituciones.

“Esto es necesario en todos los establecimientos y no solamente en los destinados a los más jóvenes”, manifestó Rodríguez Alzueta, pero señaló que las policías abordaban esta situación “a través de prácticas que funcionan al margen del Estado de derecho, como el hostigamiento policial, el armado de causas para mandar al pibe a una temporada al infierno y sacárselo de encima, o las palizas en las comisarías”.

Además, sostuvo que “estos controles no alcanzarían porque el Poder Judicial no controla a la policía como debiera hacerlo”.

Entre la condena y la exclusión social

Alejandro Valenzuela es referente de la organización social Vientos de Libertad – Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y rehabilitado en una de las casas de internación y acompañamiento para jóvenes en situación de consumo que funciona en General Rodríguez. “Creo que la solución no es la baja de edad de imputabilidad. Primero tenemos que entender que hay un Estado ausente donde nuestros pibes y pibas nacen en un contexto de alta vulnerabilidad, donde realmente no tienen acceso a necesidades básicas como la salud y la educación”, explicó a Notas.

Valenzuela explicó que “solamente el poder punitivo aparece para condenar al pibe y no se piensan alternativas para reinsertarse en la sociedad”, mientras que “las cárceles terminan siendo un depósito donde pibes terminan excluídos de todo proyecto de vida”.

Asimismo, aseguró que “más allá de todo, son pibes que tienen una realidad diferente, que se han equivocado”, y agregó: “lo que más molesta es que siempre somos los de abajo los que terminamos pagando las consecuencias, mientras que el poder está pensado sólo para un sector de los que más tienen”.

La “vecinocracia”

Rodríguez Alzueta señaló que su mayor preocupación era que la clase política “le dice a la vecinocracia lo que ésta quiere escuchar”, y añadió: “El gobierno se dio cuenta que la inseguridad es una de las pocas fuentes para ganarse la adhesión de distintos sectores sociales. Los funcionarios saben que si no pueden hacer política con el trabajo, la salud y la educación, entonces el delito es uno de los pocos lugares que le queda al gobierno para presentarse como merecedor de votos”.

“Van a prometer más policías, cárceles, armas, penas, bajar de la edad de punibilidad a cambio de votos. Mientras que la lucha contra el delito callejero, los narco-villeros y los llamados pibes chorros constituye la oportunidad de transformar los problemas sociales en problemas policiales y de esa manera desplazar el centro de atención”.

El devenir de los señalados

Por último, el investigador explicó que un gran porcentaje de los jóvenes que delinquen en algún momento dejan de hacerlo sin necesidad de una intervención por parte de cualquier institución.

“La gran mayoría de los pibes dejan de robar o bardear porque encontraron trabajo, se mudaron, crecieron, se casaron, tuvieron un hijo, empezaron a militar en algún movimiento social o una organización religiosa. Es lo que algunos autores llamaron ‘reforma madurativa’”, e imploró a “no contribuir a sobredimensionar los problemas, porque ya sabemos que un problema mal planteado es un problema sin solución”.

Lara Guerrero – @LaraAGuerrero

Foto de portada: Pedro Ramos