Salud

16 enero, 2019

Jujuy: el gobernador anunció que se respetará el derecho de la niña violada a un aborto seguro

Una niña de 12 años en la provincia de Jujuy, violada y con embarazo en curso, tiene sus derechos vulnerados por la negativa de médicos del hospital a practicarle un aborto seguro, tal como obliga la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En el medio, grupos antiderechos encabezados por una diputada radical reclaman que no se aplique la ley.

El gobernador Gerardo Morales confirmó a medios nacionales que se cumplirá con el artículo 86 inciso 2 del Código Penal y se respetará el derecho de la víctima a un aborto seguro. El caso está contemplado en las tres causales que dicta la ley. Aún así, la decisión sigue dilatándose, los médicos se niegan a intervenir y una diputada aliada al gobernador encabezó una protesta de sectores antiderechos para evitar que la niña interrumpa su embarazo.

La niña, oriunda de San Pedro, Jujuy, había exigido que se implemente la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ya que se trataba de una gestación producto de una violación por parte de un vecino, de 58 años. El 11 de enero, la menor había ingresado con dolores estomacales al hospital Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro, y días después fue trasladada a un hospital de la capital de la provincia.

“Está en riesgo la salud de la niña, de modo tal que la orden que he impartido desde que conocimos el tema, y frente a todas estas situaciones que han generado algún tipo de confusión, es que en lo inmediato se proceda a interrumpir ese embarazo y cumplamos con el fallo de la Corte”, dijo Morales a TN. Además, se despegó de la diputada Burgos: “Esta es la posición contundente del gobierno, las otras expresiones de legisladores son personales pero no tienen que ver con la del Poder Ejecutivo”.

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Diputada Gabriela Burgos (UCR).

Este caso está previsto en las causales de aborto no punible establecido en el fallo FAL, al que Jujuy está adherida. Por el contrario, el director del hospital, Marcelo Villa, decidió derivar el caso a la justicia, pero el fiscal de turno, José Alfredo Blanco, dijo que la decisión competía a la víctima y su familia.

“Esto tendría que haberse cumplido el viernes, mismo día que fue trasladada al hospital infantil”, sostuvo Luz Díaz, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y agregó que el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, “no interviene para que los profesionales realicen la práctica”.

A su vez, denunció que se avaló “que los grupos antiderechos” se presentaran en la puerta del hospital para “amedrentar y presionar”, a la par de haber intentado generar “un consenso a través de la prensa”.

Los profesionales que se niegan a ajustarse a derecho argumentaron que era necesaria una nueva reevaluación, pero mientras pasa el tiempo la niña se encuentra siendo revictimizada y evaluada “por la moral del equipo médico que debiera estar a su servicio”, alegaron desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

A su turno, denunciaron que diversas instituciones del Estado nacional y provincial “lejos están de garantizar los mecanismos correspondientes para evitar y sancionar” a quienes pretendían “obstaculizar e impedir el acceso a los derechos humanos”.

En tanto, el caso ya tiene su denuncia penal, y desde la Campaña exigieron acciones inmediatas al Estado para revertir esta vulneración de derechos de la niña, y a los médicos que “cumplan con su trabajo”.

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