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Información falsa: el eje de EEUU para el golpe en Venezuela

Información falsa: el eje de EEUU para el golpe en Venezuela
enero 25
10:35 2019

Mucho se habla en los últimos tiempos de las fake news. En general se asocia el término a una anomalía favorecida por las redes sociales. ¿Pero qué sucede cuando es la principal potencia militar del mundo la que difunde noticias falsas con un objetivo geopolítico? ¿Y cuando estas son replicadas por gobiernos, medios y periodistas “serios” que olvidan chequear, aún cuando sea tan fácil como googlear la Constitución de un país y leer un párrafo?

Este es el caso de Venezuela desde hace varios años. Pero en el inicio de 2019 asume una magnitud sorprendente, en particular en relación al artículo 233 de la Constitución. Se trata del principal argumento para justificar legalmente la destitución del mandatario en funciones, Nicolás Maduro -electo presidente en mayo de 2018 con 6,2 millones de votos- y el nombramiento de Juan Guaidó, electo diputado en diciembre de 2015 con 97 mil votos.

El artículo 233 es usado por parte de diferentes tipos de actores, desde el autoproclamado presidente apoyado por USA, Juan Guaidó, hasta cuentas de twitter desconocidas, pasando por periodistas y medios de comunicación afines que le dan crédito y lo amplifican de acuerdo a sus intereses.

El artículo 223 se encuentra en una búsqueda de un segundo en internet y dice en sus dos primeros párrafos:

“Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.

En su autoproclamación, Guaidó señaló también los art. 333 y 350, pero en lo que hace a la situación actual, el argumento principal es el 233, que es el único artículo de la Constitución que ofrecería la posibilidad de pasar de la presidencia del Parlamento a la del Ejecutivo, solo por decisión del Parlamento.

El detalle de esta justificación es que el segundo párrafo es la continuidad del primero, y este dispone que la falta absoluta del presidente electo –es decir, lo que habilitaría la legalidad en la asunción de Guaidó- se da a partir de las seis causales mencionadas: 1. Muerte, 2. Renuncia, 3. Destitución por parte del TSJ Poder Judicial, 4. Declaración de incapacidad física o mental declarada por Junta Médica y refrendada por el TSJ y la AN, 5. Abandono del cargo declarado por la AN y 6. Revocación popular. El artículo es taxativo: no deja abierta la posibilidad de invocar ninguna otra causa.

Apegándonos a los hechos, es evidente que no se dan ninguna de las seis causas del primer párrafo del artículo 233: Nicolás Maduro está ejerciendo el cargo a pesar de intentos varios por renunciarlo, destituirlo por la fuerza e incluso asesinarlo –como sucedió en agosto de 2018.

Sin embargo, quienes sostienen la legalidad de la autoproclamación de Guaidó recurren de todos modos al segundo párrafo. Y a partir de ahí, justifican también la legitimidad de USA y otros gobiernos extranjeros para intervenir en los asuntos de Venezuela para respaldar a Guaidó e e incluso imponerlo en la presidencia sin haber sido votado para ello.

Esta ofensiva se da por medio de un abanico de medidas que incluyen la presión de organismos como la OEA, el bloqueo económico, el apoyo abierto a actividades de agitación internas de carácter violento, y –está por verse, pero cada vez se instala más- la creación de un foco paramilitar para dar paso a la intervención militar extranjera. En este sentido, el presidente de USA, Donald Trump, ha repetido que hay un abanico de posibilidades y “todas las opciones están sobre la mesa”. El mismo tono usado por figuras como el vicepresidente Mike Pence y el senador republicano Marco Rubio, influyente en la política exterior. En todos los casos se apela a la Constitución venezolana, aunque ni se toman el trabajo de demostrarlo.

A su vez, con esta situación ocurre algo muy llamativo: si bien públicamente se invoca el art. 233, para intentar que se lea solo un recorte, en los primeros actos formales del “gobierno desde la AN”, Guaidó evita referirse a esa norma. Es el caso, por ejemplo, del nombramiento de su representante ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, difundido el 22 de enero por el propio presidente de la AN a través de su cuenta de Twitter.

Allí, Guaidó compartió foto del acta de designación, donde no aparece el art. 233, sino el 333. Otro dato significativo es que el acto de gobierno se difunde como resolución parlamentaria y no como presidencial. Sin embargo, en todos los niveles de la comunicación pro opositora se verifica una matriz de instalación del supuesto del artículo 233, por el que se habría investido como presidente. La guerra de declaraciones diplomáticas se dan en torno a este punto, pero la propia comunicación oficial del que sería nuevo gobierno se contradice y desmiente a sí misma.

Venezuela y un largo historial de noticias falsas

En relación a este país es habitual que se repliquen reportes sin chequear que rápidamente llevan a la duda por su fuente original. En este caso suele ser evidente o al menos la alerta es inmediata. Pero también es recurrente que haya operaciones más sofisticadas, donde participan pesos pesado de la arena pública, que elaboran una mentira de alto nivel con el objetivo de posicionarse mejor en la opinión publica.

En este último caso, la información falsa se amplifica “hacia abajo” a través de los medios de comunicación oficiales o paraoficiales, y de inmediato se multiplica como verdad en el mundo ¿virtual? de las redes sociales. De esta manera se puede justificar una guerra, como sucede en Oriente Medio o diferentes escenarios de presión sobre gobiernos considerados hostiles a la idea de democracia y soberanía que proponen determinadas potencias.

El caso del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (tal su nombre oficial) se trata de una situación inusual, porque tiene un poco de los dos: encumbrados actores que lo sostienen y medios considerados serios que difunden un argumento de fragilidad extrema. Tanto que algunos periodistas que contribuyen a instalar el argumento lo hacen de modo vago y rehúyen la posibilidad de brindar argumentos. Sobre el rol de los medios y periodistas serios que se activan de forma militante, hablaremos en una segunda parte de este artículo.

Fernando Vicente Prieto – @FVicentePrieto

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