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Luciano Arruga: la década injusta

Luciano Arruga: la década injusta
enero 31
19:30 2019

En la madrugada del 31 de enero de 2009, Luciano Arruga, de 16 años, corría desesperado cruzando la avenida General Paz cuando un auto lo atropelló. Luego fue trasladado al hospital Santojanni, donde murió tras ser operado. Detrás de esta escena se escondían horas de tortura en la comisaría 8ª de Lomas de Mirador y en uno de los patrulleros, porque Luciano se había negado a robar para la policía.

Desde aquel día, los familiares y amigos de Luciano Arruga sostuvieron una lucha constante por saber qué pasó aquella noche y por recuperar el cuerpo desaparecido durante 4 años y 8 meses, y enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.

Sin descanso, el colectivo se encargó de denunciar, tanto a los autores materiales como a los jueces y fiscales responsables de encubrir a los primeros, impedir la averiguación de los hechos, negar el habeas corpus presentado en dos ocasiones y retrasar el cambio de carátula a “desaparición forzada”.

En constante reinvención

Mónica Alegre, su mamá; y Vanesa Orieta, su hermana, tuvieron que enfrentarse a un entramado de complicidades entre distintos actores estatales para obtener información que no solo incluía a la policía bonaerense y la justicia, sino a los medios amigos del Estado y la sociedad civil. Estos últimos cumplían un rol fundamental en la estigmatización de los pibes de barrios populares y la invisibilización de la violencia institucional sobre estos ellos.

La estrategia abordada desde un primer momento fue la organización y la movilización popular, que mes a mes fue creciendo hasta llegar a marchas masivas, con el apoyo de diversos movimientos sociales y de derechos humanos. Sumado a esto, los familiares y amigos de Luciano Arruga recorrieron todos los medios populares y alternativos que pudieron, difundiendo el caso y pidiendo justicia.

Su madre y hermana, supieron que la historia de Luciano no era un caso aislado. En este sentido, enmarcaron su denuncia al Estado como responsable de las víctimas de gatillo fácil y violencia institucional, así como también la falta de oportunidades para los jóvenes de las villas. “Luciano es el ejemplo de una problemática que se lleva la vida de miles de pibes y pibas en los barrios. Esto tiene que ver con una lógica de represión estatal”, sostuvo Vanesa Orieta en una entrevista por los 10 años del asesinato de su hermano a La Garganta Poderosa.

Lo que era y lo que es Luciano Arruga

Luciano “cartoneaba, le gustaba ir a bailar, tener amigos, jugar a la pelota descalzo, tenía sueños, como todo pibe”, dice Mónica en la entrevista a la revista villera. Un jóven que podría describir lo que hace cualquier pibe de barrio, con un destino que hoy, más que nunca, puede ser el de muchos.

En febrero, el gobierno de Mauricio Macri intentará bajar la edad de imputabilidad de 16 años a 15, incumpliendo con los acuerdos internacionales de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Esta reforma, de ser aprobada, se traduciría en un incremento del hostigamiento policial que ya reciben los pibes de las villas, mientras cada vez más derechos se vulneran con el desfinanciamiento de los programas de niñez, el encarecimiento de los productos de primera necesidad, el cierre de los clubes barriales y la precarización del sistema de salud y educación.

En un comunicado de Familiares y Amigos de Luciano Arruga por los 10 años de su muerte y desaparición forzada se denunció: “Ante una pobreza en aumento, con sectores excluidos al mango, con pibes o pibas que no tienen otra alternativa, a veces, que salir a chorear, con más cocinas de paco que plazas para jugar, con cárceles plagadas de pobres en condiciones infrahumanas difíciles de imaginar, con todo esto y más tenemos que volver a escuchar, por enésima vez, que la solución es bajar la edad de imputabilidad”.

Lo que se alcanzó

Gracias a la lucha sostenida, se lograron victorias parciales como la condena al policía Diego Torales a 10 años de prisión, por torturas cometidas contra Luciano en el destacamento policial N° 8 de Lomas del Mirador, 4 meses antes de su desaparición.

Además, se consiguió la expropiación del destacamento policial donde el adolescente fue torturado antes de ser desaparecido para convertirlo en una biblioteca popular y una radio comunitaria, en la que se ofrecen talleres para los vecinos y vecinas del barrio 12 de Octubre y se dan clases de apoyo escolar.

La causa todavía sigue paralizada, mientras “la familia pide “el juicio político para las fiscales Castelli y Cejas y para el Juez Banco, cuestión unificada por el Jurado de Enjuiciamiento en agosto de 2015”, sostiene el comunicado a 10 años de su muerte.

Lara Guerrero – @LaraAGuerrero

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