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Tres jueces niegan el pago de sueldos a empleados de C5N y Minuto Uno

Tres jueces niegan el pago de sueldos a empleados de C5N y Minuto Uno
febrero 07
20:04 2019

La Sala D de Apelaciones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial desestimó el pedido del juez Javier Cosentino, respecto a la apertura de una cuenta bancaria inembargable, destinada al pago de los salarios de les trabajadores de  los medios correspondientes al Grupo Indalo. Los jueces autores del fallo son Gerardo Vassallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, quienes respondieron a un pedido explícito de la AFIP.

En el fallo, los magistrados reconocieron que “la decisión aquí adoptada, podría dificultar el pago de salarios y demás cargas laborales de devengamiento posconcursal que corresponde a la planta de empleados de la concursada. Tampoco se ignora la índole alimentaria de tales conceptos”. De esa manera, aceptaron que están complicando la vida de decenas de familias que dependen de los sueldos de la empresa.

A través de una campaña en las redes sociales, les trabajadores de C5N lanzaron una campaña para visibilizar la situación, bajo el hashtag  #ElGobiernoQuiereCerrarC5N, asegurando que la intervención de la AFIP  tiene la intencionalidad de quebrar el canal previo a las elecciones de octubre próximo.

Desde hace meses, les trabajadores del Grupo Indalo se encuentran cobrando sus sueldos en cuotas y de manera atrasada. La decisión de Cosentino de abrir una cuenta bancaria imposible de embargar, venía a poner paños fríos en su realidad económica. “Cuando estaba todo dispuesto para la apertura de dicha cuenta, que significaría que quienes pertenecemos a C5N podamos empezar a percibir nuestros salarios de una manera más normal, la AFIP presentó una apelación ante la Cámara Nacional en lo Comercial para que esa cuenta no pueda abrirse o, caso contrario, sea embargada”, explicaron desde la Comisión Gremial Interna del canal, que aseguró que eran mas de 350 damnificades.

Según afimaron, la apelación de la AFIP vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y también el Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empresario.

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