Salud

22 febrero, 2019

Tucumán: al igual que en Jujuy, buscan someter a cesárea a otra nena violada

En Argentina otra niña tiene que enfrentar a la justicia para poder interrumpir legalmente un embarazo producto de una violación. A pesar de pedir “que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, en referencia a su victimario, el gobierno de la provincia de Tucumán se niega a garantizarle un aborto legal, seguro y gratuito.

En Argentina otra niña tiene que enfrentar a la justicia para poder interrumpir legalmente un embarazo producto de una violación. A pesar de pedir “que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, en referencia a su victimario (pareja de su abuela), el gobierno de la provincia de Tucumán se niega a garantizarle un aborto legal, seguro y gratuito. A poco más de un mes de que el gobierno de Jujuy obligara a parir a otra niña violada, la historia se vuelve a repetir.

Desde el gobierno de Tucumán proponen una cesárea para que la interrupción del embarazo se dilate y que esa niña sea víctima de la tortura que es maternar a la fuerza. En el caso de Jujuy la cesárea fue realizada a las 22 semanas y después de cuatro días la bebé murió. Mientras tanto, esa nena a la que nadie respetó su decisión, amparada por la ley, quedará con secuelas psicológicas para toda su vida.

La menor tucumana tuvo un intento de suicido y se encuentra internada debido a las autolesiones. Ignorando totalmente el fallo FAL de la Corte Suprema, que dice que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación, que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial y que no se podrá impedir de manera burocrática; desde el 23 de enero la nena está queriendo abortar y no se lo permiten.

Esta no es la primera vez que sucede en la provincia de Tucumán, donde existe un gran prontuario de obstaculizaciones a la ley. La directora del Hospital del Este Eva Perón, Elízabeth Ávila, conocida en Tucumán por su posición antiderechos, en 2016 quiso impedirle un aborto a una mujer identificada como “Nelly”, quien cursaba un embarazo deseado y buscado con feto anencefálico, pero que debido al riesgo de vida solicitó el acceso a una ILE. “Yo tengo una enfermedad terminal y no ando pidiendo que me maten”, respondió Ávila ante la traumática situación.

A su vez, en el 2018 la ginecóloga infanto-juvenil, Fabiana Reina, sufrió de hostigamiento y de amenazas de muerte por llevar a cabo un aborto a una menor de 11 años que había sido violada en San Miguel de Tucumán. Incluso los colegas antiderechos del hospital en el que se realizó la interrupción del embarazo intentaron impedir que se cumpla la decisión de la niña.

Esta vez, el secretario de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco, aseguró tener “una cercanía con la nena y su madre”, quien le habría manifestado que “la niña quiere continuar con su embarazo”. Como si fuera poco, añadió: “Consideramos los riesgos, pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”. Los riesgos a los que se refirió responden a un informe de una médica que trabaja en Tribunales en el cuerpo forense, quien advirtió que había un “alto riesgo obstétrico” si continúa el embarazo.

De este modo, nuevamente se considera a una mujer, en este caso a una niña de 11 años, como una incubadora que tiene como único fin mantener con vida a un feto para que pueda nacer. No toman en cuenta los riesgos psicológicos de tener que maternar a la fuerza.

El caso de estas dos niñas son solo dos ejemplos de los miles que se presentan en nuestro país; mujeres que son ignoradas y obligadas a parir y otras que se ven empujadas a utilizar métodos no seguros exponiéndose a severas secuelas o a la muerte misma. Cada muerte por consecuencias de un aborto mal practicado es un femicidio estatal, y que obliguen a una nena a realizarse una cesárea es una tortura avalada por el gobierno.

Macarena Aspiroz – @macaspiroz

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