Géneros

28 febrero, 2019

Del arzobispo al Ministerio de Salud: Tucumán, una provincia antiderechos

Una niña de 11 años llegó al Hospital Eva Perón en Tucumán con un embarazo producto de una violación. Por demoras deliberadas de las autoridades políticas y sanitarias finalmente se optó por practicarle una cesárea ignorando la ley que existe en Argentina desde 1921 y el pedido de la niña que varias veces solicitó la interrupción del embarzo.

Una niña de 11 años llegó al Hospital Eva Perón en Tucumán con un embarazo producto de una violación. Por demoras deliberadas de las autoridades políticas y sanitarias finalmente se optó por practicarle una cesárea ignorando la ley que existe en Argentina desde 1921 y el pedido de la niña que varias veces solicitó la interrupción del embarzo.

Como si no fuese suficiente tortura para una menor pasar por una violación y luego, una cesárea, también debe soportar y luchar contra las autoridades de la provincia en la que vive.

Los primeros en dar su palabra fueron los médicos que practicaron la intervención. Cecilia Ousset y su marido José Gigena. La doctora Ousset contó la sorpresa que se llevó al conocer a Lucía –nombre ficticio que se le puso a la niña para preservar su identidad–, no era como se lo habían planteado.

“Nos encontramos con una nena de cuerpo infantil, para nada desarrollada, con un embarazo de 23 semanas. Entramos y estaba jugando con unas muñecas en la cama. Cuando la vi la verdad se me aflojaron las piernas porque era como mi hija”, dijo.

Asímismo, tampoco la situación dentro del quirófano era como ellos esperaban. Todos los médicos y enfermeros eran objetores de conciencia, hasta el anestesista. Ousset y Gigena llamaron a un anestesista de otro hospital para poder realizar el procedimiento. La cesárea, a esta altura del embarazo, era la única opción.

“Se decidió hacer una microcesárea, porque por vía vaginal era imposible por muchas razones: era una paciente abusada en múltiples oportunidades, con un embarazo ya en el segundo trimestre por las dilaciones a las que la sometió el gobierno, y con 180/120 de presión, ya una pre-eclampsia”, apuntó la médica.

Al momento en el que ingresó la joven al hospital se podría haber practicado un aborto perfectamente pero el Gobierno tucumano dilató la situación lo que derivó en el parto por cesárea.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia emitió un comunicado de prensa en el cual expresó que se realizaría la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y se continuarían “los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”. Sin embargo, una cesárea no es una ILE e incluso la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se pronunció en contra de la posición de la cartera sanitaria a través un comunicado.

Allí señalaron que consultaron a la jueza interviniente en el caso, Valeria Judith Brand, a cargo del Juzgado de familia y Sucesiones de la V° Nominación, que “dispuso en las actuaciones seguir los lineamientos expresados en el Fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2013”.

En ese sentido, apuntaron que “el texto publicado en diferentes medios y redes sociales, refiriendo un comunicado de prensa” que habría sido emitido por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) “en el cual se menciona que se dará cumplimiento a la Doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo ‘en procura de salvar las dos vidas’, no refleja lo requerido por la jueza interviniente”.

Contrario a lo dictado por la Justicia, además del Ministerio de Salud provincial se posicionaron también los grupos y personalidades antiderechos. Entre ellos el arzobispo Carlos Sánchez, quien fue repudiado en las redes sociales al viralizar en las últimas horas un audio en el cual revela la verdadera identidad de la menor.

Al comienzo, se presenta y pide que todos cuiden la vida de todos. “Toda vida vale”, asegura y agrega “cuidemos la vida de [Lucía] y la de su bebé”.

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