Nacionales

6 marzo, 2019

La Plata: el juicio por la trágica inundación terminó con impunidad para los responsables políticos

La causa elevada a juicio con la imputación de Sergio Ariel Lezana y Miguel Ángel De Lorenzo (fallecido en febrero de este año), encontró este miércoles un cierre que garantiza la impunidad de los principales responsables de las muertes ocurridas en la trágica inundación del 2 de abril de 2013.

La causa elevada a juicio con la imputación de Sergio Ariel Lezana y Miguel Ángel De Lorenzo (fallecido en febrero de este año), encontró este miércoles un cierre que garantiza la impunidad de los principales responsables de las muertes ocurridas en la trágica inundación del 2 de abril de 2013.

Lezana, único imputado presente en el banquillo, fue acusado por el fiscal Jorge Paolini por incumplimiento de los deberes de funcionario público (en ese momento se desempeñaba como director de Defensa Civil del municipio), con una pena de $12.500 de multa y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Lo que semanas atrás anunciaban los integrantes de la Asamblea de Inundados, se concretó a través de un simulacro de debate oral y público, que juzgó solamente a un funcionario de rango menor excluyendo de todas las responsabilidades a las jerarquías superiores. En este sentido, desde las asambleas, se reiteró el pedido de juicio a los entonces intendente Pablo Bruera, gobernador Daniel Scioli, ministro de Justicia Ricardo Casal, especuladores inmobiliarios y responsables políticos, para que la causa no quede impune y los responsables cumplan una pena efectiva por las pérdidas materiales y las víctimas fatales.

inundaciones-la-plata1
La Plata: en la puerta del Fuero Penal, familiares de víctimas expresaron su repudio al fallo judicial.

Un gran número de personas, entre ellos asambleístas, familiares de víctimas de la tragedia del 2 de abril, agrupaciones sociales y políticas, movimientos sindicales y estudiantiles, se congregaron en las puertas del Fuero Penal de la ciudad de La Plata, ubicado en la calle 8 entre 56 y 57, con carteles que hacían referencia a la figura del fiscal Jorge Paolini y al pedido de justicia por los 89 fallecidos. “Mientras unos intentan olvidar, otros luchan por recordar”, “La Palta, ciudad inundable”, “La corrupción mata”, y “No fue la lluvia, fue la corrupción”, rezaban algunos de los carteles situados sobre la reja del Fuero Penal.

En la jornada estuvo presente el Colectivo de Abogades Populares La Ciega, quien a través de panfletos revelaba su posición frente a los hechos ocurridos el 2 y 3 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata: “Resulta claro que la justicia decidió lavarse las manos, imputando penalmente a personas que cumplieron cargos sin mayor relevancia política y por delitos que prevén penas irrisorias. Una vez más, el poder judicial le da la espalda al pueblo, a la verdad. La justicia al servicio de los poderosos garantiza la impunidad. Nuestra tarea es denunciarlos, resistir, luchar por memoria, verdad y justicia”.

“Queremos que nos den la oportunidad de dar nuestros testimonios, presentar las pruebas que tenemos contra muchos de los funcionarios, y que de este juicio se desprendan otras acusaciones hacia los verdaderos responsables de la tragedia”, expresó la asambleísta Fabiana Uro al momento que se estaba llevando a cabo el juicio.

Otra de las pancartas pegada en el ingreso al juzgado.
Otra de las pancartas pegada en el ingreso al juzgado.

Alejandro Albano, particular damnificado en la causa, expresó que el proceso presentaba las características de un “juicio mordaza”, ya que se inhabilitaba la participación de testigos e invalidaba el debate por ser abreviado.

“Con el argumento de Paolini de que fue una lluvia excepcional, se deja afuera a todos los responsables políticos. Es decir, se concentra en lo que sucedió la tarde noche del 2 de abril y se ignora todo lo previo. Tanto Bruera como Scioli sabían que desde el 2010 se tenían que hacer una serie de obras, se tomó una decisión política de no hacerlas. De haber estado realizadas, el escurrimiento hubiera sido mucho más rápido con lo cual las acciones de salvataje hubieran sido más eficientes y no se hubiera llegado a ese número de víctimas que tuvo la inundación”, argumentó Albano.

Tanto las abogadas Claudia Ferrero y Pía Garralda, que representan a las asambleas de inundados, como las que asisten a la Asociación Civil de Familiares de Víctimas de la Inundación (AFAVI), solicitaron que la municipalidad de La Plata no se presente como particular damnificado en la causa y, en ese marco, se exigió el apartamiento del fiscal Paolini de la causa y el pedido de juicio político.

“Es un escándalo que el municipio se presente como particular damnificado cuando del otro lado está imputado un funcionario público del mismo municipio”, observó Garralda.

En tanto, Ferrero remarcó: “Cada víctima de lo acontecido ha quedado totalmente sin una representación de parte del Estado, sin una respuesta judicial. Todos los abogados tuvimos que marcar que se ha dado lugar a víctimas que podrían serlas. El Estado municipal no puede estar sentado como una víctima. Este grado de impunidad solamente refleja que hay una coordinación de todo el Estado para que esto quede impune, y una coordinación con los otros poderes del Estado para una impunidad futura”.

Luego de un cuarto intermedio de una hora, Claudia Greco, la jueza en lo Correccional a cargo, rechazó el pedido de las partes; el municipio continuó en calidad de particular damnificado y se rechazó la recusación hacia Paolini, quien continúa como fiscal en la causa. Como era de esperar, la defensa de Lezana pidió el juicio abreviado a lo que el fiscal Paolini aceptó. Minutos después, el ex director de Defensa Civil de La Plata aceptó los cargos y se pasó al último cuarto intermedio, ésta vez de media hora, que derivó en el cierre del debate por parte de la jueza, y que dará los fundamentos del veredicto condenatorio el viernes 15 de marzo a las 12:30 horas.

“Como era de esperar, después de los lineamientos acusatorios, de que impugnamos al representante del municipio como particular damnificado y de plantear la recusación del fiscal y no nos dieran lugar, el imputado se llamó a la culpabilidad con lo cual no es necesario la producción de una prueba”, explicó Ferrero. A su turno, consideró que la pena máxima de 12.500 pesos en multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año era irrisoria.

Tomás Ferrando, desde La Plata – @tomás_ferrando1

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Notas

¿Querés uno de nuestros libros?

Podés conseguirlo a precio promocional haciendo click en la imagen. ¡Escribinos y te contactamos para hacértelo llegar!

Conseguilos