Educación y Ciencia

15 marzo, 2019

El gobierno porteño contra la participación de jóvenes estudiantes en la política

Por Camila Schermuk y Abril Josep. Recientemente, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia contra padres y madres de jóvenes que tomaron sus escuelas en el contexto del debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Una constante del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: regimentar la organización política de les estudiantes.

Por Camila Schermuk* y Abril Josep*. Desde hace años, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y anteriormente el de Mauricio Macri, intentan regimentar la organización política de las y los estudiantes de las escuelas secundarias. Recientemente, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia contra quienes tomaron sus escuelas en el contexto del debate por el aborto legal, seguro y gratuito.

La denuncia de la Procuración utiliza el artículo 57 del Código Contravencional de la ciudad que reza la sanción a quienes impidan “el ingreso o la salida a un lugar público o privado”. La misma fue recibida por la Fiscalía 31 a cargo de Rolero Santurian, quien decidió imputar a 43 madres y padres de estudiantes de ocho colegios porteños, cuyos centros de estudiantes mantienen una vida activa dentro de las luchas estudiantiles.

El ensañamiento con la organización estudiantil tiene dos motivaciones fundamentales: por un lado, la política PRO reduce el ejercicio político a un espectáculo y a votar a un candidato cada cuatro años. Por el otro, el gobierno sabe que las políticas antieducativas son frenadas por la comunidad educativa, como fue el caso del intento de cierre de las escuelas nocturnas.

Contexto

El 2018 finalizó con la aprobación en el Congreso del Presupuesto 2019, que puso de manifiesto los alcances del acuerdo fiscal firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que puso a la salud y a la educación como variables del ajuste.

En concreto, el presupuesto nacional destinado a Educación pasó de 7,1% a 5,5% en 2019. Esto, sin tomar en cuenta los recortes que se realizaron en materia educativa, que tuvieron sus consecuencias en el desmantelamiento de programas nacionales como el Conectar IGualdad y la reducción del PROGRESAR. Finalmente, se suma el ajuste presupuestario a universidades nacionales.

A su vez, la persecución a jóvenes también se efectiviza en el proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich para crear la ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que criminaliza la niñez y la adolescencia, sobre todo de los barrios populares.

Para este fin, el gobierno cuenta con una serie de estrategias que buscan estigmatizar a la política juvenil y estudiantil desde los medios de comunicación hegemónicos, eje que pareciera sumarle puntos en un año electoral. Sin embargo, la juventud no va a dejarse atropellar.

*Estudiante de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini
*Estudiante de la E.E.M N° 7 Julio Cortázar

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