Nacionales

19 marzo, 2019

Cambiemos busca la destitución del juez Alejo Ramos Padilla

Tras las declaraciones de Macri, el gobierno presentó un documento ante el Consejo de la Magistratura para pedir la destitución del juez que investiga la existencia de redes de espionaje ilegal y que compromete a Cambiemos.

El gobierno nacional ratificó ante el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político al juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por investigar y develar la existencia de redes de espionaje ilegal que involucra a miembros del oficialismo, al extorsionador Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli.

Por expreso pedido del presidente Mauricio Macri, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques, hizo una extensa presentación  en la Comisión de Disciplina para destituir al juez Ramos Padilla. En el sorteo, la acusación quedó en manos del diputado del PRO, Pablo Tonelli, partidario de la destitución.

El escrito presentado por Mahíques consta de cinco páginas y está basado completamente en la presentación que el juez de Dolores realizó ante el Congreso la semana pasada. El documento asegura que Ramos Padilla reveló “cuestiones vinculadas a dicha investigación en curso, lo que demuestra una irregular actuación violatoria de los niveles de imparcialidad”.

Además, señala al juez por involucrar en su investigación “a otros magistrados y diputados, lo que resulta, además de imprudente, contradictorio y constitutivo de inaceptable prejuzgamiento”. Casualmente, las diputadas mencionadas por Ramos Padilla en su presentación son del bloque Cambiemos, Paula Oliveto y Elisa Carrió, mientras que los “otros magistrados” también tienen intereses relacionados al oficialismo, como el fiscal Carlos Stornelli, quien tiene a su cargo la denominada “causa de los cuadernos” que busca el juzgamiento de la ex presidenta Cristina Fernández.

Garavano aseguró que “el juez no debe investigar”

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, apuntó contra Ramos Padilla y cuestionó que siguiera adelante con la investigación. El funcionario aseguró que el juez “no es fiscal” por lo cual “no es su tarea investigar”.

Garavano reafirmó la postura del gobierno e insistió con que el Consejo de la Magistratura investigue un posible mal desempeño que derive en la destitución del juez de Dolores. “Es extraño que un juez vaya al Congreso y haga presentaciones extrañas y pedidos extraños que no siguen lo que marca la ley”, resaltó el titular de la cartera de Justicia.

Además, dijo que Ramos Padilla hizo “un pedido en colaboración con un programa de Verdad y Justicia, que depende del Ministerio de Justicia, que colabora con los delitos de lesa humanidad, en vez de requerir a los dos programas de Asistencia a las víctimas y de Protección de testigos, a ninguno hizo requerimiento”.

“El gobierno ve que alguien lo quiere involucrar en una causa en la que no tenemos ninguna vinculación, se nos quiere involucrar y se hace con un show político en un año electoral”, concluyó Garavano. Tras sus declaraciones, y por pedido del diputado Agustín Rossi y otros miembros del bloque opositor (FpV – PJ), el funcionario deberá explicar ante el Congreso el porqué del pedido de destitución.

La Comisión Provincial por la Memoria pide la intervención de la Corte Suprema

A través de un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) exigió la intervención de la Corte Suprema y los partidos políticos para garantizar el avance de la investigación iniciada por Ramos Padilla. “Los hechos que investiga este juez en el marco de la causa donde está imputado el Sr. Marcelo D’Alessio son de extrema gravedad para el pleno funcionamiento del sistema democrático y republicano”, señalaron.

Además advirtieron que “la decisión del Ministerio de Justicia deja a toda la ciudadanía en una extrema vulnerabilidad: podemos ser víctimas de espionajes ilegales, pinchaduras de teléfonos o correos electrónicos sin orden judicial, chantajes y operaciones de todo tipo, sin el mínimo control y resguardo por parte del Estado, que en vez de actuar frente a los hechos expuestos reacciona contra el juez que lo informa y pretende ponerle límites. La práctica antigua de matar al mensajero”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe intervenir de manera urgente para fortalecer la función del poder judicial de control y resguardo de la Constitución y la ley. Es necesario que respalde la investigación, provea los recursos necesarios y garantice su independencia. También debe procurar la seguridad personal del juez y su familia”, agregaron.

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