América del Norte

10 mayo, 2019

Estados Unidos restringe el derecho al aborto y busca su prohibición

Mientras en Argentina las mujeres luchan porque se reconozca su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en EEUU el gobierno republicano de Donald Trump encabeza una ofensiva para retroceder en la materia.

El aborto en el país norteamericano es un derecho constitucional desde que la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia del caso Roe vs. Wade en 1973. A partir de ese momento, las legislaciones de los Estados quedaron bajo la prohibición de impedir abortos, entendiéndose que irían en contra de derecho constitucional a la privacidad o intimidad, amparado en la decimocuarta enmienda de la Constitución.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca reabrió el debate en torno a las legislaciones sobre la materia en los diferentes Estados y permitió que gobernadores antiderechos impulsen en sus territorios leyes que restringen o prohíben la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, en los primeros meses de mandato del magnate inmobiliario, se aprobó que los Estados puedan quitarle el financiamiento a la ONG Planed Parenthood, encargada de la mayoría de los servicios de salud reproductiva.

Este miércoles el gobernador Brian Kemp, de Georgia, firmó una ley que prohíbe el aborto en caso de que se detecten latidos fetales. Así, el plazo en el que una mujer puede acceder a la interrupción de la gestación quedaría reducido de 20 semanas a solo 6 o 7, período en que en muchos casos la gestante ni siquiera está al tanto del embarazo.

La norma lleva el nombre de “Ley de Igualdad y Justicia para los Infantes Vivos” y se aprobó en Georgia con 92 votos frente a 78 el pasado 29 de marzo. La nueva ley establece que en caso de violación o de que la gestante corra peligro, podrá acceder a un aborto, pero solo hasta la semana 20.

La “Ley del latido” que se aprobó en Georgia es, hasta ahora, la ley más restrictiva del país y tiene su antecedente en Iowa, donde se sancionó por primera vez en mayo del año pasado. En los últimos doce meses, la norma llegó a diferentes parlamentos  y se replica en Kentucky y Ohio.

En enero de este año se aprobó en Misisipi, cuando el republicano Phil Bryant firmó la ley 2116 que, a diferencia de los casos anteriores, no permite que una mujer violada pueda acceder a la interrupción del embarazo. No es la primera vez que Bryant apunta a restringir el derecho de las mujeres a abortar, en mayo del año pasado un juez rechazó una legislación que prohibía los abortos después de la semana 15 de gestación.

Médicos presos por cien años si practican un aborto

Este jueves en Alabama se pospuso el tratamiento de una ley que prohíbe los abortos casi en su totalidad. La medida aprobada por la comisión y que se votará el próximo 14 de mayo, castiga con hasta 99 años de prisión a quien practique un aborto, o 10 años si no llega a concretarse la práctica.

La estrategia de los sectores antiderechos de Estados Unidos, amparados por poderes eclesiásticos y la administración conservadora de Doland Trump, es acorralar a los profesionales de la salud. Ya que legislar sobre el cuerpo de la mujer significa un atentado contra la Constitución Nacional, estos grupos pusieron el foco en el vacío legal que dejó la Corte Suprema sobre quienes lleven adelante la intervención.

Además, la conformación de la Corte cambió drásticamente en los últimos años y se espera que en los próximos meses se prepare una avanzada que busque revertir el fallo Roe vs. Wade y permita a los Estados prohibir las prácticas. Adelantándose a esta posibilidad, en Nueva York sancionaron una ley que permite el aborto bajo todas sus causales, incluso si la Corte revierte la sentencia.

Sin embargo, leyes aún más restrictivas que la de Alabama se discuten en EE.UU. En abril de este año, en Texas, se presentó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes de Texas 896, para que se permita acusar de homicidio a las mujeres que aborten y los médicos que garanticen la práctica. Esa figura es castigada con la pena de muerte.

La norma de la Cámara de Representantes de Texas 896 establece que se haga cumplir “independientemente de cualquier ley federal contraria, orden ejecutiva o decisión judicial”, es decir, aunque vaya en contra del fallo de la Corte.

En diálogo con la CNN, la pasante legislativa de la organización NARAL Pro-Choice sostuvo que “Los autores del proyecto de ley saben que esta legislación es inconstitucional debido al precedente judicial federal establecido por Roe vs. Wade”.

por Carla Martilotta – @CarlaMartilotta

 

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