Mundo Gremial

20 mayo, 2019

El ajuste a los más vulnerables

La inflación del mes de abril llegó al 3,4%. En lo que va del año lleva un acumulado del 15,6% y del 55,8% interanual. En este contexto, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación viene implementando un ajuste sobre programas y derechos que afectan áreas sensibles de los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.

El pasado miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer la inflación del mes de abril que llegó al 3,4%. En lo que va del año lleva un acumulado del 15,6% y del 55,8% interanual, según cifras del mismo organismo. En este contexto, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, viene implementando un ajuste sobre programas y derechos que afectan áreas sensibles de uno de los sectores más vulnerables: los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular.

La cifra registrada el mes pasado fue poco menos de la inflación que esperaban en el Gobierno. Sin embargo, a pesar de mantenerse elevada, fue lo suficiente para que el titular del Banco Central, Guido Sandleris, declare que “las fuerzas económicas que reducen la inflación están en marcha”. Si sumamos el aumento del 4,23% de la canasta básica de alimentos del mes de abril, según lo registrado por la Asociación de Consumidores Libres, tenemos una realidad en las antípodas del optimismo oficial.

El impacto de la inflación sobre alimentos y transportes en particular ya de por si golpea directamente los ingresos de los sectores populares por ser los rubros en los que estas familias destinan la mayor parte de sus ingresos.

Si a esta situación se le suman recortes y desfinanciamiento en programas y derechos que son claves para su sustento, las únicas fuerzas económicas en marcha seguirán siendo las que transfieren riqueza a los más ricos y generan más pobreza y precariedad en los más desprotegidos y en el pueblo trabajador en general, tal como viene sucediendo desde que la alianza Cambiemos llegó al gobierno.

Sobre el bolsillo

Según fuentes de la Confederación de Trabajadores/as de la Economía Popular (CTEP), la organización gremial que nuclea a los trabajadores y trabajadoras del sector, desde hace unos meses el Ministerio viene rechazando de manera parcial el ingreso de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular al Salario Social Complementario (SSC).

En marzo del 2017 el gobierno oficializó la reglamentación de la Ley 27.345 que establece la prórroga de la ley de Emergencia Social (sancionada a en diciembre del 2016) hasta el 31 de diciembre del 2019. Esta ley -que fue ganada a fuerza de movilización por la CTEP, los movimientos sociales, más el acompañamiento de la CGT y las CTA- permite que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular puedan acceder a un salario (el SSC) que complemente los ingresos que perciben por su trabajo o producción personal que es realizada en condiciones precarias por la falta de reconocimiento institucional hacía esta realidad laboral.

Se trata de una suma de 6.250 pesos que aporta el Estado para que, junto al salario directo percibido por el trabajo individual o colectivo, cada familia de la economía popular pueda tener una vida digna e integral con un ingreso que se acerque al salario mínimo, vital y móvil. El negar la posibilidad de accesos a un SSC -cuyo magro monto se encuentra muy por detrás de la inflación- implica un deterioro a las condiciones de vida de cientos de miles de personas porque afecta directamente sus ingresos y la plata que tienen en el bolsillo para paliar la crisis y los tarifazos.

Sobre el plato de comida

A su vez, desde la cartera conducida por Carolina Stanley también se está incumpliendo con la entrega de alimentos para merenderos y comedores populares -acordados por convenio entre el Ministerio y el sector- al mismo tiempo que se está desfinanciando la compra de alimentos frescos (carnes y verduras) para los mismos.

En el Movimiento de trabajadores/as excluidos/as (MTE), organización fundadora de la CTEP, existen más de 300 merenderos y comedores populares a lo largo de toda la geografía del país. De esta cantidad, solo en 197 se percibe el SSC por sus servicios sociocomunitarios.

Sobre la salud y la jubilación

Por otro lado, el Ministerio viene hace meses pagando con retraso los Monotributos Sociales. Un derecho conquistado que permite a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular avanzar en niveles de formalización al emitir facturas, acceder a una obra social pagando solo el 50% del monto y realizar aportes jubilatorios cubiertos por el Estado.

Además del incumplimiento de las obligaciones estatales dentro de este régimen tributario, la cartera decidió trasladar sin explicación alguna a trabajadores y trabajadoras que perciben el SSC a la órbita del programa Hacemos Futuro. Para realizar este pase arbitrario, el Ministerio está exigiendo una serie de requisitos burocráticos que están haciendo peligrar el cobro para cientos de miles de familias que ven restringido su acceso a un servicio de salud digno.

La respuesta

Tomando tan solo el MTE como botón de muestra, existen más de 500 unidades productivas y cooperativas de trabajo organizadas en ramas y actividades que nuclean a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular en el marco de una confederación que multiplica varias veces estos números. El ajuste sobre programas y derechos conquistados -ganados a fuerza de lucha y movilización del sector de la economía popular- afecta directamente el salario, la comida y la salud de todo este universo laboral que aún no tiene acceso a muchos derechos socio-laborales básicos.

Ante esta crítica situación, la respuesta no se hizo esperar y el martes se realizará una movilización de la CTEP, junto a movimientos sociales, al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y distintas dependencias de Anses en diferentes puntos del país. Otra vez será en las calles donde se defiendan los derechos.

Nicolás Castelli – @NicoCastelli3

Foto: La Tinta

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