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Entre Ríos: la Mesa de Enlace pidió mover escuelas de lugar para seguir fumigando con agrotóxicos

Entre Ríos: la Mesa de Enlace pidió mover escuelas de lugar para seguir fumigando con agrotóxicos
mayo 20
16:56 2019

A contramano del fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos que ordenó limitar la fumigación con agrotóxicos alrededor de escuelas rurales, el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Eguía, pidió reubicar los establecimientos en vez de modificar “el modo de producción”.

La entidades agropecuarias salieron al cruce de los jueces que rechazaron el amparo del gobernador, Gustavo Bordet (PJ), quien buscaba sostener un decreto que permitía fumigar con agrotóxicos a cien metros terrestres y a quinientos aéreos de distancia de escuelas rurales.

“Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo porque los lleva la maestra para no perder su trabajo”, sostuvo Eguía, quien además justificó: “Si es el cuento del huevo o la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo”.

El fallo judicial entrerriano ratificó que para casos de fumigación con agrotóxicos, la actividad debía realizarse a mil metros terrestres y tres mil aéreos de distancia de los establecimientos escolares ubicados en el campo. Además, prohibió toda fumigación en horario educativo y especificó que el decreto de Bordet era violatorio de las constituciones nacional y provincia e incluso de la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH).

En tanto, la Mesa de Enlace que agrupa a las principales entidades de grandes productores y terratenientes, manifestó: “Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores”.

Sin embargo, las hectáreas que no podrán ser producidas bajo el paquete tecnológico que contiene agrotóxicos son en realidad 3 mil. Además, el fallo ordenó la creación de barreras vegetales de 150 metros de las escuelas, como parte de una acción preventiva.

En respuesta a la Mesa de Enlace, Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, señaló: “Hoy que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas, lo que es más grave”.

A su turno, el gobernador Bordet sostuvo que había que buscar “una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas pero que garantice el proceso productivo y que cuida la salud de los vecinos”.

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1 Comentario

  1. DANIEL SALLABERRY
    DANIEL SALLABERRY mayo 20, 18:06

    Felicitaciones al Superior Tribunal mientras en el interior del país y el mundo los afectados (victimas) reclaman por sus derechos quienes nos gobiernan y nuestra Corte Suprema de Justicia miran para otro lado, se hacen los desentendidos y parece no importarles la tragedia que la argentina vive como consecuencia del envenenamiento masivo con 450.000.000 de litros de Glifosato por campaña de siembra esparcidos sobre doce millones de argentinos que viven en zonas rurales, sus alimentos y su suelo cada vez más pobre en nutrientes y minerales. Digo esto porque hace dos años que tiene en su despacho para resolver una medida cautelar en la que se le solicito la suspensión preventiva de las “fumigaciones” y/o el “etiquetado” de aquellos alimentos transgénicos producidos a base del uso del “glifosato”. Dicha cautelar se anexa a una demanda judicial colectiva masiva (acción de clase estilo americano) donde la clase somos “todos los argentinos”, incluido usted lector, en la que se demanda a todas las empresas contaminantes, Monsanto, Bayer etc. un resarcimiento económico colectivo para todos los argentinos por el daño ocasionado a la salud pública y al ambiente además del daño moral colectivo, por haber convertido nuestro territorio (30 millones de hectáreas) en un campo químico experimental por más de 20 años a sabiendas de su peligrosidad para la salud pública y el ambiente, su insostenibilidad científica y económica, basado en la mentira y con el único fin de ganar dinero. La causa cuenta con el aval de dos Fiscales Federales y la Defensora de Menores ante la CSJN y ahora el Dictamen de los propios Peritos Oficiales de la Corte -sin embargo- su trámite duerme el sueño de los justos. Anhelamos que el máximo Tribunal deje de mirar para otro lado, asuma la responsabilidad que le cabe en el asunto, no ignore estos hechos y dilemas terribles, pues no es propio de hombres del derecho atentos a la realidad, a la vida cotidiana y sus conflictos. [email protected]

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