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Políticas públicas de agua y saneamiento: no todo es cuestión de infraestructura

Políticas públicas de agua y saneamiento: no todo es cuestión de infraestructura
mayo 21
11:39 2019

Por Paula Juarez*. En las últimas semanas el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) desató una intensa disputa con la Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación al dar a conocer el Informe “Indicadores de condiciones de vida” donde se destaca que no ha habido cambios significativos en los porcentajes de acceso a cloacas -específicamente- en grandes centros urbanos en Argentina desde el año 2016. Esto echa por tierra la comunicación pública que realiza el gobierno nacional sobre los avances del Plan Nacional de Agua en la provisión de servicios básicos durante esta gestión.

Ahora bien, ¿por qué no parece haber avances en la cantidad de usuarios de estos servicios? Por un lado, porque el Poder Ejecutivo comunica grandes obras de infraestructura y sus usuario ‘potenciales’, pero no cuántos habitantes efectivamente tienen hecha la conexión de los servicios de agua y cloaca en sus vivienda. En cambio, el Indec releva -con la Encuesta Permanente- los datos directamente de los hogares, por lo cual deja al descubierto que se están realizando obras sin usuarios ‘reales’ o ‘efectivos’.

Por otro lado, los últimos gobiernos nacionales se han centrado en la generación de grandes obras de infraestructuras -importantes y necesarias- porque efectivamente existe un gran retraso en ese aspecto vinculado a la provisión de agua y cloacas, pero el crecimiento poblacional es mayor que el avance de las obras, por lo cual los porcentajes continúan estancados desde hace décadas.

El Indec, sin querer, visibilizó que el Plan Nacional de Agua no contempla las conexiones efectivas de las viviendas a los servicios. No hay política para que eso ocurra. Y en términos de infraestructura, el gobierno nacional continúa corriendo por detrás del crecimiento poblacional.

Política pública de Agua y Saneamiento desde una perspectiva de desarrollo territorial

El dato estadístico convertido en hecho político es sólo una parte de los debates que deberíamos darnos en términos de política de servicios públicos orientados al desarrollo inclusivo sustentable del país.

En abril 2018, el Programa SEDCERO -una red colaborativa por el derecho humano al agua y saneamiento- presentó en Presidencia de la Nación la ‘Plataforma del Agua’, una herramienta virtual que fue coordinada por el Instituto de Estudios sobre la Ciencia la Tecnología (Universidad Nacional de Quilmes) producto de un proceso de investigación de tres años y co-diseñada con investigadores y gestores de agua de todo el país.

La Plataforma alertaba al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales sobre la relación entre la falta de acceso a agua potable y saneamiento y los niveles de necesidades básicas insatisfechas (pobreza estructural), y subrayaba en color rojo las zonas que requerían con mayor urgencia de estos servicios públicos en el territorio nacional.

Mapa AguaEl mapa revelaba que las obras de agua y saneamiento previstas por el Plan Nacional de Agua no estaban cubriendo los lugares donde este servicio era más requerido. Es decir, no cubría aquellos lugares donde la población no podía acceder a agua de calidad (ya sea por vía red pública o bien por medios mercantiles) y eso acrecentaba las dinámicas de pobreza.

Asimismo, la Plataforma del Agua cuestionó la política de financiar acríticamente obras en grandes urbes -como propone el Plan Nacional-. Esta política contribuye a generar mayor desplazamiento poblacional hacia estas últimas desde las zonas rurales dispersas y las zonas rurales aglomeradas (pueblos y pequeñas ciudades), impactando negativamente sobre la habitabilidad de las ciudades y aumentando la demanda de otros servicios.

El Plan Nacional de Agua no contempla en sus cálculos el desplazamiento poblacional vía acceso a servicios públicos. El Plan no estuvo acompañado de una política de desarrollo territorial.

La construcción de obras de infraestructura no puede pensarse por fuera de una estrategia de desarrollo territorial del país, que obviamente requiere de la participación activa y proactiva de las provincias. Esta cuestión hace rato que espera ser priorizada en la agenda pública. Estamos en el año 2019 y Argentina aún carece de una Ley Nacional de Agua y Saneamiento que organice, coordine, monitoree y fiscalice estos servicios esenciales.

La necesidad de un Sistema Nacional de Información y Estadísticas sobre Agua y Saneamiento

Es importante señalar que hace décadas que se trabaja ‘a ciegas’ en el sector de Agua y Saneamiento, sin datos estadísticos actualizados ni sistema de información sobre el acceso y la calidad del agua y el saneamiento que se brinda a los ciudadanos. Salvo algunos casos específicos, como la empresa pública AySA que dispone de sistemas de información actualizados.

Los datos estadísticos del Indec relevan ‘formas’ de acceso al agua y saneamiento (red, pozo, perforación, etc.), pero no la calidad del agua, por ejemplo. No hay datos oficiales nacionales al respecto.

No contar con estadísticas específicas es un problema grave a la hora de diseñar políticas públicas y planificar obras de infraestructura. En general, los gobiernos provinciales y nación cuentan con escasa información sobre estos servicios. En este sentido, el Informe del Indec es un hito relevante, porque provee datos estadísticos fehacientes, útiles para el diseño de la política y la gestión de los servicios públicos.

No es suficiente que el gobierno haga obras de infraestructura. El trabajo sólo se completa cuando se logra la conexión efectiva de los ciudadanos al servicio. Aún son muchas las asignaturas pendientes: desarrollo y aumento de obras pautadas según las necesidades de los territorios, previsión de capacidades y recursos necesarios, mantenimiento posterior de los servicios, estrategias de servicios públicos ligados a dinámicas de desarrollo local, entre otros temas.

Todo esto es medible. Su entendimiento permite racionalizar y ajustar políticas públicas: ¿Dónde se focalizan los mayores problemas? ¿Cuáles son las obras prioritarias? ¿Cuál es la población más afectada? ¿Quiénes necesitan soluciones urgentes? ¿Cómo se continúa luego con la provisión del servicio? ¿Cómo se fijan tarifas según las diversas realidades?

A inicios del año 2018, la Plataforma del Agua generó un gran revuelo al dar un ranking de las provincias con peores índices de accesibilidad al Agua y al Saneamiento relacionando este indicador con la pobreza estructural. El ranking evidenció las inconsistencias de la política nacional. Pero, al mismo tiempo, brindó instrumentos estadísticos y metodológicos para construir un Sistema Nacional de Información de Agua Potable y Saneamiento.

Este objetivo entró en la agenda política recién en noviembre 2018 con la creación de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Ahora la cuestión es diseñar e implementar -a partir de una sólida base de conocimientos- una política pública orientada al desarrollo territorial inclusivo y sustentable en Argentina.

* Docente del Departamento de Ciencias Sociales e investigadora y extensionista del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (UNQ)

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