Derechos Humanos

20 junio, 2019

San Miguel del Monte: a un mes de la masacre policial que se cobró la vida de cuatro jóvenes

Este 20 de junio se cumple un mes de la masacre en San Miguel del Monte, en la que murieron cuatro jóvenes y adolescentes a causa de una persecución fatal efectuada por agentes de la Policía Bonaerense. Familiares de las víctimas movilizan este jueves junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Este 20 de junio se cumple un mes de la masacre en San Miguel del Monte, en la que murieron cuatro jóvenes y adolescentes a causa de una persecución fatal efectuada por agentes de la Policía Bonaerense. Familiares de las víctimas movilizan este jueves junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

El 20 de mayo de 2019, alrededor de la una de la madrugada, tres patrulleros persiguieron a los tiros a un vehículo Fiat Spazio, en el que iban Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliariello (13), la única sobreviviente, que estuvo 20 días internada en el hospital El Cruce de Florencio Varela. El auto impactó contra un camión parado a la vera de la ruta 3 y las muertes fueron instantáneas.

Ese mismo día, en una especie de acto reflejo, la población de San Miguel del Monte salió a la calle para exigir justicia por las muertes producto del accionar policial. Fue así que se abrió una investigación que tiene a cuatro policías imputados y detenidos por homicidio agravado, y a otros ocho por encubrimiento, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica, junto con el ex secretario de Seguridad del municipio, Claudio Martínez.

Sucede que, tal como denunciaron las familias y organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la masacre se inscribe en una historia de violencia policial que, por miedo a represalias, permaneció en silencio hasta el pasado 20 de mayo, cuando la gota rebalsó el vaso.

Según reconstruyó la CPM, cuyos abogados patrocinan a las familias en la investigación, la policía de San Miguel del Monte está atravesada por la corrupción y la discrecionalidad. “Pedir sobornos o coimas era una práctica frecuente y conocida”, explicó el organismo en su página oficial.

A su vez, las y los jóvenes de la localidad padecieron la arbitrariedad y la violencia por parte de agentes de seguridad en el espacio público, como la plaza o la laguna de Monte. Según consignó la CPM, el 31 de marzo pasado la policía detuvo ilegalmente a Danilo durante más de cinco horas. El 9 de marzo, a Aníbal, el conducto del Spazio, lo frenaron en su auto y le pidieron una coima. De lo contrario, lo amenazaron con secuestrarle el vehículo.

A un mes de la masacre, las familias se ven obligadas a protestar contra la gestión municipal a cargo de la renovadora Sandra Mayol, quien hasta el momento no tomó ninguna medida que apunte a resolver la trama de corrupción y violencia policial armada en San Miguel del Monte.

Por el contrario, tuvo dos gestos: por un lado, suspendió a Alexis Rodríguez, el empleado del centro de monitoreo que aportó los videos de las cámaras de seguridad que luego fueron difundidos en los medios. Las grabaciones habían sido ocultadas durante 36 horas por decisión gubernamental, es decir que, gracias a la acción de Rodríguez, hoy están detenidos el funcionario Martínez y doce integrantes de la Bonaerense. Por el otro, designó como encargada de la seguridad local a una familiar de uno de los agentes detenidos que, como abogada, defendió a policías involucrados en otros delitos.

Es por eso que este 20 de junio, familiares de las víctimas junto a organizaciones sociales y de derechos humanos movilizarán a las 14 horas desde la pista de skate del pueblo, ubicada en Avenida de los Pescadores y López, hacia la plaza Adolfo Alsina, donde realizarán un festival en reclamo de justicia.

“La verdad y la justicia son indispensables como actos reparatorios no sólo para las familias de las víctimas y Rocío, la única sobreviviente, sino también para toda la comunidad de San Miguel del Monte”, señaló la CPM en su comunicado. Además, ratificó que la masacre fue resultado de “una política de Estado en materia de seguridad que asume como natural el accionar violento y desprofesionalizado de las fuerzas policiales”.

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