América Latina

11 julio, 2019

El Salvador: repetirán el juicio a una mujer violada y condenada por abortar

El máximo tribunal del país centroamericano tomó esta resolución ante la apelación de la abogada defensora de una mujer condenada a 30 años de prisión por interrumpir su embarazo.

El máximo tribunal del país centroamericano tomó esta resolución ante la apelación de la abogada defensora de una mujer condenada a 30 años de prisión por interrumpir su embarazo.

Evelyn Beatriz Hernández fue víctima de violación a fines de 2015. En julio de 2017, a sus 19 años, fue encontrada culpable de homicidio agravado por inducirse un aborto. Sin embargo, por decisión de la Corte Suprema la sentencia fue anulada y será juzgada nuevamente la próxima semana.

Durante el primer juicio Hernández aseguró que sufrió un aborto espontáneo. Incluso la defensa, conformada por Bertha María Deleón y Dennis Muñóz, explicó que la joven ni siquiera sabía que estaba embarazada y que confundió el trabajo de parto con dolores de estómago.

Tras la interrupción del embarazo, la mujer fue trasladada al hospital Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad de Cojutepeque. Los profesionales de esa institución fueron quienes hicieron la denuncia ante la policía.

Fue entonces que los oficiales acudieron al lugar donde sucedió el aborto y encontraron el feto. “Los agentes de autoridad dicen que lo lavaron, eso es obviamente una contaminación de escena”, cuestionaron Deleón y Muñóz en su momento.

Debido a estas y otras irregularidades es que se llevó la apelación ante los jueces del Tribunal Superior.

Condenadas por decidir sobre su cuerpo

El Salvador es uno de los seis países del mundo (junto al Vaticano, Malta, Nicaragua, República Dominicana y Honduras) en que la interrupción del embarazo está prohibida en cualquier circunstancia.

Frente a esto la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al país que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y elimine la prohibición absoluta de abortar.

Hace dos años el entonces alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, consideró que el país “tiene una de las leyes sobre aborto más draconianas del mundo”.

En total son 18 las mujeres presas en territorio salvadoreño por haberse realizado esta práctica. Algunas con penas que alcanzan los 40 años.

En ese marco el nuevo juicio no sólo plantea una revisión judicial sino que también se inscribe en un contexto político particular. Las organizaciones de mujeres y feministas, respaldas por un movimiento de alcance mundial, apuntan a la despenalización para casos de violación o donde corra peligro la vida de la persona gestante.

La misma posición ha manifestado públicamente el nuevo presidente -electo a principios de año-, Nayib Bukele, quien es partidario de despenalizar el aborto en algunos casos.

En marzo de este año la Corte Suprema salvadoreña ordenó, gracias a la presión y movilización popular, la liberación de tres condenadas por abortar. El tribunal conmutó sus penas (una de ellas llevaba nueve años presa) por considerar que fueron desproporcionadas y que el sistema de justicia no tomó en cuenta otros elementos al juzgarlas, como su condición social o de salud.

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