Géneros

12 julio, 2019

Precarización laboral, discriminación y violencia de género en el INAES

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) despidió a una trabajadora después de que ésta solicitara distintas licencias, la última por violencia de género.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) despidió a una trabajadora después de que ésta solicitara distintas licencias, la última por violencia de género. En un primer momento las autoridades del organismo decidieron renovarle el contrato por menos tiempo que a sus compañeros/as (tres meses para ella y un año para los demás). Luego, cuando decidió regresar a trabajar, una vez finalizada su licencia por violencia de género, le negaron el ingreso a su lugar de trabajo, violando lo estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo que regula la actividad del sector.

Paula tuvo que recurrir a distintas licencias para sortear las situaciones de violencia que ella y sus hijos vivían a diario por parte de su ex pareja. Al igual que muchas otras trabajadoras, se vio obligada a inventar excusas para poder faltar a su trabajo, hasta que el año pasado, como resultado de negociaciones colectivas, la licencia por violencia de género se incorporó al convenio colectivo y entonces pudo ponerle nombre al infierno que estaba viviendo.

Este despido muestra, por un lado, un acto de discriminación que viola todas los convenios y leyes vigentes en materia de violencia de género. En nuestro país rige, desde el año 2009, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Asimismo, la Argentina adhiere tanto a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y como a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belem do Para”.

A todo esto se suma que hace tan sólo 15 días el nuestro fue uno de los Estados que votó a favor de la aprobación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Recomendación 206 sobre Acoso y Violencia en el mundo del trabajo. “Luego de que el Estado Argentino votara por la aprobación del Convenio 190, funcionarios macristas deciden discriminar a Paula, por su única condición de ser mujer”, sostuvo Ernesto Zas, abogado de la trabajadora y miembro de Abogades en cooperativa.

Pero por otro lado, este despido deja al descubierto las consecuencias de la precariedad laboral que permite este tipo de prácticas de no renovación de contratos por el uso de una licencia legítima. “Luego de solicitar su reincorporación al lugar de trabajo, el INAES le denegó su derecho a trabajar a Paula. Ella, como muchas otras mujeres, sufre violencia por parte de su ex pareja, lo que la obligó a dejar su hogar, con sus hijos menores a cuesta. Debió recurrir a distintas licencias por las consecuencias que esa violencia machista le provocó a su salud psicofísica y a la de sus hijos”, agregó Zas.

El movimiento feminista ha logrado instalar, a fuerza de organización y movilización, la necesidad de incorporar la perspectiva feminista al ámbito laboral y sindical, obligando a hablar de temas que antes no eran incorporados a la agenda de negociaciones colectivas y que no formaban parte de los derechos a conquistar por los trabajadores y trabajadoras. La violencia de género ha sido uno de estos puntos. En este proceso ha puesto sobre la mesa que la pérdida de empleo que redunda en la pérdida de autonomía económica, genera peores condiciones para poder salir de situaciones de violencia, las cuales, por su parte, se perpetúan por la dependencia económica y la imposibilidad de abandonar el hogar.

La Ley 26.485, en su artículo 4° define como violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Y en esta definición comprende la violencia perpetrada desde el Estado o por sus agentes. Además, considera violencia indirecta a “toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

Sin embargo, este reconocimiento no es traducido en políticas públicas que busquen erradicar este tipo de violencia. El vaciamiento, desmantelamiento o la no implementación de los programas estatales responsables de materializar lo dispuesto por la Ley muestra a las claras que esto no es una prioridad para el macrismo.

Según un informe del Observatorio MuMaLá, en los primeros seis meses de este año fueron asesinadas 132 mujeres, y no existen políticas públicas que busquen revertir esta terrible realidad. Pero sin llegar al extremo del femicidio, los despidos y la violación sistemática a distintos derechos laborales ha empeorado la situación de las mujeres trabajadoras, dejándolas aún más vulnerables frente a la violencia machista.

En este contexto, el despido de Paula, que la priva de su sustento salarial, la aleja aún más de vivir una vida plena y libre de violencias, como lo establece la Ley. Es una forma de discriminación y revictimización que viola derechos laborales y humanos. Ante esta situación distintas organizaciones sindicales, políticas y de Derechos Humanos están convocando el próximo miércoles 17 de julio a una concentración frente a la sede del INAES para exigir su reincorporación.

Este caso muestra la profunda vinculación entre la violencia de género y la precarización laboral. Expone la necesidad de articular la perspectiva feminista con la perspectiva clasista para luchar contra la feminización de la pobreza y dejar atrás un feminismo liberal que plantea la igualdad sin cambiar las condiciones materiales de existencia que generan las desigualdades. El feminismo busca cuestionarlo todo, trastocar las estructuras patriarcales más arraigadas en el sentido común, esas que permiten naturalizar despidos por embarazos o por violencia de género.

En el mundo del trabajo, y sobre todo en un contexto neoliberal, el feminismo apunta a seguir ampliando los derechos de la clase trabajadora.

Florencia Trentini – @ositewok

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