Géneros

17 julio, 2019

Manifestación frente al INAES contra el despido de una trabajadora

Durante el mediodía del miércoles organizaciones se manifestaron en la puerta del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para exigir la reincorporación de Paula Ferioli, despedida por solicitar licencias por violencia de género.

La protesta se realizó durante el mediodía y participaron gremios estatales y organizaciones feministas que reclaman por la reincorporación de la mujer despedida arbitrariamente por solicitar diferentes licencias a causa de la violencia y amenazas que sufría por parte de su ex marido, a quien denunció en reiteradas oportunidades durante los últimos tres años.

“Es muy duro que luego de la violencia de género que sufro por parte de mi ex pareja, en el lugar de trabajo me den la espalda y perpetúen esta violencia”, sostuvo en diálogo con Notas, Paula -la trabajadora despedida- y destacó que “el apoyo de las compañeras es fundamental para sostener esta lucha”.

Después de siete años en el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, le negaron la renovación de su contrato y le impidieron el ingreso al edificio ubicado en Belgrano 172, CABA. Su despido se da en el marco de un caso de violencia de género que ella y sus hijos sufrían, y que la llevó a pedir licencias y ausentarse de su lugar de trabajo, siempre amparada por la legislación vigente.

La Ley 26.485, en su artículo 4° define como violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Y en esta definición comprende la violencia perpetrada desde el Estado o por sus agentes. Además, considera violencia indirecta a “toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

No obstante, en 2018 comenzaron los abusos laborales por parte de su jefa, Mirta López, mismo año en que pudo separarse de su marido y alejarlo de sus hijos. Durante una reunión, Paula manifestó su disconformidad con la obligación de hacer horas extras por el mismo salario. En consecuencia, su jefa le exigió que “bajara el perfil” y comenzó a hostigarla. “Manifesté esta coacción que había sufrido comenzando aquí una persecución directa, quita de tareas, malos tratos, ninguneo de parte de ella y del delegado de UPCN en INAES”, dijo la damnificada.

En diciembre del año pasado, al momento de firmar el séptimo contrato anual, Paula se encontró con que se lo habían reducido a tan solo tres meses (a diferencia del resto de sus compañeros que renovaron por un año). Tras hacer el reclamo con el entonces delegado de UPCN, Mario Uribe, éste le dijo que él la había “salvado del despido” que habían pedido expresamente su jefa Mirta López y su coordinador, Gonzalo Ribeiro.

Vencido ese plazo, el contrato se extendió por otros tres meses que finalizaron en junio de este año, mismo momento en que vencía la licencia por violencia de género recientemente incorporada al Convenio Colectivo de Trabajo. A partir de ese momento Paula quedó despedida, sin su salario, y revictimizada por el Estado que debería velar por su seguridad y la de sus hijos.

Al respecto, Ernesto Zas, abogado de la trabajadora e integrante de Abogades en Cooperativa, dialogó con este medio y sostuvo que “esta realidad es la de miles de mujeres, que sufren violencia de genero en el lugar de trabajo” y agregó: “La respuesta es la organización, desde abajo. Luchas como la que hoy enfrentamos que parecen aisladas, están vinculadas por una misma lógica, la de la violencia y la precarización”.

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