Mundo Gremial

7 agosto, 2019

“Las empresas de mensajería deben adecuarse a la ley o volvemos al siglo XVIII”

Así lo aseguró el juez porteño Roberto Andrés Gallardo en declaraciones a Télam, luego de dejar firme la sentencia que ordena al Gobierno de la Ciudad clausurar toda aplicación de delivery que no se encuentre debidamente registrada conforme al Código de Tránsito y Transporte (ley 5526) aprobado en 2016.

El juez Roberto Andrés Gallardo respondió a un comunicado de Rappi, Glovo y Pedidos Ya, que estas empresas “generan ocupación bajo una relación abusiva e ilegal y no quieren adecuarse a la ley”.

Ante la medida judicial que prohibió las aplicaciones de mensajería hasta que regularicen a sus trabajadores, las plataformas notificaron que el juez “busca suspender de modo arbitrario la fuente de ingresos de un gran número de personas”.

El fallo de Gallardo obliga a que las plataformas cumplan con el Registro Único de Transporte de Motovehículos y/o Rodados (RUTRAMyC) que tiene como objetivo principal velar por la seguridad vial de quienes realizan la actividad de mensajería y reparto a domicilio de sustancias alimenticias como también la regularización de la misma.

“Como la ley dice que las personas que trabajan realizando delivery lo hacen en relación de dependencia, las empresas quieren abstraerse de ese régimen y dicen que brindan un servicio informático, pero no se entiende entonces como ejercen logística, cobran comisiones sobre el transporte o realizan pagos”, afirmó el magistrado en referencia al vínculo laboral.

Para el juez la situación “es realmente grave”, ya que como explicó “las empresas no enviaron al juzgado la lista del personal ni acreditaron que entreguen los elementos de seguridad para el trabajo (casco, material refractario para ser identificados de noche y la mochila sujeta al vehículo). Y tampoco que el personal está dotado de libreta sanitaria, lo que exige la ley”.

En este sentido, detalló que “un repartidor puede trasladar a un cliente raticida o insecticida en un frasco líquido, que va a poner en la misma caja que coloca una pizza en el viaje siguiente, pero si en el camino se derrama fosforado, la persona come la pizza y muere”.

Después de ese fallo en respuesta a una medida cautelar de Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm), Gallardo fue recusado ayer y el expediente pasó al juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N 15, a cargo de Víctor Trionfetti.

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