Géneros

9 agosto, 2019

Presa y muerta por abortar

A un año del aniversario del rechazo al aborto, se dio a conocer el caso de Patricia Solorza, la mujer que estaba presa por abortar y que murió esposada a una camilla con una infección generalizada producto del abandono estatal.

En la jornada del 8A, mientras organizaciones feministas y de derechos humanos rememoraban lo que fue el proyecto de ley más discutido y movilizante de la historia del movimiento de mujeres argentino, se dio a conocer que una víctima de la violencia machista y estatal murió esposada a una camilla en el hospital de San Martín.

El hecho ocurrió el 5 de agosto y la muerta es Patricia Solorza. Estaba detenida desde hacía 6 años por “homicidio agravado por el vínculo”, figura que aparece en la causa para nombrar a un aborto. Un aborto que ella asegura no haberse hecho. Un embarazo que ni siquiera sabía que tenía.

Condenada a 8 meses de encarcelamiento, Patricia dejó afuera de la U47 de José León Suárez a su hijo de 14 años, discapacitado, y a su hija menor, de 4 años. Con dos menores a su cargo, pidió la prisión domiciliaria, pero se la negaron. Transcurrió la mayor parte de su condena entre talleres de la Universidad Nacional de San Martín y de cursos de la agrupación Yo No Fui en el penal, hasta que se enfermó.

Los fuertes dolores estomacales producto de una infección en la vesícula se generalizaron y Patricia pidió en reiteradas ocasiones ser trasladada a un hospital, pero el Estado la abandonó hasta que ya fue demasiado tarde. El lunes Patricia falleció esposada de pies y manos a la camilla hospitalaria, custodiada por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En su muro de Facebbok, desde Yo no fui indicaron que la mujer “agonizó durante varios días después de tres operaciones de vesícula, murió luego de llegar a la guardia del hospital, con litros de pus en el estómago, porque su agonía empezó mucho antes”.

Asimismo sostienen que no se trató de “una fatalidad” sino que la “fueron matando de a poco”, y denuncian al Centro Médico de la Unidad por “abandono de persona al no llevarle el apunte cuando pidió atención médica”, “cuando el juzgado no respondió sus escritos” y “cuando la defensoría no defendió sus derechos”.

Página 12 entrevistó a su hermana, Luján Solorza, quien relató parte de la vida de Patricia. “Ella nos dijo que no sabía que estaba embarazada, que le seguía viniendo, ya le había pasado eso con sus otros embarazos, nunca se daba cuenta. Yo creo que también es porque mi papá casi la mata con un cuchillo cuando quedó del primero, mi papá la maltrató mucho a ella, por eso a lo mejor negaba, no sé, nosotros sentíamos que se había vuelto loca”.

Tres años después de que el padre de las 4 mujeres y 2 varones que componían la familia de Patricia se muera, ella fue detenida por abortar. En un juicio abreviado y sin presentación de pruebas, fue sometida para que acepte el fallo y nunca se le otorgó ningún beneficio de prisión domiciliaria, acortamiento de la pena o salidas transitorias. Tampoco le dieron acceso a sus derechos básicos, como la atención médica necesaria para no morir tras las rejas.

A pesar de que Patricia les advirtió a las autoridades carcelarias que necesitaba con urgencia ver a un médico, le negaron todo los pedidos. Trataron 2 meses en registrar su petición y un día antes de ser trasladada a La Plata para que la vea un médico, tuvieron que llevarla de urgencia al hospital de San Martín donde volvieron a torturarla.

Luján contó que “no le hacían las curaciones de las heridas” y que “ella tuvo que decirles que era una paciente como cualquier otra”. Tampoco saben qué definió su merte porque según dijo la hermana de la víctima, “el médico me dijo que él no era adivino, que la habían llevado tarde y que hacía lo posible”.

Cuando el feminismo y el movimiento de mujeres detrás de la búsqueda de la aprobación del aborto habla de “legalización social” y “victorias en las calles”, habla directamente de que los casos como el de Patricia no son bienvenidos en esta sociedad. Está a la vista que la desidia estatal y los responsables políticos que dicen militar por “las dos vidas” solo están interesados en castigar hasta la muerte a las mujeres que decidan – o no, como en el caso de Patricia – sobre su propio cuerpo.

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