Batalla de Ideas

15 agosto, 2019

Otro escenario para el aborto legal

Esta semana Alberto Fernández brindó una entrevista al programa “Corea del Centro” y ratificó su posición frente al aborto. Reiteró que tiene “la voluntad política de legalizarlo” y sostuvo que hay “una primera etapa que es más fácil: la despenalización”.

Carla Martilotta

@carlamartilotta

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“No hay registro ni condena por aborto. Hay muy pocos, y generalmente recae sobre médicos, no sobre mujeres. Con la despenalización el aborto deja de ser clandestino y la mujer tiene muchos más mecanismos para preservar su salud”, dijo el candidato vencedor en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ante la pregunta de la periodista María O’Donell sobre si la despenalización impide que “las mujeres vayan presas”.

La entrevista se realizó después de que se conociera el caso de Patricia Solorza, quien pasó los últimos 6 años de su vida presa por “homicidio agravado por el vínculo”, aunque en realidad haya sido condenada por realizarse un aborto. A través de denuncias penales y sentencias judiciales se instala la idea de que en general las mujeres no reciben condenas por interrumpir sus embarazos, ya que en numerosos casos no se aplica el artículo 88 del Código Penal que discrimina la figura del resto de los delitos graves, y se lo enmascara bajo la figura de “homicidio”.

Sobre el tema profundiza la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Laureana Malacalza, en un artículo para Latfem titulado “Las ‘infanto’ y el debate por el aborto”.

“Los organismos del ejecutivo o de la administración de justicia no especifican en sus estadísticas los diferentes tipos de delitos contra la vida en que se criminaliza a las mujeres ni tampoco brindan información acerca de la cantidad de mujeres que han sido investigadas o condenadas por aborto”, resalta.

Pero que las mujeres están presas por abortar, es un hecho. Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre el 1º de marzo de 2011 y el 29 de febrero de 2016, se avanzó en al menos 167 causas contra mujeres por el delito de aborto propio (art. 88).

Así, la nomenclatura en las instancias judiciales y penales no implican solo una variación en las penas o condenas, sino también un problema a la hora de realizar estadísticas, herramientas fuertes a la hora del diseño e implementación de políticas públicas. La clandestinidad es precisamente, lo oculto. Lo que en ella pasa, no se ve. Y si no se ve, no se actúa en consecuencia.

Las distintas formas de violencia contra las mujeres, travestis y trans, tienen que ser visibilizadas para dejar de engrosar las listas que buscan ocultar la problemática.

Es en ese sentido que la reforma del Código Penal presentada por el gobierno de Cambiemos (y que será discutida en comisión la semana entrante) es insuficiente en la misma medida que lo es la despenalización del aborto.

En un primer punto, porque los cambios al artículo 88 no garantizan que a las mujeres no se las juzgue bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo”, como ocurre en la actualidad. En otro, porque las reformas lejos están de garantizar a las mujeres el pleno ejercicio del derecho sobre sus cuerpos. Pero sobre todo, porque ninguno alcanza para salvar ninguna vida.

La importancia del aborto legal es que supone la puesta de un marco de cuidado estatal sobre las mujeres que lo atraviesan. En primer instancia dicta la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país. Supone la gratuidad de los anticonceptivos, el acceso a un sistema de salud de calidad, la gratuidad de la intervención o pastillas abortivas, la quita de la condena social y la garantía de continuar con vida de manera digna.

Desde el debate por la legalización del aborto en el Congreso, sin embargo, pueden identificarse numerosos casos en materia de retroceso de derechos para las mujeres y personas gestantes. En gran medida se dictaron sentencias que violan el art. 86 del Código Penal que establece excepciones al castigo del aborto, y que lo vuelve legal en caso de que el embarazo sea –entre otras causales– producto de una violación.

El sometimiento de niñas y adolescentes en partos forzados se realizó en varios lugares de Argentina con la connivencia de los poderes políticos locales. En Tucumán, donde el gobernador Juan Manzur -mencionado como posible ministro de Alberto Fernández- fue reelecto, ocurrió uno de los casos mas resonantes después de que la provincia se declarara ‘provida’.

Una menor fue violada por la pareja de su abuela y quedó embarazada. Ella y su madre solicitaron un aborto legal, pero fue obligada a parir. El bebé murió y los médicos están siendo juzgados por ello.

También se viola la Constitución Nacional, adherida a la Convención Americana Belem do Pará (Convención Latinoamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género) que en su art. 8 indica que los Estados parte fomentarán “la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”.

En tanto, este 10 de enero el Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.499 -conocida como “Ley Micaela”- que en su art. 1 establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”. Sin embargo Tucumán, como otras provincias, todavía no adhirió a la normativa. Además, la ley no cuenta con presupuesto estatal y por ende no se implementa.

La salida del gobierno de Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza y la promesa del gobierno del Frente de Todes trae cierto alivio. El kirchnerismo tiene en su historial la sanción de los derechos mas progresistas que se recuerden en las últimas décadas. La ley de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género suponen avances en la materia hasta entonces inexistentes en América Latina, donde hoy asechan gobiernos conservadores de ultra derecha.

En tanto, la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández votó a favor de la legalización del aborto hace poco más de un año, en lo que fue uno de los discursos mas debatidos por el cambio de postura en comparación con su gobierno.

Sin embargo, en el Frente de Todes también descansan representantes de los poderes que hoy condenan a las mujeres a la cárcel y a la muerte en violación de las leyes vigentes. Un presidente comprometido con el aborto legal tendrá la responsabilidad de correr a esos sectores y hacer primar los derechos.

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