El Mundo

21 agosto, 2019

Amazonas arde

La Amazonía brasileña lleva 17 días incendiándose. Organizaciones denuncian que los mismos son ocasionados intencionalmente y que el Gobierno de Jair Bolsonaro es cómplice. Este crimen ambiental acarrea consecuencias climáticas y ecológicas graves que pueden ser catastróficas.

Julian Monkes

@JMonkes

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El Amazonas es la mayor región tropical del planeta. Cuenta con un bosque húmedo denso, con porciones pequeñas de tipos distintos de vegetación. El mismo ha sido reconocido por largo tiempo como una reserva de servicios ecológicos no sólo para la gente que lo habita, sino también para el resto del mundo.

Se trata además del único bosque tropical que queda de ese tamaño y diversidad. El mismo produce el 20% del oxígeno del mundo y es el reservorio más importante de carbono de América Latina. De esta forma, se constituye como una de las herramientas más eficaces en la lucha contra el cambio climático.

Dicho bioma se comparte entre nueve países y Brasil es el que tiene el territorio más amplio. Cuenta con un 28% de áreas naturales protegidas, que hacen parte del sistema nacional, y otro 23% que son territorios indígenas.

La deforestación y la tala indiscriminada busca expandir las fronteras agrícolas, de pastoreo y cría de ganado -para abastecer las exportaciones de carne y soja-, alimenta la extracción maderera y minera y promueve la construcción de grandes infraestructuras a lo largo de toda la selva.

Quemar para hacer negocio

Esto es ilegal dentro áreas conservadas, a menos claro, que esa porción que se quiere talar se prenda fuego accidentalmente.

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) calcula que el 80% de toda la tala en la Amazonía es de procedencia ilegal, pero no puede hacer mucho al respecto. Si bien Brasil cuenta con muchas leyes que podrían frenar la deforestación y fomentar el uso sustentable de los recursos, el desfinanciamiento que sufrió esta institución hace que su regulación sea imposible.

Brasil ha registrado 72.843 focos de incendios detectados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), en lo que va del año. Es la cifra más alta desde que en 2013 comenzaron a divulgarse estos datos e implica un aumento del 83% respecto al mismo periodo en 2018.

Desde el jueves, las imágenes satelitales del INPE detectaron casi 10 mil nuevos incendios forestales en el país, principalmente en la cuenca del Amazonas donde han afectado 68 reservas protegidas. Si bien estamos en la estación seca y aumenta la probabilidad, la actividad es tan alta que funcionarios del gobierno aseguraron que son intencionales. 

Tampoco sorprende que la expansión de los incendios intencionales coincida con la asunción de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Él mismo se propuso atacar todo tipo de activismo, incluido el ambiental.

“Brasil no debe nada al mundo en relación a la preservación del ambiente”, rezaba Bolsonaro en su visita a Chile a principios de este año. En discursos de campaña sostenía que no iba a proteger ni un milímetro de tierra que pudiese ser explotada, entendiendo al Acuerdo ambiental de París como una barrera para la tenencia de la tierra. Más aún, el presidente despidió recientemente al director del INPE después de criticar por inexactas las estadísticas de la agencia pública que ponen de manifiesto la aceleración de la deforestación en el país.

Este gobierno tampoco renovó el programa impulsado por la ex presidenta Dilma Rousseff (“Bolsa Verde”) que tenía el objetivo de preservar la zona Amazónica mediante el otorgamiento de incentivos a productores rurales que apliquen métodos de agricultura sustentable y eviten la tala en sus propiedades. 

En relación con los pueblos indígenas, las medidas son aún más drásticas. En 2017 decía: “No se demarcará ni un centímetro para una reserva indígena o una quilombola” (territorio para los descendientes de comunidades esclavas africanas). En su primer día de mandato ordenó la transferencia de demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, el cual estaba a cargo de la Fundación Nacional del Indio.

Su negacionismo al cambio climático y los derechos de las comunidades que vienen habitando esas tierras desde hace siglos, es alarmante. Los incendios intencionales para permitir el avance del modelo agrícola hegemónico tendrán consecuencias ecológicas incalculables para la gente que vive en la selva, y consecuencias climáticas para todo el mundo. De seguir así, estas pueden ser catastróficas.

Un aumento aún mayor de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuye a los desequilibrios que ya estamos viviendo: inundaciones, temperaturas extremas, descongelamiento de glaciares, etc. Detener los incendios intencionales es una tarea urgente para salvaguardar la vida de la gente que vive ahí, frenar el desastre ecológico que puede acarrear y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

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