Derechos Humanos

19 septiembre, 2019

Tucumán: imputan a 81 represores por delitos de lesa humanidad contra 462 personas

La provincia norteña fue ocupada por la dictadura a partir del Operativo Independencia. En su zona sur, los militares montaron un centro de detención donde llevaron a cabo torturas, homicidios, violaciones e inhumaciones clandestinas.

Antonio Bussi, militar e interventor de la provincia entre 1976 y 1978, presenta el croquis a sus subordinados.

Por primera vez desde que se iniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico, militar y eclesiástica en la provincia de Tucumán, 81 represores fueron imputados en una misma causa. Se los acusa de secuestros, torturas, homicidios y delitos sexuales contra 462 personas.

La provincia de Tucumán fue una de las más asediadas por el régimen militar. En su parte sur, particularmente en la ciudad de Famaillá, la dictadura montó, en el marco del Operativo Independencia, un centro clandestino de detención denominado “Puesto de Comando Táctico” que funcionó en el ex ingenio Nueva Baviera.

Quienes sufrieron la represión en esa zona fueron en su mayoría campesinos y campesinas desocupados que anteriormente trabajaban en la industria azucarera, en retroceso desde el inicio de la década del ‘60.

De las 462 víctimas del terrorismo, el 25 por ciento continúa desaparecida, mientras que 18 de ellas fueron identificadas en tres sitios de inhumación clandestina: Cementerio Norte, Arsenal Miguel de Azcuénaga y el denominado “Pozo de Vargas”.

Los delitos que se le imputan a los 81 represores son violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición agravada de torturas, homicidio triplemente calificado, aborto, abuso deshonesto, violación, reducción a la servidumbre, extorsión, robo agravado, usurpación, lesiones, estrago doloso y asociación ilícita.

Tal como detalló el Tribunal Oral de Tucumán, en la zona sur de la provincia se llevó adelante, entre 1975 y 1983, una “experiencia totalitaria”, debido a que los militares ejecutaron un proceso de ocupación territorial, controlaron la vida privada de los pobladores, su organización y sus condiciones de sociabilidad. A tal punto que construyeron allí cuatro pueblos y obligaron a comunidades enteras a relocalizarse.

La denuncia es impulsada por los fiscales federales Carlos Brito y Pablo Camuña, quienes cuentan con el apoyo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Según se señala en la página del Ministerio Público Fiscal, se trata de “el requerimiento de indagatorias más voluminoso en la jurisdicción desde la reapertura de los procesos”.

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