Géneros

3 octubre, 2019

Una respuesta punto por punto a las medidas de Macri contra la violencia de género

Este miércoles el presidente anunció una serie de medidas que se buscan inscribirse en una supuesta agenda feminista. ¿Representan una solución o sólo constituyen un paliativo?

Laura Oszust

@Laurenciokurda

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Los casos de violencia de género no cesan. En Argentina, tan solo en septiembre hubo 27 femicidios y en lo que va de 2019, 227 mujeres fueron asesinadas por su género, hubo 10 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 13 femicidios vinculados de hombres y niños, de acuerdo al relevamiento que realiza el Observatorio contra las violencias de género Ahora que sí nos ven.

En un país donde una mujer es asesinada cada 26 horas, es de suma urgencia tomar medidas desde los Estados para resolver este fenómeno, que es la máxima expresión de un sistema patriarcal que construye relaciones económicas, sociales y culturales de desigualdad de género.

1. Proponemos la investigación automática ante la primera denuncia

“¿Cómo solución?”

La realización de denuncias por violencia de género no pone de por sí a las mujeres en peligro, sino que la inacción por parte del Estado en materia de políticas públicas de protección integral de las mujeres, como el acceso a la vivienda, al trabajo, la educación y la salud, sí hacen peligrar su integridad física y psicológica. Esto se refleja en que 32 de las 227 mujeres asesinadas en lo que va de 2019 hicieron la denuncia y 25 tenían medidas judiciales, según cifras del Observatorio Ahora que sí nos ven.

Además, resulta urgente que la Justicia intervenga, pero no cualquier Justicia, sino la integrada por especialistas en género y derechos humanos. Para ello es necesaria la implementación de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2. Cualquiera podrá denunciar

“¿Después de la denuncia qué?”

Es cierto que en la mayoría de las ocasiones las mujeres que viven violencia de género no pueden realizar la denuncia. Las causas son variadas: porque esa violencia está naturalizada, porque tienen miedo de lo que les pueda pasar o porque no saben qué hacer luego de la denuncia.

En ese sentido, el Estado debe impulsar a que las mujeres denuncien y facilitar a los que sepan de estas situaciones que también lo hagan informando sobre qué es violencia, dónde se puede denunciar y cómo -punto al que se refiere la Ley 26.485 aunque no se observan campañas de difusión-. Pero alentar las denuncias de víctimas y terceros debe ir acompañado de políticas de protección hacia estas personas, como brindarles vivienda y trabajo.

Educación, empleo y vivienda son cuestiones que deben ser garantizadas para que las mujeres después de una denuncia no se encuentren en peligro.

3. Vamos a centralizar la información

“Lucha con datos”

¿Es importante centralizar la información? Sí, pero eso solo no generará predicción de riesgo. Es elemental el acompañamiento de las mujeres que denuncian desde los organismos estatales, para evitar que se ponga en peligro su vida. Sumado a ello, es urgente resolver la situación de precarización laboral en la que se encuentran las trabajadoras de la línea 144, quienes también son mujeres que se ven inmersas en las lógicas de desigualdad del patriarcado.

4. Acción concreta desde la primera alerta

“Un tutor medirá tu riesgo de vida”

Consideramos que asignarnos un “tutor” nos retrotrae a la Edad Media, donde las mujeres tenían el mismo status jurídico que el de los niños y niñas como menores de edad. Ese tutor analizará el riesgo que corremos. En este sentido es válido preguntarse: ¿cómo evaluarán la peligrosidad de cada caso si, al mismo tiempo, los actores estatales no tienen formación en género y derechos humanos?

En cuanto a las medidas de seguridad propuestas en caso de riesgo mayor, observamos que son medidas que continúan vigilando a las mujeres y no actúan sobre el agresor ni sobre las desigualdades de género.

5. Policía preparada

“¿Cómo?”

La Ley 27.499, más conocida como la Ley Micaela, fue sancionada en enero de 2019. La misma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Si bien esta ley no contemplaría a las fuerzas de seguridad, debería ponerse en práctica la formación de los agentes de la Policía (y otras fuerzas) en atención de mujeres en situación de violencia de género. Es importante que sepan la ley contra la violencia hacia las mujeres y saber cómo actuar en cada situación (tomando la denuncia, no exponiendo a la víctima, no revictimizando).

Al mismo tiempo, cabe destacar que 12 de los agresores de los más de 200 femicidios de 2019 pertenecía a las fuerzas de seguridad. Esto tendría que ser tenido en cuenta por el Estado para rever la portación de armas de los agentes que tienen denuncias de violencia de género.

***

Para que los casos de violencia de género cesen (y acaben) son necesarias políticas públicas que protejan a las mujeres. Los femicidios son la punta del iceberg de una sociedad regulada por reglas patriarcales basadas en la desigualdad de género, y que tienen como instrumento aleccionador la práctica de las violencias. Con esta complejidad es que debe encararse la violencia de género, observando el contexto.

La realidad de las violencias no es sólo el golpe o el moretón, sino la situación global en la que se encuentran las mujeres: vivimos en un mundo en el que cobramos un 26% menos que los varones por la misma tarea (por lo cual las crisis económicas nos afectan más fuerte), le dedicamos el doble de horas que los varones al trabajo doméstico no remunerado (y de cuidado) y por ello a veces quedamos fuera del mercado laboral, nos topamos con un techo de cristal y nos pegoteamos en suelos que nos dificultan ascender profesionalmente. En este sentido, necesitamos que el Estado (y los gobiernos) aprendan que la violencia de género es un todo con partes invisibles, a las que hay que estar atenta para erradicarla. 

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