Batalla de Ideas

7 octubre, 2019

35,4% de pobreza ¿y cuánto de riqueza?

Dos caras de una moneda. El anverso fue noticia el lunes pasado, cuando el INDEC publicó la tasa de pobreza. El reverso, el viernes anterior, cuando el Banco Central difundió los datos de quienes compraron más de 10 mil dólares en un mes.

Federico Dalponte

@fdalponte

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Suena lógico, pero no lo hacemos. La difusión del índice de pobreza debería acompañarse por uno análogo que mida la riqueza: su concentración, su contextura física, su desfachatez. Lejos de eso, lo que quedan son indicios, destellos de esa tasa de riqueza tan opaca.

El Banco Central hizo hace dos semanas lo que siempre: publicó los datos de aquellos infractores merecedores de sanción. El mecanismo es automático: cruce de datos, comunicación a los bancos y suspensión preventiva del CUIT. Pero esta vez terminó en escándalo.

Alrededor de 800 personas se vieron de pronto involucradas en la posible comisión de un delito por algo que habían hecho siempre. Una pequeña trampa al sistema. Los acusados sabían que no podían exceder el límite de compra mensual, pero buscaron el atajo. Al final del día clamaban por su anonimato.

Si Juan o María roban un cajón de manzanas, en minutos sus nombres aparecerán en todos lados. Pero el segmento comprador de dólares a gran escala prefiere pedir silencio. La opacidad es la regla: el secreto –fiscal o bancario– es un beneficio que sólo aplica a delitos de guante blanco.

En 2016 fue el último gran manto de piedad. El blanqueo de capitales lanzado por Mauricio Macri llevaba entonces un nombre más simpático: régimen de sinceramiento fiscal. La ley 27.260 permitía reconocer la comisión de un delito sin pena ni reclamo por parte del Estado.

En total, se blanquearon 116 mil millones de dólares, el doble de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional y el cuádruple de las exportaciones del sector agropecuario. Por supuesto, el beneficio incluía un gravamen ridículamente bajo y permitía mantener el dinero en el exterior. No vaya a ser cosa que.

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Lo extraño, sin embargo, es la ajenidad del daño. O mejor dicho: la percepción social de que esa masa de miles de millones concentrados y fugados del país no causan daño al conjunto. Suena ridículo hablar de la pobreza estructural, o de ese 7,7% de la población que no cubre sus necesidades básicas alimentarias, sin mencionar el rol que cumplen aquellos que están en el otro extremo de la desigualdad. La Argentina es un país en el que crece la apertura de cuentas en el exterior mientras cae el consumo de leche.

Según el informe publicado por el INDEC hace dos semanas, entre los segundos trimestres de 2018 y 2019, aumentó de 18 veces a 20 la brecha de ingreso per cápita familiar existente entre el 10% más rico del país y el 10% más pobre. Ese decil más acaudalado se queda con casi el 32% de la riqueza total, mientras que el decil más pobre no llega al 2%.

Y más: el 80% de la población con ingresos obtiene, de fuentes laborales y no laborales, un monto periódico inferior a los 30 mil pesos –es decir, por debajo de la canasta básica calculada para una familia tipo–. Y peor aún: el ingreso promedio per cápita familiar, siempre según el INDEC, fue de 13.400 pesos en el segundo trimestre de 2019, pero con un máximo de 1,7 millones en el decil más alto.

No cualquiera, resulta obvio, puede comprar más de 10 mil dólares por mes, un monto equivalente a 29 veces el ingreso medio de los asalariados de la Argentina. Ese nivel de concentración es una síntesis del poder que detenta el sector, correspondiente al segmento más alto del decil más alto, y sobre el cual la presión tributaria suele ser particularmente compasiva.

Según informó Guido Sandleris, son apenas 26 mil personas las que se dolarizan a esa escala; dato valioso como indicador de riqueza y eventual base para una mayor recaudación impositiva. Son, en total, el 0,05% de la población del país. Un número verdaderamente exiguo. Podrían entrar todos en la cancha de Nueva Chicago y sobraría espacio. Sin embargo, la discusión sobre su rol en nuestra sociedad es fundamental.

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Quiénes son, con qué recursos cuentan, qué bienes poseen son algunas de las incógnitas que incluso tiene la AFIP. No se trata ni por asomo del pequeño ahorrista de ingresos medios que después de las primarias retiró sus dólares del banco y se los llevó al colchón o –con suerte– a una caja de seguridad. Son otros, de técnicas más sofisticadas: de los 5.900 millones de dólares que se fugaron del sistema en agosto pasado, 3.400 millones fueron girados a cuentas en el exterior, siguiendo la estrategia del ex ministro Nicolás Dujovne.

Técnicamente no es delito, decía Laura Alonso en el pico del escándalo por los Panamá Papers. Y en parte es cierto. Uno puede pasarse un año preso por romper a piedrazos la Casa Rosada, pero estará exento de responsabilidad si la fuga de divisas hunde en la pobreza a cientos, a miles o a millones de personas.

Se dirá, en consecuencia, que no es un problema argentino. Y también es cierto. El economista francés Gabriel Zucman sostiene que la riqueza individual escondida en cuentas offshore puede estimarse en 7,6 billones de dólares, una suma mayor al PBI del Reino Unido y Alemania juntos; suficiente para acabar, según la FAO, dos veces con el hambre en el mundo. Problema no ajeno a la Argentina en tiempos de emergencia alimentaria.

En esta parte del globo, el dilema es siempre el mismo, sea que el dinero se fugue a Estados Unidos o a Panamá. El rol determinante de esa ínfima porción de la sociedad generó esta vez la reacción del Banco Central, pero pocos se atreven a ir más allá.

Hay rumores de un eventual incremento de la alícuota del impuesto a los bienes personales en caso de ganar Alberto Fernández las próximas elecciones. Habrá que verlo. La trampa de discutir las carencias sin debatir las abundancias lleva siempre al desengaño.

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