El Mundo

9 octubre, 2019

Claves para entender la insurrección popular en Ecuador

Con una gestión que clausuró la continuidad de las políticas de Rafael Correa, impulsó reformas neoliberales, favoreció al gran capital, empobreció al pueblo y se alineó exteriormente a la geopolítica estadounidense, Lenín Moreno enfrenta sus horas más críticas en un historial de varios presidentes expulsados por el pueblo.

Nicolás Castelli

@NicoCastelli3

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El giro a la derecha y al neoliberalismo

Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa de 2007 a 2013. Llegó a la jefatura de Estado en 2017 como un continuador de las políticas desarrolladas por éste pero con la idea de desplegar un estilo menos confrontativo.

Sin embargo, al poco tiempo de asumir dio un giro neoliberal y antipopular traicionando el mandato que lo puso en la presidencia del país para seguir con la Revolución Ciudadana puesta en marcha por Correa.

Limpió de funcionarios correistas el Estado y con el discurso de fomentar “diálogo nacional” fue acercándose a sectores de las elites empresariales, conservadoras y de derecha anticorreistas quienes ocupan hoy gran parte de su gabinete y distintas dependencias. 

En ese sentido, nombró a Richard Martínez, un empresario que era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), como ministro de Economía para recomponer el poder de los mercados, liberalizar la economía y avanzar en la flexibilización laboral.

A los pocos meses de su gestión, sellado el pacto con la derecha y las corporaciones mediáticas, se consumó la ruptura de Alianza País, el partido fundado por Correa en 2006 y que fue un  vector clave durante los años de la “década ganada”. Actualmente, las fuerzas leales al ex jefe de Estado se reagruparon en el Movimiento Revolución Ciudadana.   

Con la instalación en la agenda pública de la corrupción estatal centrada en los años del correísmo, en febrero de 2018, Moreno organizó una consulta popular para “luchar contra la corrupción” con el objetivo de debilitar al ex presidente, cerrar la etapa de la Revolución Ciudadana y viabilizar las reformas neoliberales. 

De las siete propuestas sometidas a referéndum, una prohibía a los mandatarios políticos presentarse más de dos veces para ocupar el mismo cargo lo que deshabilita la reelección de Correa; otra permitía destituir a los funcionarios designados para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se consideraban allegados al ex mandatario y crear uno transitorio.

Los CPCCS fueron creados por la Constitución de Montecristi en 2008 con el objetivo de democratizar la política y designar, por medio de concursos públicos y veedurías, al contralor del Estado, fiscal, defensor del Pueblo, Consejo de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral, entre otros cargos.

Con graves errores y omisiones durante la etapa de la Revolución Ciudadana en la lucha contra lo corrupción -como el caso del contralor Carlos Pólit, nombrado para llevar a cabo esta lucha y hoy prófugo del país acusado de recibir coimas de Odebrecht- la iniciativa de Moreno triunfó y se instaló un CPCCS transitorio. 

Pero esto no sirvió más que para reestructurar gran parte de las funciones del Estado y que la vieja política y actores corporativos ocuparan diferentes instituciones estatales, controlar la justicia y perseguir principalmente a los ex funcionarios del gobierno anterior, todo con el apoyo de los grandes medios de comunicación.

En este sentido es paradigmático el caso del ex canciller Ricardo Patiño, a quien se le inició un juicio penal y se le dictó la prisión preventiva por llamar a la resistencia contra las políticas de Moreno en una reunión partidaria. 

Con pautas publicitarias estatales y con la reforma la Ley Orgánica de Comunicación de la época de Correa -que disminuyó del 33% al 10% el porcentaje de frecuencias para los medios públicos y renovó por 15 años las licencias de 210 emisoras de radio y televisión privadas- Lenín Moreno logró el blindaje mediático de las corporaciones.

En política exterior, se retiró de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) luego de once años de pertenencia al organismo y de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América – Tratado de los Pueblos (ALBA-TCP) como así también contribuyó al debilitamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Además propuso la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico, una organización alineada con Washington.

Tras varias amenazas, finalmente en abril de este año revocó el asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien permanecía refugiado en la embajada ecuatoriana de Londres desde la época de su predecesor.

A su vez, en el marco de cumplir con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sin garantizar la producción petrolera del país.

Con la excusa de “salir de la crisis” que supuestamente “dejó el correísmo”, bajo la conducción económica del empresario Martínez se tomaron una serie de medidas que favorecieron a los sectores económicos concentrados y empobrecieron a la mayoría del pueblo.

Un estudio realizado sobre la base de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), da cuenta del deterioro social durante el gobierno actual. En el primer trimestre de 2018 alrededor de 504 mil personas cayeron en la pobreza –tras una década donde 1,7 millones de ecuatorianos salieron de ella- y de esa cifra, unas 185 mil pasaron a la pobreza extrema. 

En ese mismo semestre, las cifras de empleo se redujeron en 9,2%, lo que implica unas 300 mil personas desempleadas.

En una encuesta realizada en Quito y Guayaquil en  julio pasado, el 84,06% de los consultados consideró que la gestión de Moreno es mala y el 74,69% manifestó tener una imagen negativa del presidente.

El endeudamiento externo

En marzo pasado, Moreno aceptó una línea gradual de préstamos por 10.200 millones de dólares de varias instituciones financieras internacionales entre las que se destacan el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De ese monto, 4.200 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional (FMI), rompiendo así con una década de independencia del país con el organismo financiero y siendo la décima séptima vez en su historia que el Ecuador implementa reformas estructurales con recetas de esa entidad.

Además, el acuerdo viola los artículos 419 y 438 de la Constitución de 2008 según los cuales para ratificar un tratado internacional se necesita la aprobación de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, en caso de que se comprometa, “la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales”.

En la carta de intención enviada al organismo crediticio, el equipo económico de Martínez, con el visto bueno del presidente, se comprometió a achicar el Estado, reducir el déficit fiscal, privatizar bienes estatales, desregularizar controles -especialmente lograr la independencia del Banco Central-, flexibilizar el mercado de trabajo, realizar reformas impositivas que favorezcan a los sectores más concentrados de la economía y reducir en un 5% el Producto Bruto Interno.

Con esta carta, el mandatario ecuatoriano selló el acuerdo sin dar detalles sobre las condiciones y los tramos. Recién la semana pasada se conoció el “paquetazo” de condiciones exigidas.

El “paquetazo” y  la militarización de la protesta 

El 1° de octubre, en cadena nacional, Moreno informó a la población un paquete de medidas que incluyen: la liberación del precio del diesel y la nafta con la quita de subsidios mediante decreto, la baja de impuestos a la salida de divisas en materias primas y bienes de capital para el sector productivo y reformas laborales que afectan fundamentalmente al sector público, más la supresión de los impuestos a la importación de aparatos tecnológicos, como teléfonos celulares, computadoras, tabletas, etc.

A su vez, en un contexto donde ya se despidieron a 23 mil empleados públicos, el paquete incluye la reducción de un 20% en la remuneración de contratos ocasionales para trabajadores del Estado, además de reducirles el tiempo de vacaciones de 30 a 15 días con el argumento de ser “aún más eficientes” para lograr mayores posibilidades de crecimiento.

En tanto que los trabajadores y trabajadoras de las empresas estatales deberán aportar mensualmente un día de su salario bajo la justificación de que perciben un sueldo superior al resto de la administración pública.

En resumen, el denominado “paquetazo” incluye reformas laborales que perjudican principalmente a los trabajadores y trabajadoras, reformas impositivas que favorecen a los sectores económicos concentrados y la quita de subsidios a los combustibles, una de las medidas más resistidas por el impacto inflacionario en el bolsillo de la población.

En ese sentido, con la liberación del precio a las naftas, el galón (3,78 litros) de diesel pasó de 1,03 a 2,27 dólares, mientras que la nafta subió de 1,85 a 2,30 por galón. En tan solo un día de vigencia de la medida los combustibles aumentaron un 123%, una suba que después se trasladará a los demás productos y bienes de consumo.

Tras estos anuncios, la ola de repudio general no se hizo esperar. Organizaciones gremiales, sociales, indígenas y federaciones estudiantiles y la población en general comenzaron una serie de movilizaciones y paros que se agudizaron tras la sanción del decreto que impuso el Estado de sitio en todo el territorio nacional por dos meses con posibilidad de extenderse.

Con la sanción de este decreto se suspende “en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión”, lo cual “consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las veinticuatro horas del día”. 

A esto se agrega el reciente decreto que impone el toque de queda donde queda restringida “la movilidad en áreas sensibles y de importancia estratégica” entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana. Y que quienes incumplan la orden “serán inmediatamente detenidos”.

Un historial de presidentes depuestos

Ecuador tiene una larga historia de presidentes expulsados por diferentes motivos y situaciones. Abdalá Bucaram en 1997 por “incapacidad mental”, Jamil Mahuad en el 2000 tras perder el apoyo de las fuerzas armadas luego de llevar al país al borde de la hiperinflación, confiscar depósitos bancarios y dolarizar la economía, pero el antecedente más reciente y parecido a la situación actual es el del militar Lucio Gutiérrez en 2005.

El aumento de los precios de las naftas más el incumplimiento del plan de gobierno que prometió para llegar a la presidencia llevaron a que el 20 de abril de 2005 Gutiérrez deje la presidencia a bordo de un helicóptero luego de semanas de protestas populares.

Anteriormente, había participado de la rebelión de indígenas y de militares de bajo rango que derrocó al presidente Jamil Mahuad. Fue arrestado y tras 120 días se le otorgó la amnistía. 

En las elecciones del 2002 se presentó como candidato presidencial y ganó en la segunda vuelta apoyado por la izquierda representada por Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático. Al cabo de unos pocos meses de gobierno, se declaró el “mejor amigo de Estados Unidos” e impuso un programa neoliberal dictado por el FMI y limpió de “izquierdistas” su gabinete.

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