¿Cómo continúa la insurrección en Ecuador?

A pesar del toque de queda decretado por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y la militarización del casco histórico de Quito, cientos de miles de manifestantes -donde estuvieron presentes también sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales-  acudieron este miércoles a la capital del país para exigir la eliminación del las medidas de ajuste pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la renuncia del primer mandatario.

Desde el gobierno aseguran que no van a dar «un paso atrás» y piden abrir el diálogo con los manifestantes. Sin embargo, en la noche de este miércoles la Policía Nacional atacó con gases lacrimógenos a campamentos levantados para acoger integrantes del movimiento indígena en la Universidad Católica de Quito, la Universidad Salesiana y la Casa de la Cultura afectando a mujeres, niños y ancianos.

“Pido disculpas, no volverá a pasar”, declaró la ministra de Gobierno, María Paula Romo al respecto. Sin embargo, según informó la Conaie a través de un comunicado, existen al menos cuatro fallecidos debido a la “represión desmedida por las políticas del Ejecutivo” en lo que va desde el inicio de la insurrección popular.

Se trata de Inocencio Tucumbi, dirigente de la Conaie de Cotopaxi, José Rodrigo Chaluisa, Raúl Chilpe, quien murió al ser atropellado cuando participaba en un cierre de carreteras en la provincia andina de Azuay y Marco Oto, el joven que cayó de un puente en el centro de Quito en circunstancias en que la policía reprimía a los manifestantes.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, informó que, desde el 3 de octubre, han sido detenidas 864 personas, la mayoría de las cuales ha sufrido abusos de la fuerza pública. En tanto que la Coordinadora Ecuatoriana de Contrainformación habla de siete muertes, incluyendo un bebé recién nacido, más de 100 heridos graves, y 83 desaparecidos, de los cuales 47 serían menores de edad.

Asimismo, se denuncia que fueron intervenidos nueve medios de comunicación, 26 políticos fueron arrestados así como 14 ciudadanos venezolanos, sin motivo alguno. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por el “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Ecuador”.

En la plaza de la Casa de la Cultura, escenario de la represión en la noche del miércoles, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, mostró a ocho policías retenidos por el movimiento indígena y en un discurso se dirigió a éstos invitándolos a que se unan al pueblo y que “no cumplan esas órdenes de ese seños traidor» (en referencia a Lenín Moreno).

En ese sentido, la Conaie emitió un comunicado el sábado pasado donde declaró el estado de excepción en los territorios indígenas “ante la brutalidad de las fuerzas militares” y advirtió que aplicará la justicia indígena a militares y policías que ingresen a sus tierras.

El Consejo de Gobierno de la Confederación indígena explicó que tomó esta decisión «ante la insistencia del Gobierno Nacional de avanzar» sobre sus territorios «con la explotación de minería, petróleo y bienes de la naturaleza, destruyendo entornos de vida y respaldando con fuerzas militares la presencia de las empresas».

Desde el gobierno aseguraron que ya entablaron los primeros diálogos con los pueblos indígenas, algo que fue desmentido en pocas horas por la misma Conaie. Al mismo tiempo, Moreno culpó al ex presidente Rafael Correa y al jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, de ejecutar un plan para “desestabilizar la democracia”.

Maduro respondió señalando que su par ecuatoriano está fuera de la realidad y que debe “echar para atrás ese paquete económico». Asimismo culpó al FMI de querer “imponer en América Latina su modelo excluyente, oligárquico que beneficia al capital y deja de lado a los pueblos”. «Por eso el pueblo de Ecuador está en las calles”, concluyó.