Educación y Ciencia

25 octubre, 2019

Los Centros de Primera Infancia, el ajuste sobre la falta de vacantes

En el marco del crítico escenario que vive la educación en la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste sobre el nivel inicial resulta particularmente preocupante. Miles de niños y niñas terminan asistiendo a instituciones que no dependen del Ministerio de Educación por falta de respuesta estatal para garantizar un derecho consagrado en la Constitución.

Alicia García Tuñón*

@AliGarciaTunon

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En los spots de campaña, Horacio Rodríguez Larreta sostiene que “El futuro es hoy” y dice que habrá robótica y programación desde el nivel inicial. Porque se viene ”una gran transformación educativa para que todos los chicos de la ciudad, gracias a la escuela pública, gratuita y de calidad  tengan las mismas oportunidades”.

Hace promesas de campaña como si el PRO no hubiera gobernado la ciudad desde el 2007 y los porteños, los docentes y las familias no lo supiéramos (y sufrieramos). 

Las escuelas no tienen internet o se tienen que “colgar” de escuelas vecinas. Los directivos deben hacer las tareas administrativas desde sus casas, fuera de horario o con computadoras obsoletas. Eliminaron el programa Conectar Igualdad en las escuelas de nivel medio y lo reemplazaron por carros de informática en las aulas. Las netbooks ya no pertenecen a los estudiantes.

Las famosas nuevas escuelas se inundan cada vez que llueve como la de Artes “Rogelio Yrurtia”, la primaria 11 de Lugano o la Banderita en la Villa de Retiro.

Escuelas entregadas a comienzos de año en las que se caen los techos, se producen incendios por desperfectos en el cableado eléctrico o al apoyarse los estudiantes, se caen las rejas del gimnasio en el 3º piso, como en la Media “Padre Mugica”, también de Retiro.

Esto sin contar con el vallado que pusieron los jueces de Comodoro Py  para estacionar sus autos y que impide que los niños y niñas puedan llegar en transporte escolar y deban caminar dos cuadras bajo la lluvia o con calor  hasta el jardín de Retiro o que las ambulancias tengan ingresar por la vereda.

Pero mucho más grave es la falta de vacantes en la ciudad.

Hace poco terminó la inscripción online y se exhibirán en estos días las nóminas de alumnos ingresantes a las escuelas de la ciudad. Nuevamente veremos a miles de familias excluidas y desesperadas por no poder pagar la cuota en la privada. 

En 2018, 22 mil chicos y chicas quedaron sin vacante. Y sin dudas, el nivel más golpeado es el inicial –de 45 días a 5 años de edad–, que en 2019 tuvo 14.209 niñas y niños, en lista de espera.

La falta acuciante de vacantes en el nivel inicial que garantice la escolarización desde los 45 días, tal y como establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocasionó una explosión de la demanda no contenida por el sistema formal hacia los Centros de Atención de Primera Infancia (CPI).

Estos son espacios creados para niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat financia la mejora de la infraestructura y el equipamiento del espacio físico y provee alimentos.

Este hecho constituye el ejemplo más fehaciente de vulneración del derecho social a la educación por parte del gobierno porteño, al mismo tiempo que consolida trayectorias educativas segmentadas y marcadas por la exclusión y la desigualdad. 

En los CPI la gestión de los procesos de enseñanza no siempre están a cargo de docentes de nivel inicial. A esto se agrega el desentendimiento del Ministerio de Educación porteño respecto de las prácticas que se desarrollan en su interior.

Este año, la propaganda oficial insta a las familias a inscribirse en los CPI para la sala de 4 años sin advertirle siquiera que no son escuelas sino espacios de cuidado.

Guillermo Parodi, secretario Adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció que “la ley de educación nacional estableció la obligatoriedad del nivel inicial desde los 5 años, posteriormente la ley 27.045 modificó el artículo 16 y estableció la obligatoriedad desde los 4 años. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar las vacantes para ese nivel. Sin embargo el jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta informa por medio de Twitter que la Ciudad de Buenos Aires ofrece las vacantes para sala de 4 en los CPI, que no dependen del Ministerio de Educación, sino de Desarrollo Social”. 

La realidad de los CPI también es desigual tanto para sus trabajadoras y trabajadores como para las condiciones en las que transitan los niños y niñas, en algunos casos aulas y en otros, espacios totalmente inadecuados.

Este es el tercer año consecutivo de aumentos salariales en cuotas que no superan el 30%. En 2019, fue sólo del 23%, y se terminó de cobrar en septiembre. La mayoría de las docentes son monotributistas por lo que no cuentan con las licencias y otros derechos laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras de la educación de la ciudad. 

Inés Tropea, directora del CPI “Semillitas” perteneciente a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), planteó que “si el sistema de CPI o escuelas de gestión social se aplicara sobre la base de igualdad de derechos y de acceso a la escuela pública”, se podría entender “como algo positivo el plus que aportan las organizaciones sociales trabajando con la comunidad para fortalecer a los sectores más vulnerables”. No obstante “el ahogo presupuestario a las organizaciones que deben convertirse en patronal, hace que la principal preocupación, más que el trabajo comunitario, deba ser cómo sortear ese ahogo, y cada CPI, desde los criterios que manejan sus direcciones, hace lo que puede o lo que cree con eso, descargando la mayoría de las veces, las consecuencias en los y las trabajadoras”, añadió.

También para ellos es una necesidad política y pedagógica pertenecer al Ministerio de Educación. “Entendemos que sin el traspaso de los CPI a la órbita educativa, será muy difícil revertir esta política, que se aplica sobre trabajadores y en definitiva sobre los niños en condiciones más vulnerables de la Ciudad”, planteó Inés.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat destina un 40% menos de dinero por niña/o que el Ministerio de Educación; es decir, al Estado le resultan más baratos los niños de los CPI que los que han podido ingresar a un jardín de infantes del sistema público. Es por esto que alienta la inscripción en estos Centros, desligandose de la obligación de garantizar vacantes para todos los niños y niñas en las escuelas de la ciudad.

Por esto, son muy pertinentes las preguntas que se hace Parodi desde la UTE: “¿Será esta la transformación educativa que anuncia en su campaña Horacio Rodríguez Larreta? ¿Seguir avanzando en la desescolarizacion?”.

* Referente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

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