Batalla de Ideas

8 noviembre, 2019

Parques Nacionales: naturaleza, poder y política

El 6 de noviembre se celebra el “Día de los Parques Nacionales”. Este año la celebración incluyó a las autoridades de Prefectura Naval, Gendarmería y Policía Federal a quienes el presidente de Parques Nacionales entregó sombreros de guardaparques a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Rafael Nahuel.

Florencia Trentini

@ositewok

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La conmemoración del “Día de los Parques Nacionales” se debe a que en esa fecha se recuerda que, en 1903, el perito Moreno donó al Estado Nacional tres leguas que había recibido como recompensa por sus trabajos de relevamiento, para la creación de un “parque público nacional”. 

En esta oportunidad el festejo de la fecha se realizó en Puerto Blest, dentro de jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi con la presencia de Eugenio Bréard, actual presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN) y ex CEO de Phillips Morris, el secretario de ambiente, Sergio Bergman, y autoridades de Prefectura Naval, Gendarmería y Policía Federal.

Durante el acto conmemorativo el titular de la APN entregó sombreros de guardaparques a los jefes de las tres fuerzas, desatando la indignación y el repudio de diversos sectores que acusaron a Bréard de manchar con sangre el uniforme institucional, entregándolo a los responsables de la muerte de Rafael Nahuel y de la represión al Pueblo Mapuche. 

La relación entre este Pueblo y el Parque Nacional Nahuel Huapi se corporiza actualmente en un proyecto de co-manejo, una política que se propone la administración conjunta de los territorios de las comunidades indígenas dentro de jurisdicción de dicho parque. Para esto existe una Oficina de Co-manejo en la que trabajan integrantes de pueblo mapuche junto con técnicos de la institución y un consejo intercultural de co-manejo conformado por referentes indígenas, técnicos y funcionarios del parque, incluido el intendente.   

Frente a esta situación, mediante un comunicado les trabajadores agrupados en ATE Capital sostuvieron que “este es otro gesto que refuerza el apoyo a las políticas represivas hacia el pueblo mapuche, cuya expresión de máxima barbarie se vio con el fatídico récord de ser la primera administración de parques que facilita una ejecución sumaria desde el regreso en democracia. Parques abrió la tranquera a las fuerzas de seguridad cuando denunció por usurpación a la comunidad mapuche dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi”. 

Con esta nueva acción la APN vuelve a mostrar una fuerte contradicción entre una institución continuadora de una política de colonización iniciada con la Conquista del Desierto y una que abrió espacios de diálogo y articulación con los pueblos indígenas, particularmente con el Pueblo Mapuche, mediante el co-manejo. Así, al mismo tiempo que habla de una política de conservación participativa y reconoce comunidades indígenas en su jurisdicción, denuncia por usurpación a una comunidad, habilitando el accionar violento de las fuerzas represivas del Estado. 

Una historia de violencia

En el territorio donado por el Perito Moreno se establece el “Parque Nacional del Sur” en 1922, el primero en América del Sur, que posteriormente y con una extensión mayor se convertiría en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Argentina es el tercer país de América en crear un parque nacional, después de EE.UU. y Canadá. 

Desde el comienzo, la propia idea de un parque nacional estuvo asociada a un determinado tipo de habitante. De hecho, en la carta de donación del Perito Moreno puede leerse: “Al hacer esta donación emito el deseo de que la fisonomía actual del perímetro que abarca no sea alterada y que no se hagan más obras que aquellas que faciliten comodidades para la vida del visitante culto”. 

Recién en 1934, con la sanción de la Ley Nacional N° 12.103 se crea la Dirección (posteriormente Administración) de Parques Nacionales y los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, siguiendo el modelo de áreas protegidas norteamericano. Así se establecen severas restricciones con respecto al uso de los recursos y se impone una forma de reserva sin (determinados) habitantes que lleva al violento desalojo de pobladores originarios de la zona, mientras se permite la obtención de lotes por parte de propietarios privados.     

En la Ley se establecía que “podrán declararse parques o reservas nacionales aquellas porciones del territorio de la Nación que por su extraordinaria belleza, o en razón de algún interés científico determinado, sean dignas de ser conservadas para uso y goce de la población de la República”. Asimismo, la propia Ley muestra cómo la función de protección y cuidado de la naturaleza aparece fuertemente vinculada al establecimiento de la soberanía nacional. 

Diversos investigadores han mostrado cómo los procesos de creación de los Parques Nacionales, principalmente en la zona de Patagonia, tenían como un objetivo secundario la conservación, y que ésta servía para esconder la necesidad estratégica de defender y ocupar los territorios de frontera con Chile que se encontraban en aquel momento en disputa. 

Esto permite entender por qué, a pesar del supuesto objetivo de preservar la naturaleza y el paisaje, se introducen especies exóticas como el pino y el ciervo, se explotan los territorios económicamente mediante diversas industrias y emprendimientos turísticos, y se venden o ceden lotes para el desarrollo privado o de pueblos, entre muchas otras actividades que no se corresponden con los objetivos de “conservación”.

Ezequiel Bustillo, ideólogo y primer presidente de Parques Nacionales sostenía: “El turismo como avanzada, acompañado de una racional conservación de la naturaleza y de un buen y meditado programa de colonización, por elemental que sea, he ahí el camino que la Argentina debe seguir si quiere algún día, y de una vez por todas, ser dueña de toda esta extensión geográfica, y convertirla en uno de los centros turísticos más atrayentes e importantes del mundo”. 

En su libro El despertar de Bariloche, Bustillo expresa que la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi y la construcción de un centro turístico de montaña al estilo alpino fueron parte de una estrategia de desarrollo patagónico, en donde la preservación de la naturaleza y el fomento del turismo de élite implicaban la transformación definitiva de la región. Paula y Martín Nuñez muestran cómo siguiendo esta lógica se valoriza un paisaje particular, el de los alpes suizos, visitado por las clases altas argentinas, y se introducen plantas y animales propias de esa zona sin concebirlas como “intrusos”, sino como “mejoras”, a partir de una concepción economicista de la naturaleza. 

En este paisaje los pobladores originarios desentonaban, por lo que se buscaron distintas formas de expulsión, más o menos directas. En algunos casos catalogándolos como “intrusos” y procediendo a violentos desalojos. En otros señalándolos como “pobladores precarios” con derechos de usufructo, pero sin derecho de propiedad que debían seguir rigurosas pautas, normas y reglamentaciones establecidas por la institución y debían pagar en tiempo y forma el permiso precario de ocupación y pastaje (PPOP). Para la década de 1940 muchas familias no habían podido cumplir con las normativas y los pagos, y pasaron entonces a ser intrusas y por lo tanto desalojadas. 

Además, estos permisos eran personales e intransferibles y no permitían el fraccionamiento por parte de los grupos familiares. De esta manera, cuando el titular del permiso fallecía sólo uno de sus hijos podía heredar el permiso y permanecer en el territorio, el resto debía irse. De hecho, en la Ley de creación de Parques Nacionales se establece como atribución de la institución “proceder al desalojo de los intrusos en tierras de dominio público que a su juicio no convengan a los intereses de parques y reservas”. 

Una gran y estricta cantidad de normas permitían (o no) seguir habitando dentro de jurisdicción de los parques, las complejidades que implicaban la continuidad y sucesión de los permisos eran formas más sutiles de vaciar los territorios que los desalojos directos. Todo esto muestra cómo la idea de naturaleza virgen e inhabitada escondió los objetivos y los esfuerzos políticos y económicos de creación de parques nacionales, que son claramente producto de la intervención del hombre sobre la naturaleza. 

Como muestran numerosas investigaciones de diversas disciplinas, los parques nacionales son expresiones de poder político, son una construcción social de lo natural que se sostiene sobre la división naturaleza/cultura, y que implica una forma particular de control y dominación sobre un territorio determinado.  

Naturaleza y poder

Lo “natural” suele ser difícil de pensar como una construcción social, así el poder y lo político vinculado a los parques nacionales suelen quedar ocultos detrás de una práctica que es buena para todes: la conservación. “Naturalmente” se conserva, “naturalmente” se está protegiendo la naturaleza para las futuras generaciones. 

Sin embargo, la APN estuvo históricamente vinculada a los poderes y gobiernos de cada momento. Si bien hay un plan de manejo que perdura más allá de cada gestión, su dirección está vinculada directamente con el Poder Ejecutivo Nacional. 

El desafío, entonces, es poder pensar la conservación como relaciones de poder, y por lo tanto, los espacios donde ésta se plantea como un objetivo, como espacios de disputa, como espacios sumamente políticos, lugares donde se pelean derechos sobre territorios y recursos. 

Desde esta visión es posible entender cómo la misma institución que promueve e intenta llevar adelante un co-manejo con el Pueblo Mapuche es la que permite la represión a una comunidad y regala el uniforme institucional a los responsables de la muerte de Rafael Nahuel. Por eso son también sus propios laburantes agremiados en ATE quienes denuncian y repudian estas acciones. 

Hoy, en las jurisdicciones de parques nacionales se encuentran -más allá de todas sus dificultades- posibilidades para disputar derechos y territorios, lo han demostrado quienes dentro de esa estructura conservadora y hegemónica han peleado por implementar un co-manejo, por sostenerlo a pesar de sus obstáculos, por defenderlo a pesar de sus muchas falencias. 

De esa disputa dependerá también que deje de celebrarse el día en que el Perito Moreno donó hectáreas que recibió en tanto cómplice de un proceso genocida sobre el que se fundó nuestro Estado. Una política de co-manejo integral, a la larga, implicará revisar y reparar una historia de invisibilización, violencia y expulsión en la que aquel 6 de noviembre de 1903 fue uno de sus muchos capítulos. 

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