Mundo Gremial

15 noviembre, 2019

Córdoba: imputan a dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza

Es en el marco de una causa iniciada en medio de un conflicto entre el gremio y el gobierno de Juan Schiaretti

Varios dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba fueron imputados por la Fiscalía Federal N° 2 en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que se inició en septiembre, días después de que el gobierno de Juan Schiaretti desatara una represión contra trabajadores del gremio que reclamaban contra la posible privatización de la empresa eléctrica provincial.

La causa se inició a raíz de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y apunta a miembros de la comisión directiva, entre ellos, Gabriel Suárez (secretario general), Jorge Molina Herrera (secretario adjunto), Fernando Navarro (secretario de finanzas), y Rodolfo Bonetto (secretario gremial).

A mediados de septiembre, la Justicia Federal allanó la sede del sindicato y 15 domicilios particulares en la ciudad de Córdoba, aunque no imputó a ninguno de los miembros del gremio. 

“Qué casualidad que el allanamiento se produzca en un sindicato opositor a las políticas de Schiaretti de cambio de convenio, que pelea contra el avance en la privatización. Atacan a un gremio opositor a estas políticas mientras los empresarios hacen fraudes permanentes al fisco fugándose miles de millones de pesos”, había expresado en aquel entonces Javier Musso, integrante del Frente de Izquierda y candidato a diputado.

Pocos días antes de los allanamientos, les trabajadores de Luz y Fuerza se manifestaron frente a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), para reclamar contra la modificación del marco regulatorio eléctrico provincial que, según sostienen desde el sindicato, busca privatizar la compañía. La respuesta del gobierno fue enviar a la Policía a reprimir, lo que culminó con un saldo de 12 personas detenidas.

Por otra parte, Gabriel Suárez también participa de otra causa que investiga fraude en perjuicio de la administración pública, pero esta vez como querellante. Se trata de una denuncia presentada por el gremio contra el gerente de Tecnología de la Información de la EPEC, Luis María Balbuena y el resto del Directorio, para determinar si hubieron delitos en la contratación directa de la empresa EMZT S.R.L (que ofrece servicios de informática) por parte de EPEC.

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