Derechos Humanos

15 noviembre, 2019

Se cumple un año de la masacre de Esteban Echeverría

El 15 de noviembre de 2018 diez jóvenes murieron a raíz de un incendio en la Comisaría N° 3 de Esteban Echeverría. Estaban hacinados, detenidos de manera ilegal y fueron entregados a las llamas por parte de los policías de turno. Fue la mayor tragedia ocurrida en una comisaría argentina.

Esa noche había 26 detenidos: doce en el calabozo donde arrasó el fuego, nueve en el calabozo N°2 y 5 en el “buzón”, la celda de aislamiento donde se “castiga” a los presos por días sin salida al exterior. Un entredicho entre uno de los internos y los oficiales terminó con la quema de colchones a modo de protesta. El resto es historia.

Las llamas comenzaron a expandirse y con ellas el humo negro y denso que terminó con la vida de Eduardo Rogelio Ocampo (60) y de Jorge Luis Ramírez (30). Más tarde esa noche morirían Jeremías Rodríguez (19) y Juan Bautista Lavarda (59). En las siguientes 48 horas murieron Elías Soto (20), Miguel Ángel Sánchez (31) y Juan Carlos Fernández (31).

Ese lunes falleció Walter Barrios (21) y ocho días después Carlos Ariel Corvera (25). El décimo se fue casi un mes después de pelear por su vida. El 11 de diciembre Martín Argüello muere a los 33 años.

Con el correr de los días salieron a la luz los relatos de esa noche. Los bomberos contaron que cuando llegaron del destacamento lindero a la comisaría, se encontraron con las celdas cerradas y la negativa del personal policial a abrirlas para que los jóvenes puedan salvar su vida.

En tanto, la comisaría Tercera tenía seis órdenes judiciales de clausura y capacidad para albergar a 10 detenidos. La sobrepoblación y la ilegalidad del funcionamiento del destacamento fueron también las causantes de la decena de muertos. Sin embargo, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y su equipo insistieron en que se trató de un motín.

Para buscar justicia quedaron dos sobrevivientes que fueron amparados por la Comisión Provincial por la Memoria, quienes negaron cualquier intento de fuga. Uno de ambos jóvenes contó que esa noche les habían cortado la electricidad y el agua.

“Les pedimos que abran la llave que prende la bomba porque no había agua, teníamos un bidón nomás que nos había traído la visita, y tiramos el bidón de agua pero no llegó a apagar, y cuando llegó a la mitad el colchón se cayó y ahí empezó a agarrar las sábanas, las cosas que teníamos colgadas, todos los bolsos colgados en la pared porque no había lugar.”, narró.

La causa

Los cinco policías que estaban a cargo esa noche fueron desafectados, no por las muertes, sino por “realizar mal las requisas”. Se trata del subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco.

La causa, caratulada actualmente como “incendio, explosión o inundación seguida de muerte”, está paralizada. Desde la CPM acusan al fiscal  por “falta de imparcialidad, objetividad y equilibrio en la investigación”. “No aplicó ninguno de los protocolos ni reglas internacionales que deben atenderse en este tipo de casos”, indicaron sobre la fiscalía que se especializa en violencia institucional.

“Desde un comienzo la acción de la fiscalía se direccionó a poner a las propias víctimas como responsables de la masacre. Seis meses después, poco avanzó en las responsabilidades funcionales y políticas que ocasionaron la peor masacre en comisarías de la provincia de Buenos Aires”, agregaron.

“Antes de la clausura el cupo fijado por la propia institución policial era de 10 personas. No obstante esto, el día del incendio había 26 detenidos. Todos los funcionarios estaban al tanto de esta situación, sin embargo las clausuras fueron todas desobedecidas”, concluyeron.

En ese marco, este viernes se realizará una marcha a la comisaría para exigir justicia por los diez muertos en manos del Estado.

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